Cambio de tendencia.

Hubo dos acontecimientos que cambiaron radicalmente el panorama político en Cataluña. En octubre de 2017 se produjo un intento frustrado de secesión a cargo de la Generalidad, controlada por los separatistas. Este hecho -junto a dos grandes manifestaciones constitucionalistas que superaron el millón de personas- abrió los ojos a la sociedad española sobre la situación real en Cataluña y las intenciones de sus gobernantes. Por otro lado, en diciembre de 2020 una histórica sentencia del Tribunal Supremo confirmaba la obligación de ofertar un 25 por ciento de clases en español, como mínimo, para todo el sistema educativo catalán, dando la razón a la demanda presentada por el abogado del Estado Severo Bueno, que obtenía así una trascendental victoria póstuma, pues había fallecido dos meses antes.

                           Manifestación en favor de la unidad de España. Barcelona, 8 de octubre de 2017

Aunque la Generalitat sigue apostando por la desobediencia a la Ley y las sentencias judiciales, ante la pasividad del Gobierno de la Nación, lo cierto es que por primera vez desde la Transición el separatismo está a la defensiva y es posible quebrar el inicuo e ilegal sistema de exclusión lingüística. No es de extrañar, entonces, la notable actividad desplegada por las asociaciones encuadradas en Escuela de Todos, así como por la entidad Hablamos Español. En este contexto hay que situar la intervención de Rafael Arenas y de Jesús Rul en las jornadas del PSC, o las discretas reuniones mantenidas con representantes de este partido.

Hay que decir que en el pasado también se intentaron contactos, por parte de personalidades del mundo constitucionalista, con el PSC para conseguir algún avance en los derechos de la población castellanohablante. Así, el diplomático Juan Claudio de Ramón y la lingüista Mercè Vilarrubias encabezaron un proyecto para promover una Ley española de Lenguas Oficiales que proponía hacer del catalán, el gallego y el vasco lenguas oficiales del Estado. Otros impulsores de este proyecto eran el historiador y miembro del PSC Joaquim Coll, el jurista de Impulso Ciudadano Ángel Puertas y el propio Rafael Arenas. Este proyecto podía ser visto como un gran avance para las lenguas regionales a cambio del reconocimiento de los derechos de la población hispano hablante en esas CC. AA. Pero, finalmente, el PSC prefirió seguir con la inmersión. También en el XIV Congreso del PSC, celebrado en 2019, se sugirió en un borrador flexibilizar la inmersión, pero todo quedó finalmente en agua de borrajas. En definitiva: el PSC jamás ha hecho la más mínima concesión a la población catalana hispano hablante, mayoritaria, en lo que se refiere al reconocimiento de sus derechos culturales. A pesar de que esta opresión lingüística se traduce en un déficit de oportunidades económicas y sociales; pues es un hecho constatado que los niños de lengua española inmersionados en catalán tienen un fracaso escolar 10 puntos por encima de los que han estudiado en su lengua materna, además de desarrollar un desapego a los estudios producto de la falta de identificación con su escuela.

 

Signo de sumisión.

Ciertamente, tanto Rafael Arenas como otros de sus compañeros en el mundo asociativo han criticado incisivamente la actitud del PSC. Pero, inexplicablemente, continúan detrás de él, pues nunca pierden la esperanza contra toda esperanza de que algún día el PSC les haga caso. Como una mujer a la que su novio engañara, humillara y maltratara continuamente; pero ella, tras unos apasionados desahogos verbales, siguiera prendada de un cínico que jamás se comprometerá en matrimonio, pues está a disposición permanente de una vieja prostituta, horrenda y desdentada pero podrida de dinero. Resulta ciertamente descorazonador comprobar como a dos personas de la calidad humana e intelectual de Jesús Rul y Rafael Arenas el PSC no les permite desarrollar una ponencia en sus Jornadas, limitándose a dejarles hacer una pregunta desde el público, que los ponentes -todos ellos radicales partidarios del statu quo lingüístico- escuchan con displicencia y aire de incredulidad. Como si el PSC pretendiera que estos dos representantes cívicos reprodujeran el papelón de Pedro Sánchez, persiguiendo al presidente de EE. UU. Joe Biden por los pasillos, ante la indiferencia y el fastidio de este.

Ningún dirigente del PSC ni del resto de partidos que respalda la inmersión la elige para sus propios hijos. Conocen perfectamente el limitadísimo valor del catalán como instrumento de comunicación. Sin embargo, el catalán tiene un importante valor simbólico: es el signo visible de la sumisión de los grupos sociales más modestos a la oligarquía catalana. Por eso es irrenunciable su imposición a las masas populares desde la perspectiva de la oligarquía y de los partidos que tienen interés en preservarla, como el PSC. Y esto debe asumirlo el conjunto de la resistencia catalana, abandonando la peregrina idea de que la situación no puede cambiar sin el concurso del PSC. Por el contrario: las cosas sólo cambiarán si se considera al PSC parte del problema, nunca de la solución. Parafraseando a Marx, podríamos decir que la crítica al PSC desengaña a las asociaciones cívicas con el fin de que piensen, actúen, configuren su realidad como un hombre desengañado que ha entrado en razón, a fin de que gravite alrededor de sí mismo.

Ciertamente, estamos ante una oportunidad única de que se consolide el giro en la tendencia dominante de los últimos 40 años. Y es correcto desarrollar un avance gradualista en nuestras reivindicaciones. Habrá, por tanto, que ser posibilistas, pero sin renunciar jamás a los grandes objetivos estratégicos:  igualdad de derechos culturales y sociales; rechazo total a planteamientos e ideologías supremacistas; sociedad abierta, sin oligarquías ni corrupción; reconocimiento de la pluralidad social.

Para ello será conveniente un debate abierto dentro de la resistencia catalana, con prudencia y realismo, ciertamente; pero sin secretismos, censuras, autocensuras o exclusiones.