En el ordenamiento jurídico español existe una Ley que podría recibir el nombre de “Ley Frankenstein” debido a sus numerosas reformas y a todas las correcciones que ha ido acumulando en los últimos años. Esa norma es la Ley Concursal, cuya Exposición de Motivos indica que “La superación de la diversidad de instituciones concursales para comerciantes y no comerciantes es una fórmula que, además de estar justificada por la desaparición del carácter represivo de la insolvencia mercantil, viene determinada por la tendencia a simplificar el procedimiento, sin que ello suponga ignorar determinadas especialidades del concurso de los empresarios sometidos a un estatuto propio (llevanza obligatoria de contabilidad, inscripción en el Registro Mercantil) y de la existencia en la masa activa de unidades productivas de bienes o de servicios, especialidades que son tenidas en cuenta a lo largo de la regulación del concurso, desde su solicitud hasta su solución mediante convenio o liquidación”.

 

No parece que pueda dudarse sobre el hecho relativo a la volatilidad del Derecho Concursal, que sufre reformas de un modo habitual. Esta situación hace pensar en la indeterminación de los encargados de impulsar las reformas, que, posiblemente, no estén seguros cuando piensan en cuál debe ser considerada la mejor opción legislativa para lograr que el concurso de acreedores no produzca la terminación de la actividad del deudor en la mayoría de los casos.

 

Para analizar las causas de los numerosos parches que hay en la normativa concursal, deben tenerse presente diversos factores, relacionados con la crisis económica, con la debilidad del tejido empresarial español y con el deseo de legislar sin descanso y a una gran velocidad. Estos tres factores producen la existencia de reformas legislativas que no tienen, habitualmente, los rasgos necesarios para solucionar los problemas concursales.

 

Numerosos dilemas ha provocado el régimen del “fresh start”, cuya regulación ha estado sufriendo numerosas modificaciones en los últimos meses, sin que pueda saberse exactamente cuál es el alcance real de una figura que ha sido acogida en el ordenamiento jurídico español con obstáculos por su deficiente configuración. El “fresh start” permite lo que podría considerarse como una condonación legal de una parte de las deudas cuando se cumplen ciertos presupuestos establecidos en la legislación, de modo que no se aplique en esas circunstancias el artículo 1911 del Código Civil, que establece que “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”.

 

El gran problema que provoca la inmensa cantidad de alteraciones de la Ley Concursal es que se genera inseguridad jurídica y, al final, con tantas modificaciones, resulta imposible consolidar la correcta aplicación de las reformas, que, desgraciadamente y, como ya se ha comentado, tienden a tener una escasa calidad técnico-jurídica. Hay que actuar de otro modo en el ámbito legislativo con la normativa concursal.

 

Sería mucho más conveniente que se hiciera una única reforma de la Ley Concursal, estableciendo pautas que puedan ser efectivas en el largo plazo, ya que no está produciendo buenos resultados la vorágine de alteraciones que se han ido realizando en la norma concursal. Ese es el motivo por el que el Ministerio de Justicia le ha pedido a Ángel Rojo, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid que es considerado uno de los mayores expertos del Derecho Concursal, que trabaje en la elaboración de un texto refundido de la Ley Concursal.