Cuando en Europa se instala la socialdemocracia, se cree que al fin se ha descubierto la cuadratura del círculo. Ya no habrá más oposición entre socialismo y liberalismo, sino que se va a compatibilizar la empresa privada con la empresa pública, se van a armonizar la planificación central y el principio de la libre competencia y todo ello conducirá a un paraíso de desarrollo y bienestar social.

No obstante y con el tiempo, los socialistas, tras haber comprobado que allí donde la planificación central comunista había dado lugar a una ruina económica y a una productividad muy inferior, la democracia había llevado al desarrollo y al bienestar social, pensaron que la solución para ellos no tenía más remedio que conducir a, por un lado, mantener la riqueza, la prosperidad y un alto nivel de vida, pero al tiempo, para defender la causa del socialismo, había que lograr ocupar el poder para así limitar el número de personas que disfrutaban de esa “nueva normalidad”. Porque también entonces se buscaba una nueva normalidad que solamente se ha declarado de modo manifiesto con la pandemia del SARS-COV.

Y esa nueva normalidad ha consistido en que se ha aumentado la proporción de personas que trabajan mucho y ganan poco dinero, en beneficio de aquellos que monopolizan el comercio, la industria y la administración pública. Así es como se llega a que los sindicatos –ya inútiles- dejen de ser una fuerza política y que una vez logrado el acuerdo con las grandes empresas capitalistas, el socialismo logre desde el poder una falsa paz social.

Para lograr estas metas los socialistas ocupan la administración y se ponen de acuerdo con aquellos que rigen los monopolios del ámbito privado. Con ello se llega a un monopolio público-privado que procura mantener a la gran masa de la población trabajando en condiciones de prosperidad disminuida que bordea la miseria. Ellos por su parte, al haber conquistado el poder, utilizan el Estado de Derecho y la legalidad para mantenerse en él.

Lo nuevo es pues que el Estado de Derecho ya no implica una legislación que garantice la igualdad entre los ciudadanos, sino que a través de un “uso alternativo del Derecho”, algo que popularizó entre otros Peces Barba, el Derecho es lanzado por los socialistas como arma arrojadiza sobre todos aquellos que se oponen a sus pretensiones. Así han conquistado la legalidad, se han atribuido la legitimidad quitándosela a la constitucionalidad democrática y ahora utilizan esas mismas armas pretendidamente jurídicas -porque publicadas en el BOE- contra los que se creen que siguen existiendo la libertad y la democracia.

La indefensión es tal que son ahora los propios socialistas los que se quejan de que son los constitucionalistas los que han “judicializado la política”, cuando lo que ha ocurrido es justo lo contrario ya que desde que el social-capitalismo se ha encaramado al poder, los debates en las Cortes no son sino una retahíla de acusaciones de prevaricación. Eso sí que es judicializar la política, algo que el social-capitalismo precisamente busca, para inmediatamente proceder a politizar la justicia, como efectivamente ya lo han hecho. De continuar esta deriva pronto llegaremos a un Congreso de  los “imputados”.

El que preside el destartalado Gobierno actual ya ha confesado paladinamente esta vergüenza: el Fiscal general está a las órdenes del Gobierno. Como en las mejores dictaduras del proletariado. Democracia y libertad son pues nociones subordinadas a sus intereses.

Todo esto es lo que podemos llamar la nueva normalidad, que no es otra cosa que el abuso del Estado de Derecho para proteger sus propios intereses. Para tener una idea dinámica y gráfica de lo que ha ocurrido, lo podemos comparar con una batalla en la que los atacantes invaden el territorio, se apoderan de las armas del enemigo, les dan la vuelta y las utilizan para aniquilarles en su retirada.

El social capitalismo ha llegado incluso a colonizar también a la propia Iglesia jerárquica aprovechando la debilidad de su influencia en las costumbres de la sociedad civil. Con ello logra disminuir la resistencia de los ciudadanos a las políticas antirreligiosas y sectarias que propugna. Buena muestra de la irreligiosidad dominante y de la paganización de la sociedad es que hay personas que, manifestando claramente que no tienen fe, protestan ante la negativa de los sacerdotes a administrarles los sacramentos. Arguyen que la Iglesia también debe de estar al servicio de la misma nueva normalidad y de la revolución cultural que implanta el social capitalismo.

Entre los periodistas es un lugar común la denuncia de que los socialistas se arrogan una superioridad moral que no les corresponde. Pero esto es buena muestra de que no se han enterado de lo que es el social-capitalismo. Los socialistas, señores, pactando con los que monopolizan el poder económico y empresarial, se han apoderado de la moralidad igual que se han apoderado del derecho, de la legalidad, de la justicia, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de todas las instituciones que ahora son utilizadas precisamente contra aquellos que habían creído que llegando el socialismo aún serían posibles la libertad y la democracia.

El social capitalismo no tiene otra lógica que la de utilizar el poder para sus propios intereses utilizando contra los que aún creen en la libertad política, las propias nociones fundantes del Estado de Derecho que ellos utilizan ahora para perpetuarse en el poder. Y no han ocultado en absoluto sus intenciones llegando hasta las más inimaginables aberraciones jurídicas como negar la igualdad ante la ley, la existencia de la patria potestad o la misma noción de persona. En resumen, no ha habido noción alguna de derecho civil o político que no hayan desnaturalizado para corromper las bases mismas de un orden social justo.