La Mesa del Parlament acordó, el pasado viernes día 13 de abril, presentar una querella contra Pablo Llarena por la comisión de un delito de prevaricación judicial, que habría ejecutado por no permitir acudir, al pleno de investidura, al candidato de JxCat para la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez. La decisión de ejercitar la acción penal se adoptó con los votos a favor de JxCat y ERC, que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara parlamentaria autonómica.

Debe decirse que la querella que se ha decidido presentar es una auténtica querella catalana, denominación que se refiere a su falta de sostenibilidad jurídica y a la temeridad con la que se interpone, ya que Pablo Llarena no ha cometido un delito de prevaricación judicial. La Sentencia del Tribunal Supremo 585/2017, de 20 de julio, indica que “el delito de prevaricación judicial es un delito de técnicos en derecho, y que, por ello, las adjetivaciones de que la desviación de la decisión respecto del derecho debe resultar "esperpéntica", "apreciable por cualquiera", u otras expresiones semejantes, resultarán oportunas para otros funcionarios públicos, pero no para los jueces, que tienen la máxima cualificación jurídica y no pueden ser tratados como el resto de colaboradores de la Administración; previniendo incluso del subterfugio de acompañar la decisión, que se sabe injusta, de argumentos encubridores del carácter antijurídico del acto”. La misma resolución también señala que, para cometer el delito de prevaricación judicial se necesita “una resolución injusta, lo que exige la aplicación del Derecho sustantivo o procesal de forma que no resulta objetivamente sostenible”.

Es fácil decir que la querella no va a tener efectos procesales relevantes, pues resulta complicado pensar que Pablo Llarena ha cometido un delito de prevaricación judicial por haberse limitado a garantizar la efectividad de la prisión provisional que decreto para Jordi Sànchez. Precisamente, parece, por ese mismo motivo, que uno de los objetivos de la querella es intimidar a Pablo Llarena, pero no es el único.

La finalidad principal de la querella que se va a presentar es hacer ruido, causando una mayor agitación e incrementando el listado de supuestos agravios que el Estado ha adoptado contra los independentistas. Aunque la querella no tiene viabilidad legal, si que va a ser útil para dar a entender, en la disputa mediática que se está desarrollando en el plano internacional, que los poderes estatales están vulnerando, de manera sistemática, las libertades en Cataluña.

 

Es cierto que la querella va a suponer una auténtica pérdida de tiempo y dinero, pero eso no le importa a los amigos de Carles Puigdemont. Es imposible no tener la sensación de que los parlamentarios independentistas consideran que les sobran ambas cosas, aunque sea a costa de los ciudadanos, a los que llevan mucho tiempo engañando y manipulando.