La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la colocación de banderas esteladas en espacios públicos. Su decisión, que respalda a la sentencia dictada el 22 de julio de 2016 por el juzgado de lo Contencioso Número 2 de Barcelona, “desestima” la apelación interpuesta por el Ayuntamiento de Sant Cugat de Vallés, así como les obliga a pagar hasta 2.000 euros provenientes de las costas devengadas en esta alzada.

 

La sentencia afirma que “no cabe aceptar de ningún modo que la colocación de las banderas partidistas en edificios y lugares públicos constituya un acto de 'obligado' cumplimiento que se impone a los Alcaldes por cuanto obedece a la decisión 'democrática' de un pleno municipal adoptada con el voto de concejales democráticamente elegidos”.

 

Asimismo, explica que, como indica el fundamento cuarto de la misma Sentencia, no puede invocarse la libertad de expresión, tal como sostiene la doctrina del Tribunal Constitucional al indicar que "las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 CE”.

 

La sentencia es bastante contundente y afirma que “en definitiva, la actividad impugnada supone la privatización del espacio público, de uso común, mediante su ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista, con vulneración de los principios de objetividad y neutralidad institucional, todo lo cual nos lleva a la desestimación del recurso de apelación interpuesto y a la confirmación de la sentencia recurrida”.

 

Sin validez legal

 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también recuerda que “es notorio que la bandera "estelada" constituye un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes representados por una parte de los partidos políticos, y sistemáticamente empleado por aquellas fuerzas políticas que defienden esa opción independentista, pero carece de reconocimiento legal válido como símbolo oficial de ninguna Administración territorial”.