La OCU, una importante asociación protectora de los derechos de los consumidores y usuarios, ha iniciado una intensa campaña para combatir las sanciones tributarias que impone la Administración Tributaria de manera ilegal por no motivar el contenido de sus resoluciones. Además, la OCU critica la falta de transparencia de Hacienda por la inexistencia de estudios estadísticos que reflejen los procedimientos sancionadores y las resoluciones de los mismos de forma regular.

 

Hay que tener presente la autotutela administrativa. La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2002 analiza este concepto indicando que “Se trata de una técnica que impone el inmediato cumplimiento de las decisiones administrativas, y es el particular afectado por aquéllas el que ha de destruir la presunción de legalidad de los actos administrativos mediante la interposición del correspondiente recurso”.


Los actos administrativos, para poder estar amparados por la autotutela, deben respetar la normativa aplicable. El artículo 211.3 de la Ley General Tributaria establece que “La resolución expresa del procedimiento sancionador en materia tributaria contendrá la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la determinación de la infracción cometida, la identificación de la persona o entidad infractora y la cuantificación de la sanción que se impone, con indicación de los criterios de graduación de la misma y de la reducción que proceda de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de esta ley”.

Si los actos administrativos no se han dictado respetando la legislación, se puede acudir a la vía judicial contencioso-administrativa después de haber agotado los recursos administrativos correspondientes. El problema principal es que la Administración Tributaria conoce perfectamente los defectos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuyos órganos judiciales sufren una gran carga de trabajo constante que provoca que estén saturados y que tarden años en resolver asuntos que deberían analizarse sin demora. Por este hecho, es fácil que las Administraciones Públicas puedan dictar actos administrativos que, siendo contrarios al ordenamiento jurídico, no podrán ser declarados inválidos de un modo ágil, con todo lo que ello implica.

 

Muchos contribuyentes pueden, por la inexistencia de medios eficientes para luchar contra Hacienda, aceptar los actos de la Administración Tributaria. Bastantes personas deciden impugnar los actos de Hacienda, pero los obstáculos impuestos por la realidad hacen que muchas victorias judiciales puedan ser ser escasamente útiles.

 

Diversos juristas han hablado durante años para criticar la actividad tributaria y los abusos de la autotutela administrativa en el ámbito fiscal. Hay que destacar, entre ellos, a Ramón Cerdá, que ha estudiado un gran número de casos en los que Hacienda actuó indebidamente.

 

No es extraño que la OCU quiera defender a los contribuyentes. Todo consumidor es, por sus propias características, un contribuyente que debe pagar impuestos de diversa naturaleza en relación con los hechos imponibles que efectúen.

 

Se necesita una Administración Tributaria que desarrolle funciones de recaudación respetando el ordenamiento jurídico con objetividad. Hay que garantizar el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho en lo que a los aspectos fiscales se refiere para evitar que Hacienda actúe como si se encontrara en la Edad Media.