El pensamiento político liberal se basa en la defensa de las libertades individuales frente a los posibles abusos de poder del Estado en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, para el liberalismo la protección del individuo pasa indefectiblemente por una limitación del poder del Estado. Desde esta perspectiva, el liberalismo se asienta en dos pilares fundamentales: la separación de poderes y el imperio de la ley.

Ya en 1689 John Locke en su “Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil”, consciente de que el poder absoluto en ningún caso purifica la naturaleza humana, estableció la necesidad de establecer a nivel estatal una división de poderes (legislativo, ejecutivo y federativo), para así evitar la concentración de poder y la tiranía que de ello inevitablemente se deriva, como la historia demuestra. Asimismo, entiende Locke que de los tres poderes del Estado, todos ellos legitimados en virtud de un pacto social establecido por el conjunto de la ciudadanía, es el Poder Legislativo el más importante, ya que su tarea es la de establecer el marco jurídico que haga factible el imperio de la ley tanto para gobernantes como para gobernados.

Si bien la aportación de Locke a la ciencia política es de suma transcendencia, corresponde a Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu el mérito de haber establecido el principio político de la separación de poderes como base de las democracias liberales. Así, en su obra “Del Espíritu de las Leyes”, publicada en 1748, Montesquieu afirmaba que dado que todo hombre con poder tiende a abusar del mismo, se hace necesaria la existencia de una separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), de tal forma que “el poder detenga al poder” mediante un sistema de contrapesos. La separación de poderes como base de la democracia descansa en la idea de que no hay suficientes garantías para la libertad individual si uno de los poderes acumula todo el poder. Por ello, Montesquieu plantea que cada uno de los poderes debe ejercer las funciones que le son propias siempre desde la independencia, para lo cual resulta necesario que cada uno de dichos poderes cuente con su propia fuente de legitimidad. Igualmente, Montesquieu entiende que es fundamental la existencia de una estructura legal que establezca el marco de actuación al que deben atenerse tanto el Estado, como la sociedad civil, ya que, según sus propias palabras, “La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten”.

Poco tiempo después, con objeto de defender la ratificación de la Constitución Federal de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay publicaron en los periódicos de la época un total de 85 artículos –todos ellos bajo el pseudónimo de Publius- recopilados en 1788 en una obra de dos volúmenes conocida como “El Federalista”. En este conjunto de ensayos, entre otras cuestiones, se abordaba la separación de poderes como uno de los pilares básicos de la Constitución norteamericana, entendiendo tal principio político como la mejor respuesta para la defensa de la libertad individual frente a las tendencias despóticas de los gobiernos. Para legitimar esta división del poder sin merma de la soberanía popular de la cual emanan todos ellos, Madison señala que en toda sociedad existen diferentes voluntades populares en función del eje del conflicto político que se trate. De esta suerte, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en tanto poderes que emanan de la decisión mayoritaria del pueblo soberano, responden en su origen a fuentes de autoridad diferentes, legitimadas todas ellas por la sensibilidad específica que la ciudadanía puede mostrar en relación a las distintas funciones que dichos poderes tienen encomendadas. En cualquier caso, y más allá de disquisiciones que sobrepasan el ámbito de este artículo, Madison, siguiendo la senda de Locke Y Montesquieu, no duda en afirmar en El Federalista nº 47 que “La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía”.

Este breve repaso histórico-político tiene su justificación en el ataque a la separación de poderes y, en consecuencia, al Estado de Derecho, que venimos sufriendo en España por parte del gobierno socialcomunista, prácticamente desde el mismo momento de su llegada al poder.

Ciertamente en España no rige la separación de poderes en sentido estricto, ya que los poderes ejecutivo y judicial no están separados en origen por elecciones independientes. Así, según dispone la Constitución Española tan solo el Poder Legislativo, representado en las Cortes Generales, es elegido directamente por sufragio universal, mientras que el Poder Ejecutivo, encarnado en la figura del Presidente del Gobierno, es propuesto por el Rey, tras consultar con los representantes de los grupos políticos con representación en el Parlamento, debiéndose posteriormente aprobar dicha propuesta por una mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, siendo, por tanto, una elección subordinada, que no emana directamente de la voluntad popular. Podría parecer, por tanto, que el ejecutivo está sometido, de alguna manera, al legislativo, pero en la práctica, debido a la “partitocracia” imperante en nuestro sistema político, la realidad es la contraria. Así, los diputados y senadores no representan a los electores que les han votado – algo impensable en Inglaterra o Estados Unidos- sino que, en un claro ejercicio de sumisión interesada a la disciplina de partido, son tan solo elementos de transmisión de los postulados de la formación política a la que pertenecen. Hasta tal punto es lacerante la situación que, para evitar que los parlamentarios pudieran ejercer con libertad su derecho al voto, el Gobierno socialista del infausto ZP sacó adelante una ley “antitransfuguismo”, finalmente derogada en lo sustancial por el Tribunal Constitucional, al considerar que vulneraba el derecho a la participación política. En cualquier caso, resulta penoso asistir en cada votación parlamentaria al lamentable espectáculo que supone el absoluto e indisimulado sometimiento del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

Quedaba tan solo, por tanto, el Poder Judicial con un cierto grado de independencia, ya que, si bien el Fiscal General del Estado (FGE) era nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eran elegidos en su mayoría por los propios miembros de la Judicatura. Sin embargo esta situación de relativa independencia duró hasta el año 1985, cuando el Gobierno de Felipe González estableció que los 20 miembros del CGPJ fueran elegidos paritariamente por las 3/5 partes del Congreso y del Senado. En consecuencia, como acertadamente dijo Alfonso Guerra, tal decisión supuso “la muerte de Montesquieu”.

Aunque en vista de lo expuesto pueda parecer difícil, desde la llegada al poder del gobierno socialcomunista presidido por P. Sánchez la situación no ha hecho otra cosa que empeorar. Así, los ataques a la Corona y al Poder Judicial han sido una constante por parte de este gobierno de tintes bolcheviques. Con ello, es obvio que no se pretende otra cosa que socavar las instituciones del Estado que todavía muestran un cierto grado de independencia, para así lograr destruir el régimen liberal, democrático y social derivado de la Transición del 78, para sustituirlo por un régimen totalitario que, bajo la falsa excusa de un igualitarismo axiológicamente inaceptable, no conduce a otra cosa que a la opresión y la miseria social.

El socavamiento socialcomunista de la independencia del Poder Judicial se inició con la designación como FGE de Dolores Delgado, persona que, como demuestra su trayectoria, carece de la suficiente credibilidad y el necesario prestigio para dirigir el Ministerio Fiscal. Así, su falta de credibilidad resulta evidente dados sus vínculos políticos, ya que antes de su elección como FGE fue ministra de Justicia del gobierno de P. Sánchez. A su vez, su desprestigio es un hecho contrastado, ya que es la única ministra que ha sido reprobada hasta tres veces tanto por el Congreso como por el Senado. Además de este insólito hecho, resultan más que reprobables sus amistades peligrosas, como su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, y el excomisario de policía José Manuel Villarejo, actualmente en prisión por pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. En este sentido, queda para los anales del disparate la conversación mantenida entre los tres personajes, en la cual la entonces ministra venía a decir que la utilización de prostitutas para obtener información de altos cargos era un negocio de éxito asegurado. El inefable P. Iglesias dejó patente su cinismo cuando, después de tildar a Dolores Delgado como un personaje vinculado a las cloacas del Estado, una vez instalado en el gobierno no tuvo reparo alguno en aceptar su designación como FGE.

A su vez,  destacados dirigentes de Podemos –espoleados por el horizonte penal que amenaza tanto al partido, como a su líder-  no han cesado de hostigar a la judicatura, hasta el punto de que el CGPJ no ha tenido más remedio que expresar su profundo rechazo a las declaraciones de P. Iglesias cargando contra los jueces. Asimismo el CGPJ ha recriminado las continuas injerencias del gobierno en la labor de los tribunales, así como las amenazas y coacciones recibidas por los jueces de forma sistemática por parte de relevantes cargos ministeriales. A la vista de los comunicados del CGPJ, solo cabe concluir que estamos ante una operación de acoso y derribo del Poder Judicial por parte del gobierno socialcomunista, con la única finalidad de acabar con su independencia y eliminar de una vez por todas el más mínimo rastro de separación de poderes en el entramado institucional español.

En este sentido apunta el registro por parte de la coalición socialcomunista de una proposición de ley dirigida a reformar el sistema de renovación del CGPJ. Así, la reforma puesta en marcha plantea que para la elección de los miembros del CGPJ baste con la obtención de una mayoría simple en el Congreso de los Diputados, en lugar de la mayoría cualificada de 3/5 vigente en el momento actual. Con ello no se consigue otra cosa que profundizar en la politización de la justicia, al quedar el CGPJ sometido a la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno de turno, ya que desaparece para su conformación la necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición.

Decía Montesquieu que “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley por ser justa” y en este sentido ha debido entender esta proposición de ley la Comisión Europea, ya que ha remitido una advertencia al gobierno español en la que se le comunica que la reforma planteada menoscaba la independencia del Poder Judicial, violando con ello los “estándares anticorrupción” exigidos por la Unión Europea.

En conclusión, estamos asistiendo en el momento actual a un claro intento de “golpe institucional” por parte del gobierno socialcomunista, que, en su imparable deriva totalitaria, amenaza con acabar con los propios cimientos del Estado de Derecho. Ante tal situación no cabe esconderse, esperando a que amaine la tormenta, sino que, por el contrario, resulta fundamental enfrentarse con decisión y coraje a este esperpéntico gobierno, a todas luces incompatible con la decencia, la libertad y el progreso. Es la hora de luchar.