El Correo de España se ha puesto en contacto con el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, que hace una valoración sobre las últimas novedades en torno al Pazo de Meirás. Aunque está muy contento de la devolución de los bienes del inmueble, lo verdaderamente importante es la propiedad del Pazo, tema que sigue abierto y se encuentra en la Sala Primera del Tribunal Supremo.

¿Cómo valora el hecho de que en un auto hecho público recientemente los magistrados de la Sección Tercera han tumbado las medidas cautelares que entregaba en depósito, de manera provisional, todos los bienes del interior del inmueble al Estado, además, ordena que se indemnice a la familia Franco?

La sensación es de alivio y satisfacción porque la Audiencia ha admitido todos y cada uno de los motivos que habíamos expuesto y ha puesto de manifiesto la ilegalidad flagrante del auto de medidas cautelares adoptado por la juez.

Usted ha declarado qué era una situación injusta, ¿En qué se basa?

En primer lugar porque no se puede adoptar ninguna medida cautelar en fase de ejecución de sentencia, lo cual es algo que establece el artículo 731 de la Ley de enjuiciamiento civil. En segundo lugar porque no se adopta una medida cautelar cuando no se ha ejercitado una pretensión previa. Las medidas cautelares tienen naturaleza accesoria. Como el Estado no había ejercitado ninguna reclamación respecto a los muebles, evidentemente fue una absoluta ilegalidad, una arbitrariedad de la juez que ha sido corregida por la Audiencia Provincial. Con lo cuál la valoración es de una enorme satisfacción porque se ha corregido una actuación absolutamente arbitraria y alejada de la legalidad.

Por lo tanto se trataba de una gran injusticia que había que evitar.

Era una situación absolutamente y profundamente injusta. La verdad es que nosotros teníamos confianza en que los magistrados de la audiencia provincial así lo determinasen, como así ha sido.

Esta resolución no es recurrible, sino inmediatamente ejecutable.

Efectivamente no cabe recurso alguno, pero ya hemos escuchado a la vicepresidenta del gobierno que van a estudiar que medidas pueden buscar para intentar no cumplir esa resolución judicial. Es algo increíble de aurora boreal que el poder ejecutivo diga que va a haber como se salta una resolución judicial. Esto es algo gravísimo, pero en principio mis clientes lo que van a hacer es retirar de allí todas sus pertenencias, lógicamente.

Aún teniendo su importancia, lo verdaderamente importante no es lo que hay dentro del Pazo, sino el Pazo en sí. ¿Cómo está el asunto actualmente?

Hemos presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo y está en la Sala Primera, que tendrá la última palabra en cuanto a la propiedad del Pazo. Nosotros tenemos confianza en que la Sala Primera nos de la razón, se revierta esta situación y nos devuelvan la posesión del Pazo y la propiedad. Si no nos diese la razón, ya nos plantearíamos primero si vamos al Tribunal Constitucional y en su caso a Europa, pero, insisto, en primer lugar yo tengo confianza en que la Sala Primera nos dé la razón.

Toda esta injusticia y esta manipulación es evidente que es por odio...

La sensación evidentemente es de que existe una persecución por el hecho de llamarse Franco. Es una lucha de David contra Goliat, pero poco a poco se van corrigiendo las injusticias que se han producido en primera instancia y tenemos confianza que el Tribunal Supremo, que está formado por magistrados catedráticos de Derecho Civil y teniendo en cuenta que es un pleito de Derecho Civil y no es un pleito político, resuelvan con arreglo a la jurisprudencia y con arreglo a la ley y por lo tanto se vean estimados nuestros recursos.