Andan las izquierdas y los esbirros de la corrección política rememorando una efeméride: la legalización del voto femenino en España que, según ellos, “cumple 90 años”. Lo dicen tan panchos, y unen semejante logro a la llegada de la II República española.

Para ello identifican la Constitución de 1931 y a la izquierda política de la época como pioneros del sufragio femenino en España. La mentira histórica canta por soleares, pero se ha convertido en una celebración habitual para los fastos de la izquierda y sus comparsas de la derecha cobarde.

Es cierto que la diputada republicana y liberal Clara Campoamor, que obtuvo su escaño tras las elecciones del 28 de junio de 1931, fue la magnífica defensora del voto femenino en los debates de las Cortes constituyentes de la II República, y que lo fue en unas Cortes de 470 diputados donde sólo había tres mujeres diputadas electas. Pero no es cierto que ella fuese la pionera política de tal derecho en la historia de España.

Cabe añadir, además, que doña Clara Campoamor era liberal y militaba en el Partido Republicano Radical liderado por Alejandro Lerroux; formación política centrista y que aplastaría en Octubre de 1934 -y ya instalada en el gobierno de Madrid presidido por el propio Lerroux- el alzamiento armado del PSOE en Asturias así como la sublevación independentista de la ERC liderada por el sedicioso Luis Companys en Cataluña.

Pero vayamos al verdadero origen del voto femenino; a su irrupción en la historia de España, que precede en varios años al famoso debate parlamentario de la II República donde brilló Campoamor.

Entrado el año 1923 se inauguró el periodo de dictadura del general Miguel Primo de Rivera, donde se produjeron varios hitos en los logros jurídicos para la mujer española, aplaudidos e impulsados por el gobierno del general, que además de preocuparse por aplacar la guerra de África, destruir al asesino terrorismo anarquista y desarrollar industrial y socialmente la economía, trazó claros compromisos con la mujer trabajadora, con la ama de casa y con la madre de familia.

El gobierno de Primo de Rivera reconocería los primeros derechos políticos a las mujeres. José Calvo Sotelo –el que fuera posteriormente líder de la oposición derechista asesinado por los escoltas socialistas de Indalecio Prieto en julio de 1936- fue nombrado ministro en los gobiernos de Primo de Rivera, y además de efectuar una reforma de la Hacienda pública para eximir de cargas tributarias excesivas a los obreros y reforzar la tributación de las clases altas promulgó, en 1924, un “Estatuto municipal” que otorgaba el derecho de voto a las mujeres cabezas de familia. De los aproximadamente 6.800.000 electores, 1.700.000 eran mujeres. Las primeras alcaldesas municipales de España aparecieron gracias a la norma de Calvo Sotelo. Entre ellas: Concepción Pérez Iglesias, alcaldesa de Portas (Pontevedra); Candelas Herrero, alcaldesa de Castromocho (Palencia) o Matilde Pérez Mollá, alcaldesa de Cuatretonda (Alicante). Fueron varias más. Por primera vez en la historia de España la mujer era electora y elegible para cargos representativos.

En 1927 se produce la primera incorporación colectiva de mujeres a una Asamblea constituyente. Miguel Primo de Rivera nombró trece mujeres para ocupar asientos en la Asamblea Nacional Consultiva destinada a elaborar un proyecto de Constitución que surgió en 1929 y en la que se otorgaba el derecho a voto en régimen de igualdad a mujeres y hombres. El fin del gobierno de Primo de Rivera, en enero de 1930, truncó su proyecto constitucional ambicioso.

La llegada de la II República hizo que durante el proceso constituyente de 1931 la diputada Clara Campoamor impulsara el derecho al voto femenino. La oposición de Manuel Azaña, que hizo mofa del debate entre diputadas de la cámara, así como del socialista Indalecio Prieto que consideró la propuesta de Campoamor como letal para la República, es de sobra conocida.

Menos conocida es la posición de las diputadas izquierdistas icónicas para el feminismo español, llamadas Victoria Kent- del Partido Radical Socialista- y Margarita Nelken- del PSOE-. Ambas concebían a la mujer española como un ser alienado por los sacerdotes y por sus esposos y, por tanto, inhabilitadas para votar de forma racional –esto es: a la izquierda-. Ambas se opusieron ferozmente a Campoamor y al derecho al voto femenino.

El diputado de la Federación Republicana Galega, catedrático de medicina, Roberto Novoa Santos, llegó a recurrir a la “ciencia” para oponerse al voto femenino. Afirmó solemnemente que la mujer “está dominada  por la emoción y no por la reflexión y el espíritu crítico, lo cual las invalida para votar”. Manuel Azaña, figura actualmente laureada hasta el hartazgo por la izquierda chic y la derechita almidonada, ironizó ácidamente sobre el enfrentamiento dialéctico entre la socialista Victoria Kent y Clara Campoamor en las Cortes, al señalar que “sólo había dos mujeres discutiendo en la Cámara y ni así podían ponerse de acuerdo”

La derecha en bloque votó a favor y el sufragio femenino salió adelante.

Fue la primera decepción de Clara Campoamor con los republicanos de izquierda. La siguiente se daría entre febrero y septiembre de 1936, periodo en que se basó para retratar los horrores del Madrid frentepopulista de las Checas, los “paseos” y los asesinatos “revolucionarios” en su obra: “La revolución española vista por una republicana”, de 1937. De ese Madrid rojo huiría Campoamor.

Para disgusto de la izquierda, las elecciones legislativas de noviembre de 1933 donde todas las mujeres de España mayores de edad tenían derecho a voto, fueron ganadas holgadamente por el centro-derecha.

Contra lo que se piensa y dice de forma cuasi generalizada, la derecha apoyó y logró el voto para la mujer del cual fue pionero el gobierno del general Miguel Primo de Rivera. Tras la guerra civil española el régimen de Franco mantuvo y defendió el derecho al voto de la mujer en los refrendos y en las elecciones municipales convocados en España. Del mismo modo, las votaciones para la elección de enlaces sindicales y Jurados de Empresa en el ámbito laboral que el régimen franquista amparó para establecer a los representantes sindicales de los trabajadores, incluyeron el voto de las mujeres trabajadoras.

Buena parte de la sociedad actual ha digerido que los derechos políticos de la mujer son obra de la II República, y las feministas amaestradas creen que su “lucha por la igualdad” es una consecución de Carmen Alborch o de Irene Montero. Semejantes creencias son parte de la arrolladora propaganda impartida por el 95 por cien de medios de comunicación, de izquierdas y derechas, plegados a la corrección política o dictadura moral de izquierda. Y no pasan de ser una gigantesca mentira histórica.