Cada 11 de septiembre la Diada Catalana viene a recordarnos el carácter virulento del separatismo catalán, que venimos sufriendo desde hace tiempo. La ocasión ha sido aprovechada por el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Joan Josep Omella, para dejarse oír a través en una carta dominical en la que se nos dice que debemos escucharnos los unos a los otros, para de esta manera poder abrir cauces de solución al conflicto catalán. Apela al dialogo respetuoso con la diversidad, imagino, aunque no se dice, que también habría que ser respetuoso con respecto a la legalidad vigente en una nación llamada España de la que Cataluña forma parte.
La alocución que lanza el prelado catalán yo la veo más retórica que otra cosa; evita toda alusión directa a puntos espinosos y trata de no meterse en berenjenal alguno; pide, eso sí, que se sienten a dialogar las dos partes y que se escuchen, no solamente que se oigan. Hay que saber escuchar nos dice, como paso previo para luego intervenir, proponer, decidir y actuar. Anima, siguiendo las orientaciones del papa, a cooperar para que la cultura del encuentro sea una realidad y comencemos a construir puentes entre todos y no muros. Todo esto está muy bien y en esas estamos Monseñor, pues si en algo se ha distinguido el sufrido pueblo español de los últimos años ha sido precisamente en su capacidad de escucha, mostrando una disposición inquebrantable para el dialogo y una casi infinita paciencia para soportarlo casi todo.
No se preocupe, Monseñor, esté Vd. tranquilo que el pueblo español no tiene ningún inconveniente en dialogar todas las veces que haga falta, antes de que se produzca un fatal desenlace que Dios quiera no llegue nunca. Lo que sí parece seguro es que ha llegado el momento de poner fin a una situación anómala, como la vivida en la España desde la transición, en la que muchos de sus gobiernos han estado apuntalados por los partidos independentistas y Dios no lo quiera que en un futuro próximo tengamos que ver como Vicepresidente del Gobierno o como Ministro a algún separatista que siente aversión por España, lo cual ya sería el colmo, aunque vaya Vd. a saber después de lo ya visto.
Si hay que dialogar dialoguemos. Ahora bien, hagámoslo con sentido de la responsabilidad, en el marco y el contexto que corresponde, porque si no es así va a ser una pérdida de tiempo y de energías, que al final va a contribuir a que las cosas se pongan peor de lo que actualmente están, lo cual ya es mucho decir. Dadas las actuales circunstancias en la que nos encontramos, antes de comenzar a dialogar hemos de saber cómo tenemos que hacerlo y por elementales exigencias del sentido común, hay que quedar bien delimitado el marco en que este diálogo va a producirse. Para empezar tiene que quedar clara y bien definida la identidad de los interlocutores. Segundo: hay que fijar ya de antemano de qué se va a hablar y tercero debe existir voluntad de llegar a algún resultado práctico, que permita albergar un resquicio siquiera de esperanza de que estos encuentros van a servir, cuando menos, para disminuir el voltaje de tensión en la que vive sumida la sociedad española y muy especialmente la catalana.
Debemos partir del hecho indiscutible de que no son dos estados con autonomía propia quienes se reúnen para tratar de tú a tú cuestiones que a ambos competen, ni siquiera se trata de un encuentro de la oposición con el gobierno. Para dejar bien identificados a los interlocutores habremos de decir que, de una parte están quienes en su día fueron declarados delincuentes, condenados en firme y que se siguen jactando de volver a las andadas y de otra parte, la Institución Judicial del Estado, a quien corresponde escuchar los alegatos presentados por sus interlocutores, decidir si deben ser atendidas sus quejas, sus demandas y enjuiciar sus aspiraciones y propósitos. Cosa que ya se ha producido. Una vez judicionalizada la causa separatista, lo que procede es reconocer la gravedad del delito cometido y después de haber dada muestras sinceras de arrepentimiento y no antes, se podrá iniciar el proceso de regularización y de reconciliación, que permita la integración en el proyecto común para comenzar a caminar juntos en una misma dirección, tal cual es el deseo del presidente de la Comisión Episcopal Española. Exactamente lo mismo que hace la Iglesia y que él conoce mejor que nadie. Los requisitos exigidos al penitente que aspira a reconciliarse con la Sagrada Comunión de Fraternidad en Cristo, están expuestos claramente en el catecismo: Reconocimiento de la gravedad de la culpa, arrepentimiento, propósito de enmienda y el cumplimiento íntegro de la penitencia impuesta. No puede estar más claro.
Solo cuando se haya producido la reconciliación de las partes, es el momento de proseguir con el dialogo a otras niveles, no sin antes haber delimitado los espacios blindados, protegidos, que caen fuera de toda discusión y que no son negociables, a menos que se produzca una traición a la Constitución y a España. Es decir lo que es normal en las constituciones europeas.
Se da por supuesto que la cuestión a negociar y que está sobre la mesa esperando la luz verde, es el "Referendum Catalán", para iniciar el primer paso en orden a consumar la independencia de Cataluña del resto del Estado Español y este es un error de origen, que deja viciado de antemano todo posible diálogo entre las dos partes. Esto es así, primero porque nuestra Constitución, que es la de todos, incluidos los catalanes, no permite negociar sobre la integridad de la nación y en segundo lugar porque los intereses del conjunto de la Nación están por encima de los que puedan tener una facción de los mismos. Tan obvio resulta esta aclaración que nos dispensa de todo comentario y así debiera ser entendido, incluso por quienes intentan destruir a una nación de tanta solera como es España.
Solo haría falta una pequeña dosis de sentido común para comprender que en tiempos como los que vivimos, lo que corresponde hacer es sumar y no restar, unir y no separar. Los temas sobre los que convendría hablar largo y tendido son otros. De lo que se trata es de buscar puntos de encuentro que nos ayuden a caminar juntos en prosperidad y en armonía, trabajar para alcanzar alguna forma de entendimiento y cooperación dentro del marco legislativo vigente, que permita que todos salgamos ganando. Es un deber de todos los profesionales de la política esforzarse para que los lazos de unión sean cada vez más fuertes, aunque suene a utopía. A los servidores públicos hay que pedirles que hagan lo que esté en sus manos para crear un clima en el que el amor y la confianza sean más fuertes que el odio y el rencor. Pero si a pesar de todo hay políticos que no acaban de comprender esto y llega el momento en que se dan por agotadas todas las vías de dialogo, no queda otro remedio que actuar y comenzar a poner en práctica esas medidas, previstas por la ley que permitan poner fin a una situación que cada vez se hace más insostenible y comienza a ser enormemente peligrosa.

Cuando ya no quede otro remedio para defender la integridad nacional y antes de que sea demasiado tarde, lo que procede es hacer uso de medidas excepcionales previstas por la ley, alguna de las cuales ya se han aplicado con resultados altamente satisfactorios. Me estoy refiriendo a la suspensión del estado de autonomía de la Comunidad Catalana, reducir sus márgenes de competencia, ejercer sobre ella una vigilancia que garantice el cumplimiento de la ley en todos los órdenes e impedir que se cometan excesos, desmanes y actos de rebeldía. Cuando las palabras se han convertido en un diálogo para sordos, hay que recurrir a medidas eficaces para acabar con una situación anómala que está durando demasiado.
Otro de los temas que están pidiendo una solución urgente es el relativo a los partidos independentistas. Para no perdernos en un confusionismo demagógico, comencemos distinguiendo entre pluralismo político, regionalismo y separatismo. Los dos primeros pueden ser asumibles, el tercero en cambio resulta muy difícil de digerir, sobre todo cuando tiene connotaciones hispanófobas, que le convierte en un partido contrario a los intereses de la Nación. ¿Cómo se puede entender que un partido con estas características forme parte del arco parlamentario encargado de regir el destino de España? ¿Acaso no significa tener al enemigo dentro de casa?
La ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002 concede al poder judicial la potestad de disolver partidos independentistas en determinadas circunstancias. Produce cuando menos extrañeza que, dada la situación extrema por la que atraviesa España, no se haya planteado la conveniencia e incluso necesidad de estudiar el tema y ver si estas circunstancias se dan en el momento presente y obrar en consecuencia. ¿Es que acaso países de nuestro entorno, que no viven ni de lejos el drama de España, hubieran sido tan remisos a la hora de ilegalizar los partidos independentistas? Aquí vivimos bajo el síndrome de una falsa reconciliación y un garantismo idílico. Nos hicieron creer que el régimen del 1978 fue producto de un pacto fraterno entre españoles, que por amor a la patria, todos se sacrificaron y se reconciliaron entre sí, para hacer de España una nación grande y próspera, y hasta es posible que haya no pocos que todavía se lo sigan creyendo, pero no fue así, sino que cada cual fue a sacar lo que pudo, según las circunstancias lo permitían y así seguimos, tal y como tristemente se pone bien de manifiesto cada día. Por todo ello habremos de estar vigilantes porque es mucho lo que está en juego. No nos engañemos, entre españoles no habrá confraternización real mientras haya quienes se resistan a pedir perdón y a perdonar