Entrevista con Marcin Romanowski, viceministro de Justicia polaco. Doctor en Derecho, fue director del Instituto de Justicia entre 2016 y 2019. El 4 de junio de 2019, el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, le nombró subsecretario de Estado en el Ministerio de Justicia y responsable de la ciberseguridad del sistema judicial y de la implantación de nuevas tecnologías en el ámbito de justicia. Marcin Romanowski pertenece a Solidarna Polska (Polonia Unida), uno de los tres partidos que componen la coalición gobernante Zjednoczona Prawica (Derecha Unida).

Polonia ratificó la Convención de Estambul en 2015, un tratado que usted definió como un Caballo de Troya de la izquierda. Sin embargo, y a instancias de su ministerio, en marzo el parlamento polaco voto un texto “Sí a la familia. No al género” contra este tratado. ¿Está próxima la salida de Polonia de la Convención de Estambul? ¿Qué medidas ha tomado Polonia contra la violencia doméstica?

Polonia se opone firmemente a la tesis neomarxista de la lucha de clases, que hoy se ha reducido a una batalla de sexos. Hace tiempo los marxistas veían el mal de este mundo en el capital. Era el capital el que dividía a las personas en mejores y peores, era la fuente de toda la miseria y la explotación. Las élites liberales de izquierda de hoy se refieren a la misma narrativa, excepto que en lugar del capital ponen el sexo (el género, como intentan redefinirlo). Se supone que el género es la supuesta causa de la desgracia de la humanidad, el que divide a la gente en mejores, los que participan en la vida social, política y económica, y peores, los excluidos. Se supone que estos últimos son las mujeres, las minorías sexuales, las personas con una identidad de género diferente. Según este punto de vista, se supone que cualquier estigmatización basada en el género o la identidad sexual es la causa fundamental de los fracasos, las dificultades e incluso los dramas de la vida. En el mundo moderno, el género y la sexualidad se han convertido en el lienzo de supuestas divisiones, discriminaciones, patologías y todas las exclusiones posibles, incluida la fuente de la violencia doméstica. Según los eslóganes planteados por la vanguardia de la izquierda, la aniquilación del género, la obliteración de las diferencias entre mujeres y hombres, tal vez incluso la introducción de una categoría completamente nueva del tercer género, y la falta de diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género se supone que traerán una nueva liberación, la supuesta esencia de la revolución liberal y la solución definitiva al problema de la violencia contra las mujeres. Nos oponemos a una narrativa tan primitiva. La verdadera lucha contra la violencia doméstica no puede reducirse a la identificación abstracta de su supuesto origen y a la creación de informes burocráticos y educación intrusiva que nos hagan creer que la división entre hombres y mujeres es fundamentalmente falsa. Problemas como la violencia doméstica o la exclusión son mucho más profundos, diversos y matizados. Las fuentes de las disfunciones en la familia son diversas patologías como el abuso del alcohol o de las drogas, diversas adicciones, sucesos aleatorios causados por el desempleo o la pobreza, o una educación insuficiente que bloquea las posibilidades de ascenso social, o la sexualización de la mujer en los medios de comunicación. En nuestra opinión, la visión del hombre propuesta en el Convenio de Estambul es demasiado primitiva. El mundo y su complejidad no son un problema de sexualidad humana estrechamente entendida, que hoy, entre otras cosas debido a los medios, está en nuestra opinión excesivamente agudizada, o incluso distorsionada. El mundo actual es una multitud de problemas complejos, a menudo estratificados y multiplicados. La tarea del Estado es desactivarlos hábilmente. Esto es lo que hemos hecho, por ejemplo, con la violencia doméstica en Polonia, que no vemos a través del prisma de la batalla de sexos. Toda violencia doméstica, independientemente de su origen, debe ser eliminada o al menos minimizada. Esto es lo que ha hecho el legislador polaco al aprobar la llamada ley antiviolencia, que protege a la víctima y, al mismo tiempo, prevé la separación efectiva del agresor de la víctima, independientemente de la causa del conflicto doméstico. La policía está autorizada a emitir una orden judicial que obligue al agresor a abandonar la casa inmediatamente durante la intervención policial. Se trata de un mecanismo legal que proporciona una protección real y de hecho a la víctima. También existe una red de ayuda especial compuesta por 365 centros repartidos por toda Polonia, financiados con un fondo creado por el Ministerio de Justicia - Fundusz Sprawiedliwości (Fondo de Justicia), donde las víctimas, los familiares y los testigos pueden buscar ayuda legal y psicológica gratuita y profesional. Como resultado, la lucha contra la violencia doméstica tiene un carácter integral y el nivel de violencia doméstica real, no sólo el que figura en las estadísticas oficiales, es uno de los más bajos de Europa.

Dentro de esta obsesión por el género de la UE, usted participó en un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación de los LGBT en Polonia. Polonia es un estado de derecho, pero no deja de ser cuestionado desde Bruselas. ¿No son todas estas campañas un medio de la UE para imponer su agenda ideológica sobre los estados soberanos de la Unión?

Aquí es donde radica el problema fundamental. A lo que nos enfrentamos actualmente en el espacio público europeo es a una negación de la democracia y del pluralismo. En una democracia clásica, había una pluralidad de opiniones, pensamientos e ideas. Todo el mundo tenía derecho a decir lo que pensaba y, en el debate público, la opinión mayoritaria estaba clara.  Hoy hemos olvidado este principio de la democracia. En su lugar, tenemos un relativismo de largo alcance. Los heraldos políticos de la izquierda definen con autoridad lo que es una norma aceptable en el debate público, y lo que se define como “ortodoxia” peligrosa, “fascismo” o “fanatismo religioso”.  El relativismo, impregnado de la mancha ideológica de los activistas liberales de izquierda, expulsa del espacio público todo aquello con lo que no está de acuerdo. El enemigo número uno es la fe y los valores tradicionales, pero también el Estado-nación y su sustrato en forma de pueblo. En cambio, la fantasmagoría izquierdista crea una visión utópica sin religión, sin valores y sin Estado, y en su lugar, se nos atrae con una visión de un internacionalismo pseudosocialista con un nuevo disfraz que se supone que traerá la felicidad a todos. Esto se logrará mediante la imposición de una narrativa uniforme y la eliminación de todo lo que consideramos superstición o algo que no encaja en “nuestra” visión del mundo. Hasta dónde ha llegado este proceso lo demuestra el hecho de que todo lo que solía ser la norma, como una familia formada por un padre, una madre y un hijo, se considera ahora un bicho raro, mientras que el título de familia lo reclaman diversas relaciones en las que el niño es tratado como un objeto. Todo esto atomiza la sociedad, socava sus fundamentos sociales, psicológicos y culturales y, al final, debe terminar con un desastre.

Esta agenda ideológica es totalitaria y no acepta puntos de vista diferentes. Un caso muy revelador fue el que sucedió en Polonia hace dos años cuando un director de IKEA despidió a un empleado por no apoyar un día de solidaridad con los LGBT. El director fue procesado por discriminar a su empleado. Usted manifestó entonces que no permitiría la dictadura del relativismo ni la ideologización de los lugares de trabajo.

Todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar los fenómenos negativos en los espacios públicos. La cultura del debate público es un ámbito crucial para el funcionamiento de la democracia. Toda falta de respeto a otro ser humano es reprobable y debe ser condenada. Sin embargo, el problema del discurso del odio es diferente. Para algunos círculos políticos, se ha convertido en una herramienta de propaganda ideológica, que se supone debe formar un “hombre nuevo”. El debate público, especialmente en una democracia, debe ser abierto y pluralista. Y mientras tanto, el discurso del odio inventado por los ideólogos de la izquierda liberal es lo que ahoga el debate democrático. Lo que, en nombre del supuesto respeto a otro ser humano, suprime las opiniones con las que los izquierdistas no están de acuerdo y elimina los puntos de vista que no encajan en la visión radical-liberal selectivamente elegida del estado, la sociedad y la política. Uno se pregunta con qué odio se intenta cuestionar y eliminar del espacio público las opiniones que se basan, por ejemplo, en la fe, los valores tradicionales y los patrones culturales asimilados. El caso del profesor de Islandia, que se atrevió a hablar críticamente sobre la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo y por ello el TEDH le atribuyó discurso de odio, es impactante. Al igual que la estigmatización de una política finlandesa por el simple hecho de citar la Biblia en un debate público, que la llevó a ser considerada una fanática religiosa que difunde el veneno del odio religioso. Estamos observando una tendencia extremadamente peligrosa en la que la lucha contra el “discurso del odio” sirve para estigmatizar las opiniones con las que la corriente principal de la izquierda no está de acuerdo. Aplicar la misma medida en la otra dirección se topa con una agresión descarada. Los ataques a los católicos y la ridiculización de los valores tradicionales se explican por la libertad de debate público, el pluralismo, etc. En consecuencia, el principal problema del discurso del odio es su dislocación. El estigma del discurso del odio se suele atribuir a opiniones difíciles de aceptar por la mayoría liberal-izquierdista, mientras que los ataques abiertos a la iglesia, la fe, la familia o los defensores de la vida se protegen con el paraguas de la libertad de expresión liberal.

La Comisión Europea dice estar muy preocupada por el “discurso de odio” y quiere elaborar una lista de crímenes de odio para finales de este año. En España, por ejemplo, el gobierno de izquierdas quiere convertir en delito algunas actividades de los grupos provida. Este “discurso de odio”, ¿no es en realidad otra herramienta para perseguir a los países disidentes como Polonia y Hungría o para criminalizar los valores cristianos?

Me temo que sí. Desde hace tiempo, la Comisión Europea viene dando razones para creer que la lucha contra el llamado discurso del odio será un pretexto más para ejercer presión política sobre los países que no aceptan irreflexivamente los cambios ideológicos, sociales y culturales impuestos por las élites y los neomarxistas de Bruselas. Vemos que la “protección” contra la incitación al odio sólo cubre a los liberales radicales, a las personas LGBT o a las minorías raciales. Aunque cada vez somos más testigos de los ataques a los cristianos, no escuchamos de los políticos europeos ni siquiera palabras de condena, y mucho menos acciones concretas. En la actualidad, la “incitación al odio” es un concepto abstracto y, al igual que el “Estado de Derecho”, la Unión Europea no ha definido condiciones específicas para su evaluación. Sin criterios precisos y supuestos objetivos, la Comisión Europea obtendrá una herramienta más de presión política. Asistiremos a la censura ideológica de todo aquel que no utilice la jerga de género o que simplemente exprese opiniones acordes con sus convicciones o su religión.

Strjak Kobiet, el movimiento proaborto de extrema izquierda, ha recibido un gran apoyo de los medios de comunicación occidentales y del Parlamento Europeo, y la financiación de muchas organizaciones de la red Soros. Este grupo ha protagonizado ataques contra iglesias y protestas violentas, ¿no este un caso real de “discurso de odio”?

Esto es exactamente de lo que estamos hablando. En Polonia, sobre todo después de 2015, nos enfrentamos a ataques sin precedentes contra la Iglesia, los sacerdotes, los creyentes o incluso las personas que profesan un sistema de valores tradicional. Manifestar el patriotismo, la fe, el apego a lo que constituye nuestro código genético-cultural por parte de muchos participantes de la vida política polaca es estigmatizado por los círculos agresivos de la izquierda, no sólo con palabras sino también con hechos. Las manifestaciones ilícitas, las profanaciones de monumentos y lugares importantes para el Estado, la nación y la Iglesia se consideran, por desgracia, como una manifestación del debate público normal. Incluso la paráfrasis pública de una santa misa por parte de personas pertenecientes a grupos LGBT con fuertes elementos obscenos se considera parte de ese “debate normal”. Son estos ejemplos de extremismo de izquierdas, desprecio por el patrimonio nacional y falta de respeto elemental por los demás los que nos llenan de verdadero horror. Si queremos hablar seriamente de discurso del odio, deberíamos tratar todas estas declaraciones como ofensivas para los católicos. Mientras tanto, la prohibición del discurso del odio que se promueve hoy en día es fuertemente asimétrica, hasta el punto de que las declaraciones de los políticos abiertamente conservadores son directamente estigmatizadas como odiosas, mientras que las declaraciones de los políticos y las políticas liberales de izquierdas, independientemente de su contenido, son vistas como una parte “natural” del debate público. La mejor prueba de ello son las declaraciones de F. Timmermans, quien, por un lado, calificó la manifestación patriótica con motivo del Día de la Independencia de Polonia en el Parlamento Europeo como la “marcha de los mil fascistas” y, por otro, calificó las reyertas callejeras de los activistas LGBT como la voz de la sociedad civil. Está claro que los principales defensores de la lucha contra el llamado discurso del odio se refieren a la censura arbitraria y a la limitación de la libertad de expresión de las personas con opiniones conservadoras.    

En enero Polonia anunció una ley para hacer frente a la censura de las grandes plataformas en redes sociales. ¿Cuándo saldrá esta ley? ¿Hay previstas sanciones económicas contra estas plataformas o contra los llamados “verificadores”?

Internet se ha convertido en el lugar donde tienen lugar la mayoría de los debates políticos y las disputas sobre la visión del mundo en estos días. Los ciudadanos expresan allí sus opiniones y deberían sentir que sus derechos están protegidos en el espacio online. Sin embargo, cada vez es más frecuente que se produzcan actos de censura, dirigidos principalmente a contenidos religiosos y tradicionales, o a la derecha en sentido amplio. Recientemente, YouTube bloqueó las transmisiones en directo de los servicios religiosos en Polonia. Gracias a una rápida reacción y a la presión de los políticos de nuestro partido y de muchas organizaciones cristianas, el canal fue rápidamente desbloqueado. Sin embargo, a menudo no es suficiente. Las actividades de censura de los gigantes digitales contradicen la idea de la libertad de expresión, por lo que nuestro proyecto parte de la base de que los gigantes de las redes sociales no podrán eliminar las publicaciones ni bloquear las cuentas de los usuarios polacos si el contenido que publican no viola la legislación polaca. El proyecto del Ministerio de Justicia prevé la creación del Consejo para la Libertad de Expresión (CLE), que velará por el principio constitucional de la libertad de expresión. Si el servicio bloquea una cuenta o elimina una entrada cuyo contenido no viola la legislación polaca, el usuario podrá presentar una queja al servicio. La queja deberá resolverse en un plazo de 48 horas. Si la empresa no restablece la entrada o mantiene la cuenta bloqueada, el usuario podrá presentar un recurso ante el CLE. Por no cumplir con las decisiones del CLE o del tribunal, el Consejo podrá imponer una multa a la plataforma de medios sociales por un importe de entre 12.000 a 12 millones de euros. Queremos que esta ley se vote cuanto antes porque los gigantes digitales se permiten interferir en las libertades fundamentales de los ciudadanos cada día más. Es necesario un marco legal específico en el que las plataformas online puedan operar y medidas adecuadas para limitar su impunidad. Nuestro proyecto está listo y fue presentado ya en febrero de este año, estamos esperando la decisión de nuestro socio de coalición más importante, Ley y Justicia, para iniciar el procedimiento legislativo sobre esta cuestión.

Zbigniew Ziobro, ministro de Justicia, y Marcin Romanowski

Usted colabora activamente con la minoría polaca en Ucrania. ¿Cuál es la situación de los polacos que viven en Ucrania o en Lituania? Por último, quería preguntarle por la integración de las minorías, como ucranianos, bielorrusos o alemanes, que viven en Polonia.

Desde hace muchos años organizo la ayuda a la comunidad católica romana de Lviv y sus alrededores, en su mayoría polacos que viven allí, que organizan un hospicio a domicilio para niños, iniciativas para jóvenes y obras de caridad. Actualmente, en el marco de un proyecto educativo denominado Taller de Líderes Jurídicos, en el que participan cada año más de un centenar de destacados estudiantes y jóvenes licenciados en Derecho, uno de los elementos del proyecto (aparte de las clases) es un viaje de voluntariado de una semana a Lviv. Este es un elemento muy importante para desarrollar la sensibilidad y el espíritu de servicio a los demás, y para formar la conciencia de que estos territorios pertenecieron a Polonia, mostrando su importancia fundamental para la cultura y la identidad polaca y europea. Por supuesto, no me refiero a una especie de revisionismo territorial, que no existe en Polonia. Los polacos que se quedaron no deben tener que elegir entre la pérdida de la identidad polaca o ir a Polonia, sino que deben tener un fuerte apoyo en el ámbito de la cultura, la educación, la enseñanza superior y las actividades sociales. Hungría, que se ocupa de la minoría húngara fuera de sus fronteras de forma extremadamente eficiente, eficaz y completa, es un modelo para mí. También hay mucho que desear en la actitud de las autoridades lituanas hacia los polacos locales, en el ámbito de la educación polaca y la devolución de los bienes confiscados por los comunistas después de 1945. Ucrania, al igual que Lituania, es un socio muy importante para nosotros. Sin una Ucrania estable, la seguridad de Polonia y de toda Europa Central está fundamentalmente amenazada. Sin embargo, todavía hay un punto doloroso en las relaciones entre Polonia y Ucrania: el genocidio cometido en 1943-1944 contra los polacos locales por los nacionalistas ucranianos que colaboraban con los alemanes. Por lo tanto, es difícil construir una comunidad polaco-ucraniana real y duradera sin rendir cuentas, sin afrontar la verdad sobre el pasado. En cuanto a la minoría ucraniana en Polonia: es una comunidad de más de un millón de personas que, tras la agresión rusa de 2014, busca seguridad y estabilidad económica en Polonia. Como consecuencia de la crisis militar aún en curso en Ucrania, Polonia ha aceptado en la práctica el mayor número de refugiados, cuantitativa y proporcionalmente, de toda Europa. Por lo tanto, las acusaciones de la Comisión Europea cuando Polonia se opuso a la reubicación forzosa de los llamados refugiados de Oriente Medio y África, son absurdas. En su gran mayoría no eran refugiados de guerra sino inmigrantes económicos. No aceptamos ni aceptaremos nunca que se nos obligue a acoger a inmigrantes económicos que son culturalmente ajenos y no respetan nuestras tradiciones. Tenemos una tradición y podemos ayudar a los auténticos refugiados de guerra, pero nos oponemos a la ingeniería social de la migración que está destruyendo los restos de la cultura cristiana de Occidente. Hemos abierto nuestras fronteras a los ucranianos que huyen tanto de la guerra como de la pobreza. Esto supone, por supuesto, un aumento muy valioso de la mano de obra en Polonia, que se está desarrollando económicamente de forma dinámica, pero inmersa en una crisis demográfica, y una inyección de personas cercanas a nosotros en lo cultural, lingüístico y religioso. Al igual que los bielorrusos, aún más cercanos en todos los aspectos. Creo que esta situación puede compararse de forma limitada con a la afluencia de un gran número de inmigrantes de Hispanoamérica a España a principios de este siglo. Polonia también tiene una tradición centenaria de tolerancia y multiculturalidad bien entendida, ya que durante casi 400 años creó el mayor estado territorial de Europa, poblado hoy por ucranianos, bielorrusos, lituanos, letones y alemanes. Era una monarquía constitucional con amplia participación de los ciudadanos en el gobierno y una tolerancia religiosa que permitía la coexistencia pacífica de católicos, protestantes, ortodoxos y judíos.