Desde la coalición de gobierno socialcomunista se ha anunciado el acuerdo entre PSOE y Podemos para aprobar una “ley de vivienda” ideologizada y tarada; en sintonía plena con las peticiones de Podemos.

Según se ha informado, la nueva norma servirá para fijar precios al alquiler en zonas inmobiliarias que los políticos locales consideren “altamente tensionadas” por la demanda de alquiler, y que permitirá a los Ayuntamientos subir, hasta un 150 por cien, el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por las “viviendas vacías”.

Si bien la fijación de rentas se impondrá a los llamados “grandes tenedores” considerando como tales a aquellos que posean diez o más inmuebles, el resto de propietarios deberán congelar los precios y someterse al mencionado gravamen sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles- IBI- en caso de ostentar viviendas desocupadas.

La norma es de inspiración liberticida y a gusto del comunismo podemita que anhela un modelo chavista de expropiación inmediata y blindaje a los okupas. Destruye la libertad transaccional entre arrendador y arrendatario e impone una intolerable intervención sobre los precios de alquilar que ya ha fracaso clamorosamente en Barcelona, donde la aplicación de una normativa intervencionista autonómica no sólo no ha bajado los precios, sino que ha reducido la oferta de inmuebles y ha aumentado la inseguridad jurídica para propietarios y arrendadores que huyen del mercado inmobiliario barcelonés.

Estará servido el ataque a la clase media española, propietaria y arrendadora del 96 por cien de viviendas en mercado de alquiler que existen en España.

El bolsillo de todo aquel ahorrador español que convirtió la inversión en vivienda en colchón financiero presente y futuro, será despedazado pues la norma impondrá no sólo el fin de la libertad para establecer el precio de arrendamiento sino también un terrible impuesto expropiador y canallesco, que permitirá a los Ayuntamientos subir el IBI un 150 por cien.

PP y VOX ya han anunciado su oposición, lógica y razonable, a semejante disparate legislativo marcado por serios visos de inconstitucionalidad al vejar el derecho a la propiedad privada y a la libertad económica y de empresa.

Pero lo que produce repugnancia en el discurso de las filas de la derecha es que algunos utilizan contra el gobierno un argumento sesgado y perverso: comparar la normativa comunista en ciernes con la política de vivienda impulsada por los gobiernos del General Franco.

Es habitual en algunos liberales enfurruñados, ávidos de tertulias televisivas o meros simplistas malintencionados, el empleo de la práctica torticera y bastarda de querer igualar contextos históricos diferentes, de querer demonizar a la izquierda asimilándola al franquismo y de querer mentir ofreciendo información histórica parcial y distorsionada.

Estos tergiversadores deberían saber que Francisco Franco efectivamente estableció, en los años 60 del pasado siglo, una normativa reguladora del mercado de alquiler para evitar subidas en los precios pactados o establecidos en el contrato de arrendamiento y para que el inquilino que cumplía con sus obligaciones no fuera expulsado del inmueble si no tenía otra alternativa donde acudir. Este marco proteccionista dio lugar a una reminiscencia que quedó hasta hace algunos años y que se llamó “renta antigua”.

¿Era este sistema inflexible, intervencionista? Lo era. Ahora bien: ¿a qué obedecía su creación? La explicación es sencilla.

Los gobiernos franquistas fueron, desde los primeros Planes Nacionales de Vivienda social en los años 40 – urdidos por el Instituto Nacional de la Vivienda luego integrado en el Ministerio de Trabajo- auténticos generadores de un parque inmobiliario público y de promoción público-privada para el acceso de los españoles más humildes.

Sólo entre 1961 y 1975, el número de viviendas sociales construidas fue de más de 4 millones. El régimen financiero de acceso a las mismas se basaba, mayormente, en el pago con cargo a Letras, sin hipotecas usurarias y con facilidades de adquisición ajustadas a tablas y coeficientes en función del salario y las cargas familiares del trabajador.

Para 1975 el parque de viviendas construidas en España había aumentado, desde 1939, un 113,5 por cien. El 54 por cien de todas las viviendas del parque inmobiliario español eran de protección pública.
Estos porcentajes que ofrezco fueron recogidos por el abogado y novelista Fernando Vizcaíno Casas en su entrañable obra: “¡Viva Franco!, con perdón”.

Gracias al creciente poder adquisitivo de las rentas salariales se logró que para 1975 la clase media española fuera la que más viviendas poseía en régimen de propiedad de toda Europa occidental. La población española había aumentado un 36,3 por cien entre 1939 y 1975, y la creciente demanda de viviendas hizo que más del 80 por cien de la poderosa clase media fueran propietarios de viviendas.

Dado que la demanda de alquiler existía aunque la compra de viviendas era la propensión mayoritaria de los asalariados españoles, el régimen de Franco quiso proteger al eslabón más débil en la sociedad.

En aquellos años 50 y 60 el que necesitaba alquilar un inmueble era, generalmente, alguien carente de recursos suficientes para hacer lo que la mayoría de trabajadores de aquella época hacían: comprarlo. La regulación de los alquileres por parte del gobierno de Franco se hizo para ellos, y se estableció en una época de asentamiento de la clase media donde España se modernizaba tras una guerra civil y en medio de un proceso mayúsculo de conformación de derechos sociales en leyes como la de Seguridad Social, Seguro Nacional de desempleo o reglamentación de las pagas extraordinarias. El paternalismo del régimen franquista trató de no dejar a nadie atrás.

Entrados en el régimen constitucional de 1978, el llamado “decreto Boyer” lanzado por el PSOE en 1985, derogó parcialmente la llamada “renta antigua” proveniente del franquismo y liberalizó los precios del alquiler. El PSOE necesitaba darse su barniz “liberal” tras expropiar del modo más arbitrario y déspota el conglomerado empresarial “Rumasa”, lanzando a miles de españoles al paro.

Conclusión: Franco creó millones de viviendas sociales (más de 4.500.000) entre 1939 y 1975, que convirtieron este bien no en el producto de lujo y especulación usuraria que es actualmente, sino en un derecho real, digno y asumible por toda la clase trabajadora. En 1975 el 54 por cien del parque inmobiliario era de viviendas sociales acogidas a los sucesivos Planes de Vivienda del Ministerio de Trabajo. Gracias al estimulo estatal de Franco la vivienda era barata y adquirible por cualquier asalariado en un plazo que generalmente no rebasaba los 8 años de pagos y sin hipotecas ni precios usurarios e inalcanzables.

Lo estamos viendo estos días: cuando los derechones que presumen de antisocialistas y ponen las velitas a Esperanza Aguirre, se dedican a ensuciar la política de vivienda de Franco identificándola con Podemos, producen náuseas. Más todavía las producen cuando hablan de que Franco fue el “culpable” de la “renta antigua” pero no cuentan el por qué lo hizo, ni el contexto histórico que lo motivó ni mucho menos las millones de viviendas sociales franquistas que abarataron el mercado inmobiliario e hicieron posible un derecho que entonces sí existía: el acceso a una vivienda digna.

Un derecho social que hoy, por cierto, recoge la Constitución de 1978 de forma pomposa y grandilocuente y que recitan los políticos socialistas y peperos sin que ninguno de ellos, durante los últimos 40 años, hayan dado a los obreros las viviendas que Franco sí les dio haciendo real el ideal de justicia social de José Antonio Primo de Rivera y enterrando el estigma de la lucha de clases y el veneno marxista.