Entre las habituales polémicas sobre el 8 de marzo, convertido en una orgía de feminismo extremista como subconjunto del marxismo cultural y que pretende establecer esta fecha en el santoral laico y anticristiano alternativo a las celebraciones tradicionales, se ha sumado este año de pandemia la de si se debían autorizar las habituales manifestaciones o no y, puestos a indagar sobre el tema, si debieron realizarse las del año pasado. Grupos feministas han llegado a victimizarse hasta el absurdo acusando a la “ultraderecha” de “criminalizar al feminismo” culpándolo de la extensión de contagios.

Ciertamente, que el 8 de marzo de 2020 pudieran celebrarse las multitudinarias manifestaciones feministas para apenas unos días después suspenderse las fallas y casi de inmediato declararse un estado de alarma en virtud del cual, de una manera dudosamente legal (el estado de alarma no suspende derechos, como sabe cualquiera que se haya leído la Constitución) se nos impidió incluso salir de nuestras propias casas, salvo para acciones tasadas, en un auténtico arresto domiciliario es indefendible.

Escuchando al gobierno, parecería que esa famosa noche del 8 al 9 tuvieron todos sus miembros una epifanía, se les apareció la Virgen, o quien quiera que se les aparezca a los ateos (tal vez Carlos Marx) y les advirtió de la gravedad del problema ignorada por ellos horas antes, cuando llamaban a manifestarse porque “el machismo mata más que el Coronavirus”, afirmación indudablemente falsa, se entienda por machismo lo que se entienda. La única explicación racional es que el gobierno, desoyendo las advertencias, estuvo esperando a que pasase la fecha de las famosas manifestaciones del día de la mujer, para valorar los hechos y tomar una decisión, retraso clave en la muerte de miles de españoles, de la que son responsables por una negligencia criminal. Demorar la toma en consideración de una grave crisis de salud pública por no estropear unas movilizaciones en favor de una ideología compartida por los partidos que detentan el poder es una subordinación del interés público al de partido, de la realidad a la entelequia ideológica y una acción criminal. Es dar prioridad a los problemas imaginarios por encima de los reales. Se puede disculpar el retraso en la toma de decisiones por desconocimiento o falta de criterio para valorar la gravedad del problema, pero no por priorizar la ideología por encima de la salud. Simplemente es indefendible.

Hay que tener en cuenta también, que el ejecutivo tiene a su servicio a los expertos del sistema nacional de salud, a los del CSIC y a los de todas las estructuras científicas y sanitarias del estado. Su responsabilidad no es comparable, por tanto, a la de los sujetos privados o grupos que realizasen actos durante esos días, que ni tenían los medios ni tenían la competencia para determinar si debían o no llevar a cabo sus eventos. No criticamos, por tanto, a Irene Montero como feminista organizadora de las movilizaciones (que también, pero por otros motivos) la criticamos como ministra que autorizó esos actos, poniendo en grave riesgo la salud pública, porque es como miembro del ejecutivo y no como activista callejera, como tiene una responsabilidad de la que claramente se inhibió en esos días en los que su fanatismo ideológico pudo más que su buen juicio (si es que alguna vez lo tuvo).

Parecería que las activistas de cualquier rama del progresismo y del marxismo cultural dominante consideran que el covid 19 es un virus mágico y con conciencia política que no contagia a las feministas sino tan solo a los manifestantes críticos con los gobiernos de izquierdas.

No criminalizamos, por lo tanto, al feminismo cuando criticamos al gobierno por consentir las manifestaciones del año pasado, feminismo que, por otra parte, no tiene inconveniente en criminalizar, pero de verdad, a cualquiera que ejerza la más mínima crítica a sus desvaríos. Lo que hacemos es fiscalizar a un ejecutivo que, incumpliendo su responsabilidad, puso en peligro a miles de personas con su fanatismo ideológico y su inconsciencia criminal.