Vayan por delante mis disculpas por adelantar mi post semanal, pero creo que la cuestión así lo exige y que no admite más demora. Ayer mismo publiqué un corto post haciendo referencia a la presentación por parte del PSOE y UP de una propuesta de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ).[1] Con esta proposición pretenden rebajar la mayoría requerida para renovar al órgano de gobierno de los jueces. La propuesta supone que una parte de los veinte vocales que componen el Poder Judicial (12 de ellos, en concreto) puedan ser elegidos por mayoría absoluta (176 diputados) y no necesiten el apoyo de 3/5 (210) del Congreso y el Senado, como en la actualidad.

El asunto es ciertamente muy grave porque el Gobierno (Poder Ejecutivo) controla ya al poder legislativo (Cortes) y solo le queda por controlar al poder judicial que es el único que le está haciendo frente. Y como la LOPJ es una Ley orgánica, necesitan, tan solo, la mayoría absoluta del Congreso para su reforma, cosa que ya tienen de antemano (con el apoyo de sus socios independistas). Ahora bien, vayamos por partes, exponiendo primero el alcance de esta reforme y luego analizará la forma de impedir que se lleve a cabo (al menos, tal y como pretende este Gobierno)

Para comenzar, resulta necesaria la referencia a nuestra Constitución que en su articulo 122.3 se pronuncia en los siguientes términos:

“3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión."

Es decir, lo que ahora tiene intención de modificar el Gobierno por la vía de urgencia (al presentarlo como propuesta de Ley y no como proyecto de Ley) es el sistema actual para el nombramiento de los doce miembros a elegir por las Cortes (cuatro por el Congreso y otros cuatro por el Senado) entre Jueces y Magistrados. Sobre la forma en que deben ser elegidos estos doce jueces nada dice el artículo 122.3 de la Constitución, puesto que se limita a indicar que se realizará “en los términos que establezca la ley orgánica”. Esta Ley es la que actualmente regula el funcionamiento del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) en donde se establece la elección de sus miembros por las Cortes aplicando a todos ellos el mismo régimen de mayoría. Esto es, 3/5 de los Diputados del Congreso y 3/5 de los Senadores, tanto para los 8 miembros elegidos entre Juristas de prestigio como para los restantes 12 miembros que deben ser elegidos entre Jueces y Magistrados. No está de más añadir que hasta una reforma de la LOPJ llevada a cabo en 1986, los 12 miembros a elegir entre Jueces y Magistrados, eran elegidos por el propio Consejo del Poder Judicial a propuesta de una Junta Electoral. [2] Esto presuponía aceptar un sistema mixto para la elección de estos miembros similar al existente en Italia.

Pues bien, dicho todo lo anterior, la reforma que ahora se pretende por el Gobierno vendría a socavar la independencia del poder judicial, ya que si 12 de sus miembros fuesen elegidos por mayoría absoluta ello querría decir que perderían su independencia, al requerir el mismo tipo de mayoría que sustenta al propio Gobierno. O lo que es lo mismo, su independencia respecto del Gobierno resultaría muy cuestionable porque el CGPJ se encontraría controlado por los mismos grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Cosa que no sucedería si se siguiese aplicando la mayoría de 3/5 de cada cámara para la elección de estos miembros (al igual que sucede con los ocho designados entre juristas de reconocido prestigio).

A la vista de lo expuesto, me queda claro que la reforma que propone el Gobierno es contraria a la Constitución por cuanto viene a eliminar la independencia de un órgano que, constitucionalmente, debe ser considerado como independiente, en la medida en que se encuentra en la cúspide misma del poder judicial. Y si ya el Parlamento (Congreso y Senado) andan de la mano del propio Gobierno el Estado de Derecho y la separación de poderes que comporta se iría al garete si el poder judicial fuese también controlado por el Gobierno. Como ya dije en otra ocasión, los jueces deben ser independientes de los poderes externos, por mucho que estos representen la voluntad de una mayoría, ya que. por contraste con lo que sucede con los órganos del poder legislativo y del ejecutivo, no debe representar a mayorías ni a minorías.[3] Debe representar al Derecho y a la justicia, en relación con el caso concreto que ha sido sometido a su juicio, y nada más.

Y para avalar la conclusión que he anticipado (la reforma es contraria a la Constitución), nada mejor que comenzar por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, que ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre otra reforma de la LOCPJ, como es el caso de la sentencia 108/1986, de 29 de julio. En el Fundamento jurídico decimotercero de dicha sentencia se destaca la necesaria independencia del Consejo del Poder Judicial del resto de los poderes públicos, haciendo constar lo siguiente:

La finalidad de la norma sería así, cabría afirmar de manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la Ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara (art. 112.3 LOPJ)”.

Es decir, se vincula la independencia del Consejo a la exigencia de una mayoría de las Cámaras especialmente severa (3/5), de modo tal que difícilmente puede obedecer a la tendencia política de un solo grupo parlamentario. De esta forma, y aunque la propia Constitución no exija esta mayoría para la elección de todos los miembros del Consejo (solo lo exige respecto del cupo de ocho juristas), queda salvaguardado el requisito de la independencia respecto a los otros dos poderes del Estado.

Es por ello que no me cabe duda acerca de la inconstitucionalidad de la reforma propuesta, sobre lo cual ya ha mostrado su parecer, en el mismo sentido, el Presidente del TSJ de Madrid, en una reciente entrevista en donde no ha tenido inconveniente (desde la independencia que le confiere su condición de magistrado) en pronunciarse al efecto, añadiendo otro factor tremendamente revelador de la ausencia de garantías jurídicas con la que pretende aprobarse.

Me refiero al hecho de que se utilice la vía de la “proposición” de Ley en lugar de presentar un proyecto (que es la vía normal), con lo cual se eliminan una serie de garantías de “seriedad” de la norma, como son los Informes del propio Consejo del Poder Judicial, del Consejo de la Fiscalía y, muy especialmente, del Consejo de Estado (órgano que viene siendo preterido, de forma descarada, por el actual Gobierno). Esta vía parece indicar que quiere actuarse a toda prisa o, por mejor decir, con la alevosía de quien teme que le saquen los colores antes de que un proyecto de Ley tan sumamente importante sea sometido a la votación de las Cámaras.

Pues bien, admitiendo que esta proposición de ley sea aprobada por las Cortes, el camino más probable para conseguir su anulación requiere llevar el asunto al Tribunal Constitucional que es quien habrá de pronunciarse al respecto. Pero …hete aquí que los “tiempos de demora” del Tribunal Constitucional resultan tremendamente largos y, para cuando se pronuncie ya se habrá constituido un nuevo Consejo del Poder Judicial (al menos en cuanto a los 12 miembros con condición de Jueces o Magistrados) y se habrán realizado actuaciones en su nombre. Actuaciones tan graves como el nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo que, a su vez, habrán realizado actuaciones con una independencia más que dudosa y que resultarán muy difíciles de deshacer.

Frente a esta más que previsible realidad entiendo que algo debe hacerse, porque, como decía Albert Camus, nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo. Y con esta idea en la cabeza creo que hay alguna forma de conseguir que el Tribunal Constitucional llegue a tiempo de parar la nueva felonía que pretende este Gobierno y con la que desaparecerá cualquier atisbo del Estado de Derecho. Así, y para comenzar, debe tenerse en cuenta la “apariencia de mal Derecho” que tendría la futura ley a la vista de todo lo dicho.[4] Una apariencia que, unida a los efectos irreparables de su entrada en vigor podría servir de base para el planteamiento de una “cuestión incidental de inconstitucionalidad”, al amparo de lo previsto en los artículos 35 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

A tal efecto, debería plantearse antes un recurso contencioso administrativo ante el propio Tribunal Supremo, impugnando los nuevos nombramientos (que se harían mediante Decreto (artículo 569 de la LOPJ). Este Decreto podría ser objeto de recurso contencioso administrativo, solicitando en el momento mismo de su interposición, o incluso antes, una medida cautalerísima (ex artículo 136 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa), introduciendo en el recurso el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. De este modo, podría conseguirse, como efecto, la suspensión en los nuevos nombramientos hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase acerca de la reforma paralizando, de facto, los efectos de la misma. Medida urgente y rápida para salir al paso de la destrucción del Estado de Derecho que pretende este absurdo Gobierno en su huida del Estado de Derecho.

Los ciudadanos (y especialmente, los juristas) que estamos por la labor de no permitir que nos acabemos de hundir en un estado absolutista tenemos la obligación de poner cuantos medios estén a nuestro alcance para evitar esta catástrofe. Ya no es solo la crisis sanitaria o económica lo que está en juego. También se une a lo anterior una tremenda crisis del Estado de Derecho que no podemos ni debemos permitir y para eso tenemos medios legales a nuestro alcance (como el que he apuntado).

De modo, que, volviendo a mi sonrisa etrusca, pido a todos aportación de nuevas ideas para frenar cuanto antes esta senda de despropósitos en la que nos está metiendo, cada vez más, nuestro inefable Gobierno.

[1] Este post lleva por título HACIA EL ESTADO ABSOLUTO: ASALTO AL PODER JUDICIAL y puede ser consultado en el siguiente link:

 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6721794814339272704/

[2] El artículo17 de la primera Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero), establecía lo siguiente respecto de esta Junta Electoral:

“A los efectos de esta Ley, existirá con carácter permanente una Junta Electoral, con sede en el Tribunal Supremo, integrada por el Presidente, quien la presidirá, y, como Vocales, por el Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid y por los Jueces Decanos de los Juzgados de Partido y de Distrito de Madrid. Cada uno de los titulares de dichos órganos será sustituido, cuando así proceda, por quien corresponda, con arreglo a las disposiciones vigentes.

Los acuerdos de la Junta Electoral se adoptarán por mayoría. El Presidente tendrá voto de calidad para dirimir los empates.

Durante el plazo comprendido entre la publicación de la convocatoria de las elecciones y la proclamación de los resultados, los miembros de la Junta Electoral no podrán ser trasladados con carácter forzoso, ni separados o suspendidos en los cargos que les atribuyan aquella condición, sino en virtud de sentencia penal en que se imponga, con carácter principal o accesorio, la pena de inhabilitación o la de suspensión para cargos públicos.

La efectividad de cualquier cambio de destino, debido a causas diferentes de la mencionada en el párrafo anterior, será propuesta hasta el término del proceso electoral.”

[3] Vid LOS HACEDORES DE SUEÑOS Y EL PAPEL DE LOS JUECES EN LA ESPAÑA ACTUAL que puede consultarse en el siguiente link: https://www.linkedin.com/pulse/los-hacedores-de-sue%C3%B1os-y-el-papel-jueces-en-la-villar-ezcurra/

 

[4] Sería el “envés” de la “apariencia de buen Derecho de la que nos habla la conocida Sentencia FACTORTAME del TSJE (Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1990)