Después de la celebración de las elecciones autonómicas de Cataluña, se ha producido un gran revuelo a causa de los resultados. Es lógico, pues la expectación que rodeaba al proceso electoral llegó a tener alcance internacional.

El independentismo catalán ha conseguido un gran apoyo electoral, aunque también es cierto que no todos los catalanes son separatistas. De este hecho puede deducirse que existe un claro conflicto ideológico interno en el territorio catalán.

Es realmente curioso que se hayan intentado utilizar unas elecciones autonómicas para celebrar una votación plebiscitaria en Cataluña, pero no por resultar novedosas la desviación de poder y la corrupción en la región catalana, ya que son cosas que, desgraciadamente, se han visto en bastantes ocasiones. Llamativo es que se haya querido utilizar algo tan importante como un proceso electoral para intentar legitimar algo ilegal y que vulnera las reglas por las que los dirigentes políticos independentistas catalanes han tenido el control del Gobierno autonómico y del Parlamento catalán.

La legalidad española no se respeta en muchos sectores de la sociedad catalana por lo que puede observarse atendiendo a los medios de comunicación. La CUP ha hecho un llamamiento para desobedecer las leyes españolas. Es gracioso el hecho, pues son las normas jurídicas españolas las que han permitido la creación de ese partido político y el desarrollo de su actividad.

Las leyes, que tienen su poder gracias a la Constitución Española de 1978, son mecanismos por los que se puede concretar el contenido y el ejercicio de los derechos y deberes. Además, las normas legales sirven para controlar a las instituciones públicas, cuyas actuaciones deben ser realizadas dentro de los límites impuestos por la legalidad. Es cierto que la sujeción al ordenamiento jurídico es el único modo de garantizar la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, conforme al artículo 9.3 de la Constitución, debiendo tenerse presente que Felipe VI ya comentó que “para el Poder Judicial, como para el resto de las instituciones del Estado, el respeto a la Ley nunca ha sido ni es ni debe ser un simple trámite, una mera formalidad, una alternativa”.

La legislación puede modificarse, pero no han existido facilidades ofrecidas por el Gobierno estatal para cambiarla. Sin embargo, también es cierto que escaso ha sido el interés de Artur Mas en que se alteraran las normas del modo más conveniente para los separatistas catalanes.

Varias han sido las conductas de los dirigentes públicos catalanes que han intentado evitar la aplicación de las leyes, a través de actos que han sido realizados con fines distintos a los que el ordenamiento jurídico les atribuye, con desviación de poder, y con acciones y omisiones que, directamente, servían para no proceder con el cumplimiento de las normas aplicables y de las resoluciones judiciales.

Nadie puede garantizar que los dirigentes catalanes vayan a respetar la legalidad vigente en un Estado catalán independiente teniendo presente que no han sabido respetar la legislación española, buscando caminos alternativos al sistema secesionista ilegal. Posiblemente, el Estado catalán se convertiría en la pequeña parcela territorial de algunos que, acostumbrados a ignorar la ley española, no tardarían en vulnerar el ordenamiento jurídico catalán, cuyo establecimiento en el ámbito del Derecho Público será muy complicado por carecer Cataluña de las estructuras propias de un Estado.

Quien vulnera la ley repetidas veces impunemente se considera sobradamente capaz para continuar realizando actividades ilícitas sin que sienta que puede llegar a padecer un castigo. Por eso, es mejor sancionar las conductas ilegales, no siendo adecuado que no se respete la eficacia de las reglas sancionadoras penales y administrativas.

La arbitrariedad y la irresponsabilidad de los poderes públicos en Cataluña han existido de forma contundente, y si un Estado desarrolla su funcionamiento de esa manera, existe el riesgo de que se implante la inseguridad jurídica, pudiendo convertirse ese país en un Estado fallido si las consecuencias de las distorsiones jurídicas producidas llegan a ser muchas y graves.