Señor Director:

Llevo meses tratando de olvidar la España en que voy a vivir mis días postreros. Recordar la que fue tiempo atrás me produce una nostalgia tan intensa como la angustia de contemplar en qué se ha convertido. La pandemia que estamos padeciendo va a causar, me temo, mucho más daño que el tremendo dolor derivado de su índice de mortandad, porque será la herramienta definitiva para quienes hallan en las tragedias su preferido caldo de cultivo. Antes de retornar a mi ostracismo, no obstante, me veo en la necesidad de referirme a un vídeo que está corriendo por las redes y cuyo exclusivo interés consiste en integrar lo que considero como versión oficial de la propaganda gubernamental, encaminada a desviar la ira de los ciudadanos de sus evidentes errores, para dirigirla, no solo hacia la oposición, sino también hacia todo el sistema social y económico, con la finalidad de establecer un totalitarismo de izquierdas. Un totalitarismo que, en lo jurídico, se manifiesta por las medidas inconstitucionales orientadas a dejar al albur de la Presidenta de la Mesa del Congreso el control parlamentario de la acción gubernamental durante el estado de alarma, precisamente cuando más necesario resulta ese control por los poderes excepcionales que se le atribuyen al Ejecutivo. Pero ese totalitarismo se manifiesta ya, incluso visualmente, por la frecuencia con que, en las comparecencias de responsables públicos y asesores varios, se incluyen aquellos uniformes que tanto denostaban; una presencia que nos enorgullecería, en lugar de preocuparnos, si no fuera por los antecedentes de aquellos que son sus anfitriones y de quienes dependen los cargos de las concretas personas uniformadas.

Los ejes de ese vídeo propagandístico son los siguientes:

ARGUMENTO 1.- La catástrofe era imprevisible a priori

Este es el argumento fundamental, puesto que la falta de medios adecuados para reducir los daños oscila, en buena medida, en torno al debate sobre los que pudieron haberse puesto antes de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas. La alegación podría admitirse antes de tenerse noticias sobre su evolución en China, pero no después. Anteayer mismo, sin ir más lejos, el Director General Adjunto de la Policía Nacional dijo que a finales de enero se habían cursado órdenes desde la Dirección General para que los departamentos policiales se dotaran de material de protección. Se trata de la muestra más reciente, no desde luego de la única, de que la tragedia no sólo era previsible, al menos en aquella fecha, sino que había sido efectivamente prevista por el Gobierno. En España, además, teníamos el valioso y desperdiciado ejemplo que nos suministraba Italia. Imprevisible para el Gobierno de turno, casualmente del PP, fue el Prestige, y también el 11-M, pero en modo alguno puede atribuirse tal naturaleza a los devastadores efectos del coronavirus. Al menos, a partir de finales de enero.

ARGUMENTO 2.- El coronavirus también ha causado, y está causando, muchos más contagios y muertos en otros países

Y muchos menos en otros, podría decirse (Corea del Sur, Alemania y otros). Pero dejemos de lado ese falso alegato: el problema es que, en España, ni siquiera es posible conocer el número de contagios, dado que el gobierno se gastó no sabemos cuánto en adquirir, tarde y mal, 659.000 test inservibles (si es que no se ha descubierto que son más en las últimas horas): al parecer se trataba de una ganga, pero el Gobierno de la transparencia tampoco nos ha indicado quién fue el beneficiario de la misma. El caso es que la falta de esos test facilita a las Comunidades Autónomas el tratamiento político de los datos sobre el número de afectados, ya que el mismo se construye a partir del binomio “tengo los síntomas” y “llamo al teléfono”, interpretados según aconseje el amplio margen de discrecionalidad administrativa. Lo que es obvio es la absoluta inutilidad de esas magnitudes para determinar la evolución de la pandemia, la incidencia en ella de las medidas adoptadas, y la situación real de ese dichoso “pico”.

En cuanto al número de fallecidos, recordemos que la ministra Carmen Calvo tuvo neumonía, hasta que los esfuerzos gubernamentales por disimular su coronavirus galopante fallaron, debido a las inevitables filtraciones relacionadas con la relevancia mediática del personaje (o de la personaja): ¿cuántas muertes, imputables al coronavirus, están pasando por neumonías u otras causas similares, encuadrables en la etérea Enfermedad Pulmonar Oclusiva Crónica?, ¿cuántas de causas se podrían estar alterando interesadamente, para favorecer la opinión de los ciudadanos sobre la gestión de unas comunidades y demonizar la de otras, incluyendo señaladamente la de Madrid, como diremos luego?

Sobre la posibilidad de que en España no fuera tan elevado el número de contagiados y muertos, el tema se relaciona directamente con la adopción de las medidas adecuadas en tiempo oportuno. Una de ellas es la práctica de test, a la cual aludimos en un párrafo anterior, pero también es importante disponer de medios idóneos para la protección de quienes prestan servicios esenciales y la curación de los afectados. Circunscribiéndonos a los respiradores y mascarillas, ahora pasan en el NODO gubernamental, 24 horas al día y por todas las televisiones (la inmensa mayoría de ellas pertenecientes o mantenidas por el gobierno), las imágenes de un avión que ha llegado, al parecer, con 1.200.000 mascarillas. Ayer era 28 de marzo, y volvemos a recordar lo que dijimos al discutir el argumento 1 sobre los dos meses transcurridos (como mínimo) desde que el Gobierno tenía conocimiento del posible alcance de la pandemia.

La excusa oficial para tanto retraso es que el suministrador, China, es un mercado muy competitivo, en el cual, al parecer, el gobierno no está acostumbrado a operar (eso es lo que dijo la ministra González Laya, aunque el tema queda un poco lejos de su competencia). Pero si eso era así, si desconocían dónde y cómo comprar, porque lo suyo es repartir subvenciones y cobrar sueldos e impuestos, quizá debieron asesorarse con empresarios de intachable trayectoria, no con su interminable cohorte de asesores. O, tal vez, como se le indicó en el Parlamento al Presidente del Gobierno, abstenerse de centralizar una competencia que no estaban capacitados para ejercer. En la práctica lo único que lograron fue paralizar las compras y legitimar el ineficaz sistema autonómico, sólo por ser un poco menos malo que un Gobierno de dudosa competencia.

ARGUMENTO 3.- Comparar las manifestaciones del 8-M, con otros eventos multitudinarios celebrados esa misma fecha, como los partidos de fútbol, misas y concentraciones de VOX, para afirmar que nadie culpa a esos otros eventos de la propagación del coronavirus

“En otros países hay más muertos”, era la alegación anterior. Ahora aparece la de que “otros también fueron negligentes”. Parece que la izquierda, cuando se discute su superioridad moral e intelectual, siempre intenta refugiarse en el eterno argumento del “y tú más”. Lo que para ellos carece de importancia es el hecho innegable de que, si bien todos los ciudadanos podemos equivocarnos, es el Gobierno quien tiene el deber de impedir que nuestros errores causen daños irreparables. Si además los daños eran perfectamente previsibles y estaban efectivamente previstos, como vimos al rechazar el primer argumento objeto de esta carta, todos esos eventos pudieron y debieron ser prohibidos por el gobierno, como lo muestra el hecho de que efectivamente lo fueron a partir del día siguiente al 8 de marzo. Si no lo hizo antes resulta inevitable deducir que se comportó, como mínimo, con una grave negligencia, sin que sea descabellado avanzar un paso más para, cuando menos, sospechar la existencia de alguna vinculación entre tal comportamiento y su intención de mantener unos actos tan groseramente politizados como los de aquella fatídica fecha.

Tampoco son equiparables los actos del 8 de marzo y esos otros alegados en el videopanfleto, salvo que la lógica esté muy manchada por la ideología, si atendemos al hecho de que no consta que el Gobierno, o alguno de sus miembros (o miembras) promocionara, a través de su inmensa red mediática, los partidos de fútbol, la asistencia a misa, o los actos de VOX, cosa que sí hizo en relación con las manifestaciones del reiterado 8 de marzo (“les va la vida en ello”, la ministra Carmen Calvo dixit).

ARGUMENTO 4.- En Madrid, la situación es mucho peor por los estragos hechos por el PP en la Sanidad Pública

Ante esta acusación lo primero que podría decirse es que, para saber si ello es así, tendríamos que disponer de datos reales sobre el número de contagios y de fallecimientos imputables al coronavirus, cosa que no sucede como razonamos al discutir el argumento 2.

En cuanto al sistema sanitario madrileño, teóricamente arruinado por el PP, y solo por el PP, lo primero que nos gustaría dejar claro es nuestra opinión acerca de lo aconsejable que hubiera sido que PP y PSOE, desde sus sucesivas responsabilidades en la elaboración de los presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma de Madrid, hubieran destinado al sistema público de salud los recursos que han venido derrochando en subvencionar asociaciones de todo pelaje, cuya exclusiva utilidad reside en fomentar el bienestar económico de sus promotores y promotoras, así como de sus miembros (y miembras). Sobre todo, cuando se ha pretendido que ese sistema público extienda el ámbito de los usuarios a todos aquellos que consigan pisar suelo español: porque una cosa es la proclama propagandística manipulante, y otra el procurar los medios idóneos para que aquella se materialice en el mundo real. Una vez sentado el dato de que a mí tampoco me gusta la gestión del PP sobre estos aspectos, aunque por motivos muy distintos a los alegados por los propagandistas gubernamentales, lo cierto es que la sanidad privada está colaborando con todas sus fuerzas con la pública en la atención de los pacientes residenciados en Madrid (especialmente, al parecer, en la de esa multitud de cargos y asesores del PSOE que huyen de la pública): debería deducirse, por lo tanto, que el PP también arruinó la sanidad privada en Madrid, lo cual supondría una especial inquina hacia el sector sanitario, dado que en el resto de los ámbitos económicos la Comunidad Autónoma de Madrid parece funcionar mejor que las demás.

Más allá de elucubraciones basadas en propaganda y electoralismo barato, lo que sí parece evidente es que ningún sistema de salud se puede dimensionar de manera que sea capaz de atender situaciones excepcionales, pues el coste de semejante disparate sería inasumible: precisamente el atender esas circunstancias es competencia del Gobierno de la Nación, y para ello la Constitución le ha dotado de herramientas jurídicas igualmente excepcionales, destacando entre ellas las que pueden derivarse de la proclamación del Estado de Alarma. Se proyecta también aquí, por tanto, el problema derivado de la falta de previsión gubernamental (aludido en el apartado 2 de este escrito), manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de no haber adquirido a tiempo respiradores, para poder disponer de más UCIs, y tampoco el imprescindible material de protección para el personal sanitario, con el fin de impedir que sea diezmado por la pandemia.

Frente a la actuación gubernamental, manifiestamente mejorable, cobra mayor valor la actividad de los trabajadores, tanto del sector público como del privado, que prestan servicios destinados a atender las necesidades esenciales de los ciudadanos. También, y muy destacadamente, las iniciativas de aquellos empresarios y particulares que, de forma gratuita y desinteresada, ceden espacios para instalar hospitales de campaña (hoteles, IFEMA), o proporcionan bienes imprescindibles para proteger o curar. En este último caso, el señor Amancio Ortega es la cabeza más visible de una interminable serie de personas, procedentes de todos los estratos sociales, que donan máscaras de buceo, cosen mascarillas artesanalmente, hacen la compra a ancianos solitarios, y que, en general, tienen la generosidad de practicar la solidaridad con medios propios, no con los ajenos como ocurre con la mayoría de la clase política.

Para finalizar, ni siquiera prestaremos atención a otras afirmaciones de ese opúsculo propagandístico que vienen a reiterar el catálogo de una izquierda siempre dispuesta a equivocarse con el partido antes que tener razón contra el partido, como menciona Enrique Castro Delgado en su recomendable obra “Hombres made in Moscú”, y como ha reiterado, mucho más recientemente, el ex alcaldable señor Carmona, en una grabación que también circula por ahí y en la cual pontifica sobre la absoluta prevalencia que los fieles han de otorgar a la difusión mediática de las directrices del partido, en detrimento absoluto del criterio personal que cada uno pueda tener sobre una situación concreta(¡!).

En fin, Señor Director, que regreso a la profunda depresión que me produce el tenebroso futuro de esta España que una vez fue tan grande y que hoy está integrada por una sociedad capaz de asumir, como verdades de fe, unos argumentos tan absolutamente peregrinos como los relacionados.

Dios guarde a usted muchos años.

Luis Miguel López Fernández

Doctor en Derecho