Apenas han pasado tres meses desde que Hungría y Polonia llegaron a un acuerdo para desbloquear los presupuestos de la Unión. En virtud del acuerdo ambos países impugnaron el mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho, que amenazaba con negarles los fondos europeos, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los “chicos malos de la UE” habían ganado tiempo. Por lo general, las sentencias del TJUE necesitan uno o dos años, pero ya entonces, la vicepresidente de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, admitía que “estamos hablando de meses en lugar de años”.

El 2 de febrero, Jourova era entrevistada por el periódico izquierdista alemán Handelsblatt. En la entrevista, la comisaria insistía en que la sentencia podría ser cuestión de pocos meses y recalcaba la importancia del mecanismo del Estado de derecho, un mecanismo “justo, nuevo y muy eficaz, para evitar que los sistemas corruptos desperdicien dinero y para permitir que se impongan sanciones financieras a los estados miembros individuales por violar los derechos democráticos fundamentales”. El nuevo reglamento entró en vigor el 1 de enero y Jourova señaló que la Comisión ya está trabajando para que, desde el momento en el que se produzca la sentencia, aplicar las sanciones de forma retroactiva. Esta declaración, que da por hecha la decisión del TJUE, dice muy poco de la independencia judicial de la Unión Europea.

Durante las negociaciones de noviembre, los políticos europeos insistieron en que el mecanismo del Estado de derecho no iba dirigido contra nadie. Sin embargo, Jourova admitió que Hungría y Polonia son el centro de su atención porque “existen procedimientos de infracción en virtud del artículo 7 del Tratado de la UE contra Polonia y Hungría”. Estos procedimientos podrían conducir a la retirada de los fondos europeos o, en el peor de los casos, a la perdida del derecho al voto en las instituciones de la UE. Jourova defendió estos procedimientos porque la UE necesita medios de comunicación libres y una justicia independiente, y para proteger los derechos democráticos fundamentales. En su opinión, la imposición de sanciones económicas será suficiente para que Hungría y Polonia abandonen su desafío. La comisaria europea parece compartir la postura de Katarina Barley, socialdemócrata alemana y vicepresidente del Parlamento Europeo, que declaró el pasado octubre que “el Estado de derecho es quebrado constantemente y los fondos europeos son un medio eficaz para ejercer presión. Estados como Hungría y Polonia deben pasar hambre financieramente”.

¿A qué derechos democráticos fundamentales se refiere la comisaria? Si nos atenemos a lo que ella misma decía en 2017, esos derechos están representados por los valores de la sociedad abierta. En una foto publicada en su cuenta de Twitter, Jourova posaba entre George Soros y Alexander Soros. El siguiente texto acompañaba a la fotografía: “Hemos debatido la situación de los derechos fundamentales en Europa con George Soros. Los valores de la sociedad abierta están en el centro de la acción de la UE”.

Vera Jourova es una política checa que comenzó su meteórica carrera en 2003 en las filas del Partido Socialdemócrata Checo, donde ejerció como viceministro de desarrollo regional. En 2006 abandonó su partido y fue acusada de corrupción, pero dos años después se retiraron los cargos y recibió una compensación de unos 140.000 euros. En 2009 volvió a la política activa de mano del Partido Democrático Europeo como candidata en las elecciones europeas de 2009 y en las nacionales de 2010, no consiguiendo el acta de diputado en ninguna de ellas. Al año siguiente abandonó el partido y se unió al recién creado ANO 2011, un partido liberal cuyo fundador, Andrej Babis, es actualmente el primer ministro checo. En 2013 volvía a ser miembro del parlamento checo y el 29 de enero de 2014 era nombrada ministro de Desarrollo regional. En septiembre Jourova entraba de lleno en la política comunitaria como comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de género, uniéndose a ALDE, el grupo liberal y federalista de Guy Verhofstadt. El 26 de agosto de 2019, el gobierno checo confirmaba a Jourova como comisaria europea para el período 2019-2024 y en septiembre, Ursula von der Leyen anunciaba su nombramiento como vicepresidente de la Comisión y comisaria de Valores y Transparencia. Ese mismo año la revista TIME incluía a Jourova en la lista de las 100 personalidades más influyentes de 2019.

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Su vinculación con Soros no se reduce a un tuit y es bien conocida. En enero de 2020, el medio húngaro Origo publicó que, durante su periodo como comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de género, Jourova y los miembros de su gabinete habían mantenido 18 reuniones oficiales con George Soros y con representantes de la Open Society Foundations. Jourova asistió personalmente a 11 de esas reuniones. Por ejemplo, Monika Ladmanova, miembro del gabinete de Jourova, fue la anfitriona en abril de 2016 de Amnistía Internacional Europa, financiada por Soros, para hablar de inmigración. Antes de ser asesora de Jourova, Ladmanova trabajó para la Fundación Soros en Praga durante 11 años.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, no resulta sorprendente la obcecación de la comisaria con Polonia y, sobre todo, con Hungría, no solo en la cuestión del Estado de derecho, sino prácticamente en cada decisión tomada por ambos gobiernos. En 2017, Jourova se manifestó en defensa de la Universidad Centroeuropea de George Soros, que finalmente abandonaría Budapest para trasladarse a Viena, y señaló por primera vez la posibilidad de cambiar las normas para dejar sin fondos a los países que no respetasen la independencia judicial.  En 2018, la comisaria volvía a señalar a Hungría por “estigmatizar y silenciar a la sociedad civil”, un eufemismo para referirse a la red de fundaciones y ONG de la red Soros. La crisis del coronavirus también fue utilizada por la comisaria para volver a señalar a ambos países, “el coronavirus debe ser eliminado, pero la democracia debe sobrevivir”. Jourova se mostró muy preocupada porque Polonia decidió celebrar elecciones, como también hizo Francia, y porque el gobierno húngaro gobernaba por decreto, como Sánchez, pero este último cuenta con el beneplácito de Soros. El 29 de septiembre de 2020, Orbán exigía la dimisión de Jourova por sus declaraciones el diario alemán Der Spiegel en las que calificaba a Hungría de “democracia enferma”. Como era de prever, la Comisión Europea manifestó su respaldo a la comisaria.

Estas declaraciones de Vera Jourova y la retirada de Frontex de Hungría son señales inequívocas de que la tregua de Bruselas con Hungría y Polonia va a ser mucho más breve de lo esperado. La élite de Bruselas, entregada al globalismo y al dinero de Soros, no tardará en desencadenar una nueva oleada de sanciones y amenazas contra ambos países, y contra cualquier otro que pretenda conservar su soberanía nacional y no se someta a los valores de la “sociedad abierta”. La UE va a convertirse en el escenario de múltiples conflictos que podrían acabar definitivamente con el proyecto europeo.