Se ha publicado la Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero, por la que se crea el Foro de Gobierno Abierto. Según esa misma norma, el Foro de Gobierno Abierto nace con la finalidad de institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con el gobierno abierto y en particular con el objetivo de impulsar la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

 

El Foro, con su rimbombante nombre, estará integrado por su presidente y 64 vocales, treinta y dos en representación de las Administraciones Públicas y 32 en representación de la sociedad civil y, teóricamente, se va a encargar de debatir y promover medidas para fomentar la transparencia en la Administración. Sin embargo, parece probable que las finalidades prácticas del nuevo ente serán otras más relacionadas con la colocación de personas en la Administración Pública estatal.

 

Por el artículo 34 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya se procedió con la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Las funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y del Foro de Gobierno Abierto son, formalmente hablando, muy parecidas, y, materialmente, puede decirse que son las mismas.

 

Desde una perspectiva puramente técnica, no tiene sentido alguno que ahora se construya otro ente público que tiene las mismas competencias que uno que ya existe desde hace tiempo y cuyas actuaciones, habitualmente son ignoradas. Sería más útil dotar de buenos medios al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, otorgándole competencias que puedan reforzar su papel en lo que se refiere al control informativo de la actividad pública. Además, habría que aprovechar para conceder más instrumentos a entes como el Tribunal de Cuentas, cuyo papel es más relevante que el del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para que puedan desarrollar efectivos controles sobre la actividad administrativa.

 

Las duplicidades administrativas ya son muy frecuentes en el Estado. No son útiles para incrementar la eficacia de la actividad administrativa, pero si que son útiles para que determinadas personas puedan vivir con un sueldo público sin tener que invertir tiempo y esfuerzo como muchos otros para subsistir.