En España, si usted opta por el régimen económico de separación de bienes, entonces debe ir a un notario y firmar un contrato conocido como Capitulaciones Matrimoniales, que además debe presentar en el Registro Civil, de modo que quede anotado el régimen económico que ha elegido en la inscripción de su matrimonio. Para comprobar que está registrado sólo tiene que solicitar una partida de matrimonio y observar si aparece anotado al margen. Si no realiza esta gestión, el régimen económico que se le aplica, al ser el preferente, es el ganancial, excepto en Cataluña, Baleares, comunidades donde sucede justo lo contrario, es decir, el régimen preferente es la separación de bienes y en ellas habría que solicitar el régimen ganancial. En Aragón rige el denominado Consorcio Conyugal que se regula en la Ley 2/2003 y que es muy similar al régimen ganancial. En el País Vasco también rige como régimen supletorio el de gananciales con algunas excepciones en territorios de Vizcaya.

Pero en lo que debe reparar muy mucho es en cómo se gestiona el dinero dentro de su matrimonio, pues ahí está la clave, ya que el régimen económico de un matrimonio, en esencia, se determina por la forma concreta en que se mueve el dinero (ingresos y gastos), sin perjuicio de la indudable eficacia que se desprende de la modalidad de inscripción en el Registro Civil, ganancial o en separación de bienes. Ojito porque un régimen económico en separación de bienes en el que sólo exista una cuenta corriente mancomunada y solidaria con las dos nóminas domiciliadas, en caso de divorcio se podría asimilar, como se ha dicho, en algunos aspectos, al régimen ganancial, pues podría generar, en caso de adquisición de bienes pagados desde esa cuenta, un proindiviso en proporción a las respectivas aportaciones.

En todo caso, si un cónyuge desempeña una actividad comercial o empresarial, entonces es conveniente optar por el régimen de separación de bienes, para desvincular de dicha responsabilidad al cónyuge no empresario o comerciante. Dado que si sociedad fuese en gananciales, esa responsabilidad le podría afectar directamente en caso de insuficiencia de bienes privativos del cónyuge comerciante o empresario deudor, pues los acreedores podrían dirigirse contra los bienes comunes integrados en el activo ganancial.

Otro régimen muy poco conocido, y que resulta muy aconsejable, es el de participación, que es una combinación entre el régimen de separación, que regiría constante matrimonio (cada uno adquiere bienes y sus ingresos son privativos mientras se encuentren casados), y el régimen de gananciales que regiría en cuanto a los efectos de su disolución cuando se extinga el régimen, es decir, llegado el caso de una separación o divorcio, en cuyo momento ambos participarían en las deudas y ganancias generadas durante el matrimonio.

Y dentro del principio de autonomía de la voluntad, nada impide, y es más, podría resultar conveniente para parejas no casadas, pero con una larga y estable relación, que en casos de parejas de hecho se pacte un régimen económico que regule las consecuencias patrimoniales de la convivencia.

 

José R. Barrios