Toda España se ve asolada por la “ley del machete” de la “multiculturalidad”. Los “menas” están imponiendo el agrio proceder violento de los sistemas culturales de los que provienen: desarraigados, islamizados y marginales. Los “menas” son inmigrantes menores de 18 años no acompañados por adulto, provenientes de países extracomunitarios a los que no se les aplica el régimen de la Unión Europea y que penetran ilegalmente en España. Fundamentalmente se trata de africanos. Más del 70 por cien de los “menas” son de origen marroquí.
 
España ha sido tomada como pasto por jóvenes delictuosos provenientes de África, pero muy especialmente de Marruecos, que hallan en nuestra Nación la jugosa prebenda de disponer de sanidad gratuita y universal, de sinuosas “pagas” para “menas” que en Cataluña ascienden a 600 euros o en Vascongadas a 500, y de una manutención completa con cargo al contribuyente español donde cada plaza de “mena” en un centro o institución bajo custodia pública nos cuesta una media de 7000 euros mensuales.

Los más de 20.000 “menas” que pueblan los centros sostenidos por el contribuyente y calificados como de atención “social” o de “menores”, han sido masivamente enviados a España por el sistema mafioso y de lucro personalista con que se manejan las oligarquías del reino de Marruecos y su jefe, el rey Mohamed VI.  Sólo en 2018, y coincidiendo con la llegada al poder de Pedro Sánchez y sus reuniones secretas con George Soros- el magnate pro inmigracionista y decidido por la sustitución étnica y cultural de Europa – el numero de “menas” en España aumentó un 405 por cien.

Tras dos años de gobierno de Pedro Sánchez, los “menas” han implantado en muchos barrios y localidades su “ley del machete”. El 90 por cien de agresiones sexuales en Bilbao durante los últimos meses son propinadas por “menas”, así como el 55 por cien de delitos denunciados en esa ciudad. Cataluña, en 2019, experimentó la corriente de agresiones violentas de los “menas” en municipios como Castelldefels o Canet de Mar que levantaron a la población contra estos menores, siendo reprimida en sus protestas por el separatismo catalán y por la dictadura progre.  

Madrid, en 2020, está llevándose la palma en cuanto a sufrimiento de las conductas delictivas y violentas de los “menas”. Tres de cada cuatro menores detenidos por vandalismo y agresiones en la capital de España son “menas”. Pero no sólo Madrid sufre hoy a estos muchachos cuyo hobbie es el delito. Hace unos días un grupo de 16 africanas agredió en Mallorca a una niña de 13 años por ser hija de un guardia civil. “Menas” y okupas también se enfrentaron en Tarragona. El barrio madrileño de Hortaleza se llenó de sangre y violencia cuando tres “menas” agredieron a un joven que se negó a darles un cigarro.

La lista de barrios, pueblos y ciudades sometidas a la impronta del salvajismo de los “menas” es extensa. Su cultura y hábitos son hostiles a un Estado de derecho europeo. Pero su estancia en España gracias a las políticas de PSOE y PP durante 20 años…les hace “in expulsables” o, dicho de otra manera, nos los tenemos que comer con patatas. ¿Qué artificios legales ideados por el consenso progre de PP y PSOE hacen que los “menas” sean una bomba de relojería beneficiada por la impunidad y por la no expulsión de nuestro suelo?

Hay que comenzar señalando a un responsable directo de haber establecido la protección “garantista”, tramposa y férreamente suicida que conserva a los “menas” en España con todos los derechos.  Fue el PP de Mariano Rajoy, que en 2014 aprobó el protocolo legal y policial, y de coordinación de administraciones, en virtud del cual los “menas” gozan de asesoramiento jurídico, establecimiento con atención primaria y de todo tipo, y de permanencia indefinida en España. El 16 de octubre de 2014, la administración del PP  publicó el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados (BOE-A-2014-10515), que fue aprobado en reunión de 22 de julio de 2014 por los ministros de Empleo y Seguridad Social, de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como por el Fiscal General del Estado, el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el objeto de coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas,” desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del Servicio Público de protección de menores y documentación”.

De este modo, según enfatizaron los cargos del PP, se actuaba dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 190.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y, ¿quién aprobó la infecta “ley de extranjería” del año 2000 que, como todos sabemos, confiere trato privilegiado a los “menas” y a otros inmigrantes irregulares, sin establecer mecanismos férreos de expulsión ni frenar la invasión de ilegales que comenzaron a penetrar masivamente en los años 2000? Un ex presidente llamado José María Aznar, que puso el marxismo cultural, el pensamiento progre y la sumisión a los réditos de la mano de obra barata inmigrante, por encima de la protección al trabajador español, lastimado en sus salarios hundidos y en sus condiciones laborales depredadas. La sumisión “aznaril” a la corrección política, al cuento de que “venían pagarnos las pensiones”, y su conexión con los grandes magnates empresariales del ladrillazo y los grandes bancos, convirtieron la inmigración masiva en una realidad que luego asentaría Rodríguez Zapatero con sus regularizaciones masivas.

Mariano Rajoy completaría en 2014 la “obra” para blanquear y asentar a los “menas”, como he dicho antes. ¿Qué parapeto utilizó Mariano Rajoy en 2014 para crear los protocolos policiales, administrativos y judiciales favorables a los “menas”, y a su no expulsión de territorio español?   Pues una interpretación del artículo 3.1 de un Tratado absurdo, impuesto desde un ente hermético y no electo llamado ONU: la Convención de Derechos del Niño, que reza: "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés del niño". Ojo con la expresión “el interés del niño”, porque va a ser convertida por el PP y el PSOE en ariete para, bajo su alegato, mantener en suelo español a todos los “menas” con independencia de su comportamiento delictivo o la capacidad de la hacienda pública y la seguridad social cada vez más mermadas.

El “mena” que arriba a suelo español será informado de todos sus “derechos”, y se pondrá a disposición de un enjambre de instancias burocráticas y de ONGs dispuestas a semejante tarea.  Esto dicen los protocolos de Rajoy, aprobados en 2014 : “Los Servicios de Protección de Menores informarán al menor extranjero, de modo fehaciente y en un idioma comprensible para éste, del contenido básico del derecho a la protección internacional y del procedimiento previsto para su solicitud, así como de la normativa vigente en materia de protección de menores y especialmente en trata de seres humanos. De dicha actuación quedará constancia escrita”. Es decir: España crea un sistema administrativo de más enchufados, para aleccionar en sus “derechos” a los “menas” que no reciben, sin embargo, recomendación alguna sobre sus “obligaciones” a acatar o sobre los plazos efectivos en que tendrán que abandonar el país.

Además, deberemos mantener al “mena” para siempre, y es que… nunca abandonará España.  Gracias a la politización, burocratización e intereses espurios, un “mena” no puede ser expulsado de España. Como dice el protocolo referido: De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación a su país de origen solamente se acordará si se dieren las condiciones para la efectiva reagrupación familiar del menor, o para la adecuada tutela por parte de los servicios de protección de menores del país de origen. El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración General del Estado o, en su caso, a propuesta de la Entidad pública que ejerce la tutela del menor”. 

¿Quién ostenta el poder de la Administración del Estado así como las entidades públicas de tutela sobre los “menas”?  ¿Quiénes son los únicos que podrían instar a la devolución a sus países? Pues los partidos políticos del consenso progre y pro-inmigracionista (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y separatistas) que nunca lo harán porque son los que han hecho las normativas “pro-menas”, y los que dirigen las entidades públicas que tutelan a estos menores.

Según la normativa, la Administración General del Estado –en manos del consenso progre- es la competente para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación desde España actuando a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y éstas por medio de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Policía Nacional, que se pondrán en contacto con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realice las gestiones necesarias ante las Embajadas y Consulados correspondientes, con el fin de localizar a los familiares de los menores o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país de origen que se hicieren responsables de ellos.

¿Saben que posibilidad existe de localizar a los familiares de los “menas” para devolvérselos, o de entregárselos a los “servicios de protección de menores” marroquíes, paupérrimos y prácticamente inexistentes? Ninguna. Además de que ninguna es también la voluntad del estado español de repatriar a los “menas”.

Pero es que además existe una especie de “clausula” que impide, a todas luces, hacer efectiva la deportación del “mena”; y es que las ONG´s y los servicios sociales, validados por el gobierno como “autoridades” emisoras de dictámenes de obligado acatamiento, jamás informarán a favor de una devolución agarrándose a otro polémico punto del protocolo:Una vez localizada la familia del menor o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país, se procederá a la repatriación tras la verificación de que no existe riesgo o peligro para la integridad del menor, de su persecución o la de sus familiares”.

Es evidente que en base a este argumento, y para los encargados de verificar ese “no riesgo” para el menor  –ONGs, asociaciones paniaguadas y servicios sociales- el peligro en el retorno del menor a su país siempre va a existir: y es que su lucro y su mamandurria dependen de que los “menas” se queden en España. A estos chupópteros variados Marruecos, que presenta un 15 por cien de población por debajo del umbral de la pobreza, les va a servir como coartada idónea para mantener en suelo español a los miles de “menas” que jamás serán devueltos, sembrando la devastación en nuestros barrios.

“La repatriación del menor será acordada por el Delegado o, Subdelegado del Gobierno en su caso, y se efectuará a costa de la familia del menor o de los servicios de protección de menores de su país. Subsidiariamente, la Administración General del Estado se hará cargo del coste de la repatriación”. En román paladino: un delegado de gobierno español, estomago agradecido dependiente del gobierno social-comunista, jamás interesará una repatriación de “mena” mientras George Soros y el consenso progre impongan la invasión tercermundista de España y Europa, y en caso de llevarse a cabo alguna la pagaría el sufrido contribuyente español.

Además, el “mena” tendrá garantizado un permiso legal de permanencia y residencia en suelo español en la mayoría de ocasiones, dada la imposibilidad de retornarlo a su país. Según la normativa española mencionada: “Transcurridos tres meses desde que el menor haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores y una vez intentada la repatriación con su familia o al país de origen, si ésta no hubiera sido posible, se procederá a otorgarle la autorización de residencia a la que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. En todo caso, el hecho de no contar con autorización de residencia no supondrá obstáculo para el acceso del menor a aquellas actividades o programas de educación o formación que, a criterio de la entidad de protección de menores competente, redunden en su beneficio”.

O dicho de otro modo: el “mena” que viene se queda, de forma legal y para siempre, y aunque no ostente permiso de residencia podrá beneficiarse de estudios pagados, ayudas en metálico y actividades de ocio sufragadas por el contribuyente español. Además, si una vez alcanzada la mayoría de edad, el “mena” no tuviera permiso de residencia, pero ha hecho cursos o actividades programadas de “integración”, obtendrá un permiso legal de residencia temporal.

Conclusión: el “mena” que entra, viene para quedarse. Jamás será retornado. Gozará de atención primaria, subsidios, sanidad gratuita y de un permiso de residencia que le facultará, a futuro, para alcanzar derechos de ciudadanía.

Los españoles jamás seremos informados del monto total de dinero público autonómico, local y estatal que conlleva mantener a los “menas”, aunque sabemos la media del coste de cada plaza de “mena”, así como el chollazo de los “centros de atención de menores” donde son radicados y que gozan de los contratos públicos a entidades amigas en cada Comunidad Autónoma. Dichos centros de “menas” son untados con orondas subvenciones estatales y europeas por cada menor tutelado, que pueden alcanzar los 3000 euros por plaza. 
 
Con la implantación permanente de estos jóvenes inmigrantes en nuestro suelo, la izquierda cosecha un vivero de futuros votantes locales y nacionales que una vez arraigados en España, con familiares reagrupados en nuestro país, y con derechos a solicitud de nacionalidad pasado un tiempo, llenarán las urnas con los votos que empoderarán a separatistas e izquierdistas. No en vano, en la Cataluña de Quim Torra, región europea con mayor presión islámica, las familias musulmanas arraigadas en la región adquieren ayudas superiores a los 1200 euros por unidad familiar.

En la comunidad valenciana, en una política continuadora de la del PP de Francisco Camps –que introdujo la “renta de inserción” para inmigrantes así como la reserva de plazas escolares o las becas comedor-, los inmigrantes ilegales se beneficiaban de subsidios superiores a 532 euros gracias a la “paga” impulsada por la catalanista Mónica Oltra – vicepresidenta del ejecutivo regional-. A partir de ahora van a ver agrandado el subsidio que reciben gracias al “Ingreso mínimo vital” recientemente aprobado en las Cortes españolas por el voto a favor del consenso progre del hemiciclo (PP, izquierdistas, ciudadanitas y separatistas).

Los Acuerdos de repatriación de menores suscritos con Marruecos y en vigor desde 2013 han sido –en la práctica- anulados por Rajoy primero, y por Pedro Sánchez después, para bajar sus pantalones ante la monarquía alauí. Es decir, que en un alarde de estupidismo buenista, el consenso progre de España decide “adoptar a los menas”, y lo hace aduciendo una “Convención internacional de derechos del niño” que es sólo un instrumento servidor de los gobiernos sátrapas que, como el marroquí, desean lanzar contra terceros Estados las situaciones de necesidad que ellos no quieren atacar en sus países. De paso convierten a España en feudo de delitos, delincuencia y vaciamiento de las arcas públicas y sociales.

España podría defender sus fronteras, expulsar a los “menas” y pasarse por el forro la citada “Convención” internacional de derechos del niño que, por otro lado, es violada a placer por el reino de Marruecos al no procurar desarrollo social ni económico a sus menores, ni custodia efectiva ni atención a sus necesidades básicas. Por tanto, es del género imbécil, cumplir una Convención que los demás –Marruecos y otros países del Magreb- incumplen sistemáticamente en contra de los intereses de España. España tiene pleno derecho a defender su soberanía y su seguridad ciudadana y social contra terceros países carroñeros, y debería hacerlo si estuviera guiada por gobernantes patriotas y no por expoliadores social-comunistas.

Que España no deporte a los “menas”, además de ser demostrativo del seguidismo de las tesis clientelares de la izquierda, es también demostrativo del infame “Pacto mundial de Marrakech” aprobado en diciembre de 2018 y que obliga a nuestro país –en la práctica- a no distinguir inmigración ilegal de legal y a dar barra libre de derechos y ayuda a todos los inmigrantes.  

Los gobiernos apátridas de PSOE y PP han firmado, a lo largo de décadas, y en contra de los intereses del pueblo español, los peores Tratados y pactos al servicio de los poderes mundialistas ávidos de importar miseria a las Naciones antaño libres y desarrolladas.

El objetivo preclaro de Pedro Sánchez potenciando la inmigración de sustitución con la aceptación de los miles de ilegales que nos invaden todas las semanas es la sumisión a las oligarquías globalistas deseosas del mundo mercantilizado y sin fronteras nacionales. Un mundo donde las grandes mafias del tráfico de personas y las ONGs subsidiadas –Open arms, SOS racismo etc- hagan el agosto para destruir las fronteras nacionales y engendrar sociedades atomizadas a gusto de las grandes corporaciones financieras y empresariales entre las que destacan las de George Soros, Bill Gates , el clan Rockefeller y la familia Rothschild; todos ellos con una apuesta denodada por la invasión inmigrante a la que financian y promocionan. Las reuniones de Pedro Sánchez y Soros exteriorizaron la alianza con los poderes mundialistas.

LA PREGUNTA DEL MILLON: ¿Es lógico, legítimo y de sentido común que España se “meriende” todos los “menas” que envía Marruecos sin tasa mientras…?

Marruecos asigna 250 millones  de euros a la familia real. La fortuna de Mohamed VI supera los 5000 millones de dólares; el quinto más adinerado de toda África y primero de su país. Posee doce palacios y 1100 sirvientes por un millón de euros al día. Disfruta del “castillo de Betz”, en Francia, una propiedad de 71 hectáreas. Le sirve de recreo el hotel “Royal Mansour”, construido en 2007 y considerado el cuarto más lujoso del mundo, sito en Marrakech y destinado a amigos y familiares preferentemente. Posee el “Badis 1”, uno de los diez yates más grandes del mundo. Ostenta una colección de coches antiguos y de lujo de 600 vehículos que cuestan 6 millones de euros al presupuesto marroquí. Tiene pasión por los relojes de más de un millón de euros. Controla el mayor grupo financiero de Marruecos, Al Mada, presente en los sectores más estratégicos de la economía marroquí. 

La familia real de Mohamed VI, además de sus numerosas tierras y residencias, obtiene la mayor parte de su fortuna del grupo privado más grande del país. El holding fue una herencia real, pero solo el 13%. Sin embargo, en estos 20 años se ha fortalecido y el grupo se ha expandido. Hoy es un imperio que posee acciones en más de una treintena de compañías, algunas multinacionales, distribuidas en una quincena de sectores económicos importantes.


El gobierno social-comunista español, en nombre del multiculturalismo ha convertido a España en mamporrera de una monarquía marroquí enriquecida en su afán de lucro construido sobre la miseria de parte de su pueblo. Es singular la cara dura de Mohamed VI al exportar a nuestro país a todos esos “menas” que sobradamente, y dada su gigantesca fortuna, podría y DEBERÍA mantener.

El 15% de la población marroquí vive por debajo del umbral de pobreza. La explotación infantil en Marruecos es parte de un tráfico que raramente es castigado por la ley y que se beneficia del gobierno social-comunista español que lo atrae como receptor de los “menas”. Mohamed VI se frota las manos.  

Resulta desagradable, mezquino y repudiable que el enriquecido y déspota monarca marroquí endose los “menas” a España, nación con 7 millones de parados reales, con sinuosas colas del hambre y con el peor hundimiento económico sobre el PIB del mundo desarrollado y a la espera de la peor recesión en nuestra historia jamás conocida desde la tétrica gestión económica del bando republicano durante la guerra civil española.

La seguridad de España, el orden público y la paz de nuestros barrios está enturbiada por las turbas de “menas”, consecuencia del caciquismo irresponsable de una élite política y real marroquí que prefieren agrandar su riqueza antes que el bienestar de su propio pueblo. La izquierda española, ávida de clientelismo político y electoral, acepta complacida la extorsión de Marruecos y sacrifica la paz y convivencia en nuestros barrios.  

España no puede permanecer inerme ante una invasión que pone en riesgo la vida de nuestros hijos, de nuestros mayores y la salud de nuestra economía por el capricho de los izquierdistas españoles y de los caciques marroquíes.

Si queremos que nuestra sociedad vuelva a respirar, las políticas de “menas” y de puertas abiertas del consenso progre han de ser laminadas y debemos iniciar un estricto control fronterizo con fuerza policial rigurosa y deportaciones masivas. El Magreb, y especialmente Marruecos como principal exportador de “menas”, han tomado a España como el “coño de la Bernarda”. Es una afrenta y una indignidad que en forma de sangre y violencia ya estamos pagando.

Las consecuencias nefastas de la inmigración promovida por las políticas del consenso progre sólo podrán ser desplazadas cuando una fuerza política soberanista y patriota decida recuperar para España algo que tuvimos hasta hace algunas décadas y que nos servía para construir la Patria, lo mismo que las paredes construyen el hogar: nuestras fronteras nacionales.

Los españoles, primero. ¡Alto a la invasión!