Lo público no es ni más ni menos que todo aquello que se paga con el gasto público que aparece en los distintos presupuestos públicos (Estado, Autonomías, Ayuntamientos, etc). En España según las estadísticas de 2020 totaliza más de la mitad del Producto Interno Bruto, en concreto un 52,2%. El hecho de que el gasto para prestar servicios públicos sea realizado por instituciones públicas o privadas es otra cosa muy diferente. Seamos claros: a muy pocos les importa que la educación o la sanidad sean dadas por instituciones públicas o privadas. Lo que a todos nos importa es que la educación tenga un nivel de calidad suficiente. Nadie le pregunta al médico que le va a operar si es del sector público o del sector privado. Lo que desea es que le haga una operación de calidad y que el resultado sea bueno. Por tanto, basta ya de demagogia con lo público. Los servicios públicos de todo tipo (también la democracia y los diputados lo son) son todos aquellos pagados con dinero público, que es de todos los ciudadanos. El hecho de que el servicio público se preste por una institución pública o privada, no cambia su carácter de servicio público y sería un error afirmar a priori que unos son mejores que otros. Las carreteras son un servicio público de transporte. Su creación y mantenimiento son financiados, en su gran mayoría, con dinero público, pero ni su construcción ni su mantenimiento es realizado por empresas públicas sino, en su inmensa mayoría, por empresas privadas.

Por tanto, no identifiquemos, como demagógicamente pretende la izquierda revolucionaria, los servicios públicos con los producidos por el sector público. Toda institución, sea pública o privada, cuyo coste es financiado con los presupuestos públicos, produce servicios públicos. Lo que todos deberíamos exigir es que ese gasto público sea justo y sea eficiente. Por justo entendemos que ofrezca a los ciudadanos los servicios que consideren básicos a fin de que nadie quede fuera de ellos por carencia de recursos. Por eficiente entendemos que tenga un coste razonable y no despilfarrador, lo cual sería por si solo una injusticia. Para facilitar la medición de la eficiencia, a la que los políticos suelen dar poca importancia, una de las vías imprescindibles es tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. Si un determinado médico, instituto o facultad tiene más demanda que otro debería ser un indicador clave para orientar las decisiones politicas.

La MUFACE es un sistema que permite a un determinado colectivo de un millón de funcionarios, más medio millón, sus familiares, elegir, a principios de año si quieren ser atendidos por la red sanitaria de la Seguridad Social o si prefieren serlo por Asisa, Sanitas, Adeslas, etc. Los datos muestran que entre un 75 y un 80% de ese colectivo de funcionarios opta por la red sanitaria privada, lo que es un dato muy significativo. PODEMOS considera que esto es un privilegio y quiere abolirlo. Parte del prejuicio ideológico de que todo lo público es más justo y mejor para los ciudadanos. Esa imposición que propone es irracional. Lo que debería hacer es proponer que se extienda la pertenencia a MUFACE a todos los funcionarios y, por ende, a todos los ciudadanos, para que así todos gocemos de ese mismo privilegio.

Ello permitiría, en primer lugar, dejar claro qué proveedor de sanidad preferimos los ciudadanos. En segundo lugar, induciría a un análisis de costes para comparar las primas que MUFACE paga a las privadas, con los costes de la sanidad suministrada por la seguridad Social (INSS). Todo ello sería una información muy valiosa para que los políticos puedan ver qué tipo de sanidad promover. La conclusión es muy clara: es un error pretender eliminar MUFACE. Lo conveniente sería todo lo contrario: extender paulatinamente MUFACE para que esa posibilidad de elección llegue a todos los españoles. En conclusión, un slogan para las futuras elecciones generales y autonómicas para todo partido que quiera ofrecer soluciones válidas debería ser: MUFACE PARA TODOS.