En esta séptima semana de confinamiento hemos alcanzado la fase cero del plan aprobado por el Gobierno para la gradual vuelta a lo que eufemísticamente denominan “nueva” normalidad. Parece han buscado adrede una terminología impactante en lo que es su permanente afán propagandístico. Así han acuñado también “desescalada” o “reconstrucción” que, aunque aceptados, quizás no sean los sustantivos más adecuados. Pero lo que Sánchez y su tropa han sido incapaces de cambiar ha sido su imagen de constituir con diferencia el Gobierno más inútil, frívolo e incompetente del mundo civilizado. Las cifras son tozudas, España está a la cabeza del ranking: 25.000 fallecidos diagnosticados según cifras oficiales (las reales acabaremos conociéndolas y posiblemente sean el doble); el mayor número de contagiados en razón de la población; y, nuestros sufridos sanitarios, grandes víctimas de la desastrosa gestión, han batido todos los records, con 40.000 infectados y decenas de muertos entre sus filas. Algo que ha sido recogido en las prestigiosas cabeceras del mundo como ejemplo destacado de mala gestión de la pandemia.

Un Gabinete irresponsable que teniendo información que ya era alarmante sobre la gravedad de la pandemia en ciernes, prefirió retrasar la toma de medidas drásticas para su atajo y prevención porque todo su interés estaba volcado en el éxito de la manifestación feminista del pasado 8 de marzo, lo que conllevó daños colaterales adicionales causados por otros eventos masivos que también se debieron prohibir. Un Gobierno cuyo sectarismo ideológico primó sobre una de sus obligaciones primordiales: salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos. Según los expertos la toma de medidas en la semana previa podría haber ahorrado un 60% en el número de víctimas, solo este dato ya deslegitima de plano a Sánchez para continuar al frente del Ejecutivo.

Pero es que, a mayor abundamiento, a partir del día 14 de marzo, en el que se decreta el estado de alarma, el Gobierno no ha hecho sino refrendar su palmaria incompetencia en toda su gestión: incapacidad para proveer a la red sanitaria y residencias de las tercera edad del material de protección necesario (mascarillas y epis); test de detección inservibles y que aún hoy no están disponibles para la mayoría de los ciudadanos; abandono por no decir desahucio de los ancianos que moraban en residencias; incomprensible decisión de las salidas de niños acompañando a sus mayores a farmacias y supermercados, inmediatamente rectificada; y por último, el denominado plan de desescalada que, a pesar de su capital importancia para la puesta en marcha de la actividad productiva, se elabora y aprueba sin contar con el resto de fuerzas políticas e instituciones competentes y sin consultar con los empresarios afectados, que con toda probabilidad habrá que modificar también antes de la puesta en práctica de sus distintas fases. Todo un record de despropósitos en apenas siete semanas.

Pero este Gobierno además de incompetente es también frívolo. El pasado martes Pedro Sánchez en su tediosa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros manifestaba que cuando todo esté controlado será el momento de rendir homenaje a los compatriotas fallecidos, lo que demuestra una absoluta falta de sensibilidad frente al irreparable daño humano causado por la pandemia y al inmenso dolor que ha causado en buena parte de la sociedad. El duelo no puede ser nunca una fase del plan de salida del confinamiento, sino que debería haber estado presente en todos los actos públicos desde el minuto uno de esta tragedia.

Otra prueba de frivolidad reveladora del grado de irresponsabilidad del actual Gabinete es la altiva declaración de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera que, sin ningún empacho, ha manifestado “si no se sienten cómodos que no abran” (sic), en respuesta a las razonables críticas que el gremio de hostelería ha vertido en relación al plan de desescalada aprobado por resultar ruinoso para la apertura de sus negocios. Parece que la señora Ministro no está demasiado concienciada con la importancia del sector para la economía nacional ni con lo que significa para el empleo.

El pasado miércoles en la sesión de control del Congreso la diputada de VOX, María Ruiz, preguntó al vicepresidente, Pablo Iglesias, sobre las equivocadas decisiones que se habían adoptado en relación con las residencias de mayores a las que se había dificultado la adquisición de material de protección y ordenado el confinamiento de sus moradores privándoles de recibir la debida atención médica, convirtiéndose en el colectivo con mayor número de víctimas. Pablo Iglesias lejos de contestar a la pregunta formulada que pareció importunarle se dedicó desde la tribuna de oradores a lanzar una incendiaria e insultante proclama contra VOX cargada de odio y de reivindicación del pasado del Partido Comunista, recordando en forma y fondo intervenciones previas al asesinato de don José Calvo Sotelo. Una intervención con un claro tinte totalitario impropia del momento histórico, sin que la presidente del Congreso, Meritxell Batet, haciendo exhibición de su grotesco partidismo en el ejercicio de su cargo institucional, se dignase a cortar y reconvenir enérgicamente a Pablo Iglesias.

No creo necesario abundar más sobre la desastrosa gestión de este Gobierno en muchos casos hasta cargada de anacrónicos tics totalitarios, baste recordar la ilegal orden cursada a la Guardia Civil para minimizar las críticas a la gestión del Gobierno, que incluso motivó un toque de atención de Ursula von der Leyen en su calidad de presidente de la Comisión Europea.

Con estas credenciales me temo que el Gobierno Sánchez no es un embajador de confianza para la Unión Europea. Y con las necesidades de financiación que se vislumbran para salvar la delicada situación económica de España, no nos podemos permitir ni un solo obstáculo que perjudique la mejor predisposición de nuestros socios.

Para abordar la dificilísima tarea que España tiene por delante de recuperar todo el tejido productivo y planificar los cambios estructurales que esta crisis ha demostrado son imprescindibles, es necesario un nuevo Gobierno con una alta capacidad tecnocrática y con el mayor respaldo posible. Un nuevo Ejecutivo de transición capaz de poner en marcha las reformas necesarias que pasan por un ajuste brutal de todo el gasto inútil y de una simplificación sustancial de la Administración Pública y todos sus chiringuitos satélites hasta donde la Constitución permita. Solo una gestión en este sentido y una brillante negociación con la UE y sus organismos podría salvar de una quiebra al Reino de España. Quizás habría que explicarle a la sociedad lo que conllevaría un posible rescate: reducción de salarios funcionarios y pensionistas, un paro masivo, recortes en todos los servicios públicos, desembarco de grandes capitales para comprar los restos del naufragio y, en definitiva, la pérdida de soberanía.

El Gobierno Sánchez debería hacer un ejercicio de humildad y pedir perdón al pueblo español y dimitir mejor mañana que pasado. Es un Gobierno abrasado por su propia incompetencia y sectarismo trasnochado. Si no lo hace dado el psicopático apego al poder del malvado personaje toda la sociedad civil española y la oposición debería movilizarse para expulsarlo del poder.