El pasado sábado 11 de abril, la Agencia Europa Press difundió la noticia de que los diputados del PP por Granada, Carlos Rojas y Pablo Hispán, han lamentado que "la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez" haya dado lugar a "situaciones indeseadas" e "incidentes tan desafortunados", como el ocurrido en la Catedral de Granada, donde la celebración de los oficios del Viernes Santo ha tenido que ser suspendida tras personarse la Policía Nacional en el templo, creyendo que no se habría producido con una "gestión más seria".

Europa Press añade que estos diputados pedirán explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que el real decreto por el que se establece el estado de alarma "no tiene capacidad para limitar derechos fundamentales como el de la libertad religiosa". Además, exigirán conocer las directrices exactas que se dieron por parte de la Subdelegación del Gobierno en Granada, añadiendo que "este es el resultado de hacer las cosas mal reiteradamente, un hecho que Pablo Casado ya ha denunciado en sucesivas ocasiones y, a pesar de ello, Pedro Sánchez no solamente nos desoye, sino que ha pasado al insulto", ahondan.

Mi ideología, sin tendencia izquierdista alguna, y los motivos que expongo a continuación sobre una cuestión análoga a la citada anteriormente, me impulsan a dar cumplida respuesta a estos estos osados e indocumentados parlamentarios del PP sobre su opinión acerca de una determinada gestión de Gobierno de un acto religioso, negando la capacidad gubernativa para limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa.

Desde hace más de 2 años, las principales figuras del PP vienen dispensando el más displicente silencio o la sistemática negativa a mis reiteradas solicitudes, a fin de que el Ministerio del Interior y los ayuntamientos dirigidos por dicha fuerza política tramiten los actos religiosos católicos en la vía pública según establece la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, coincidiendo ilegal, paradójica e incomprensiblemente con el PSOE, de lo que se deriva una continua, reiterada y contumaz vulneración de la normativa en cuestión.

Durante el Gobierno Rajoy, la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida entonces por José Antonio Nieto Ballesteros, del PP, y el Subdelegado del Gobierno en Madrid, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, del PP, dictaminaron en sendos escritos de 13 de julio y 2 de noviembre de 2017 respectivamente que “la realización de actos religiosos en la vía pública debe atenerse a lo establecido en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión”.

Dicha Ley Orgánica 9/1983, al igual que nuestra vigente Constitución, establece que ninguna reunión estará sometida al régimen de autorización previa, debiendo ser “comunicada” por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente (delegaciones y subdelegaciones del Gobierno) por sus organizadores o promotores en lugar de solicitar “autorización” a los respectivos ayuntamientos como ilegalmente se venía realizando con anterioridad.

Con anterioridad al nombramiento de Pablo Hispán como Jefe de Gabinete de Pablo Casado el 21 de julio de 2018, le he dirigido reiterados correos electrónicos solicitando entrevista con Mariano Rajoy y posteriormente, ya como Jefe de Gabinete de Pablo Casado, con éste, a fin de que los organismos estatales y municipales gobernados por el PP respetasen e hiciesen respetar la mencionada Ley Orgánica 9/1983 en la tramitación de actos religiosos en la vía pública, con su permanente respuesta negativa o su indiferente silencio.

El resultado de estos antecedentes se traduce en que desde el Gobierno Rajoy hasta la fecha, los organismos estatales y municipales gobernados por el PP, entre ellos nada menos que el Ayuntamiento de la capital del Estado, vienen conculcando por sistema la mencionada Ley Orgánica 9/1983, a pesar de que la Secretaría de Estado de Seguridad y el Subdelegado del Gobierno en Madrid, gobernados por miembros del PP, hayan proclamado hace 3 años por escrito que “las reuniones con finalidad religiosa en lugares de tránsito público deben quedar sujetas al régimen general de comunicación de los artículos 8 al 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión”

Es imposible que estos ¿parlamentarios? y el partido que representan puedan hacer un ridículo mayor: huelga decir dónde se tienen que guardar la lengua la próxima vez en lugar de decir estupideces.

Como ya he manifestado otras veces, estas necedades del Sr Rojas y del Sr Hispán, derivan solo y exclusivamente de la patológica soberbia que aflige a los dirigentes del PP creyendo que sus dichos y sus hechos son artículos de fe hasta el extremo de situarse por encima del ciudadano y de la ley.

Señores del PP, los españoles no les aguantamos más.