La resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno 518/2020 a la que ha tenido acceso la denunciante Asociación Memoria Histórica “RAICES” hace unos días así lo certifica de forma contundente, estableciendo:

PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por la ASOCIACIÓN REIVINDICATIVA DE LA MEMORIA HISTÓRICA RAÍCES, con entrada el 14 de agosto de 2020, contra la SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SEGUNDO: INSTAR a la SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la entidad reclamante la siguiente información:

- Los gastos de todo tipo efectuados por la Secretaría de Estado de Comunicación que estén relacionados de forma directa o indirecta con dicho evento, así como los contratos que se hayan suscrito a tal efecto, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato.

Igualmente las decisiones de desistimiento y renuncia de esos contratos. - Todo el expediente administrativo donde consten las actuaciones de esa Secretaría de Estado de Comunicación en relación al evento en cuestión, en especial sus informes.

La Secretaría de Estado de Comunicación es el máximo órgano del Gobierno de la Nación encargado de la “transparencia informativa” y depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y funcionalmente del Portavoz del Gobierno, siendo su máximo responsable actual como Secretario de Estado Don Miguel Angel Oliver, pero por lo que dice el Consejo en su resolución NO respeta la propia Ley de Transparencia.

A fecha de hoy y a pesar del tiempo transcurrido desde que la resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno tuvo lugar, el 11 de noviembre de 2020, la Asociación “RAÍCES” NO ha recibido aún los documentos que la Secretaría de Estado de Comunicación debe aportarla por mandato de dicho Consejo, lo que agrava aún más su posición, colocándola en un plano insostenible que linda con una posible desobediencia administrativa.

Dicho Consejo además resalta en su resolución que dicha Secretaria de Estado de Comunicación no efectuó alegaciones a pesar de haber sido requerida para ello el 19 de agosto de 2020.

Un equipo de auditores y juristas de la Asociación “RAÍCES” analizará concienzudamente tanto los gastos como los contratos de dicha Secretaría de Estado relacionados con la cobertura informativa de la exhumación de Francisco Franco, al objeto de localizar posibles irregularidades tanto administrativas como penales, pues la ausencia de colaboración activa y el silencio contumaz de la misma nos ha hecho despertar todas las alarmas y prevenciones, y es legítimo pensar que puede que alguien se haya podido beneficiar con la cobertura de dicho tratamiento informativo.

Desde “RAÍCES” deseamos manifestar que dicha Secretaría de Estado ha actuado en la cobertura de la exhumación de Franco en los aspectos indicados, tal y como establece la resolución del Consejo de Transparencia, infringiendo gravemente la Ley de Transparencia, al más lamentable estilo inquisitorial opaco de otras épocas.

Estamos escandalizados ante el poco respeto por la Ley que tiene dicha Secretaria de Estado de Comunicación en lo relativo a esta cuestión y así queremos trasladarlo a la opinión pública española.

En cuanto tengamos toda la documentación contractual, administrativa y económica requerida, la trasladaremos de forma inmediata a la opinión pública española, que merece conocer la trastienda económica de aquella jornada en la que se exhumaron los restos mortales de Franco, y no descartamos medidas judiciales coercitivas para llevarlas a cabo.

El Pueblo Español merece conocer el dinero gastado de sus impuestos en la cobertura informativa de esa jornada.

Conocemos el eco informativo que tuvo el suceso, conocemos los martillazos en el suelo de la Basílica del Valle de los Caídos, conocemos las imágenes que se trasladaron a todo el Mundo en ese día, conocemos las sentencias judiciales sobre el caso, conocemos el trato que recibieron del Gobierno los monjes de esa Abadía, y pronto sabremos el dinero gastado y que esa Secretaría de Estado de Comunicación ha tratado de ocultar a toda costa, y otras cuestiones más en que esta Asociación está trabajando intensamente.

Esperamos de Don Miguel Angel Oliver, antes de dimitir por esta vergüenza, abra antes de irse una investigación interna al objeto de que se depuren responsabilidades y se arbitren procedimientos internos que respeten las Leyes aplicables, al objeto de evitar bochornos como los descritos, que sin duda tendrán mucho eco nacional e internacional.

Este comportamiento irresponsable genera un terrible daño en la credibilidad informativa de dicho órgano gubernamental pues poca veracidad y seriedad se puede esperar en sus comunicaciones de quien no es capaz de aplicarse a sí misma la propia normativa de la transparencia. Quien falla en cuestiones legales, y además siendo un organismo público sometido a neutralidad política, es muy probable que falle también en cuestiones informativas.

La Asociación RAICES dará traslado de esta cuestión a la Unión Europea al objeto de que tomen nota del flagrante incumplimiento legal de este órgano dependiente directamente de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, pues entendemos que estamos inmersos en un contexto de máximo peligro institucional por laS restricciones de derechos constitucionales, como es el derecho a la transparencia recogido en la Constitución de 1978.