Dada la tremenda magnitud que en España ha alcanzado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, parece evidente que el gobierno social-comunista presidido por Pedro Sánchez ha sido incapaz de enfrentarse a la epidemia que nos asola con un mínimo de eficacia. Esto ha sido así a pesar de que desde que se decretó el estado de alarma este gobierno ha gozado de una acumulación de poder sin precedentes desde la transición. Por ello, para maquillar de cara a la opinión pública las desastrosas consecuencias que, con la información epidemiológica en la mano, se derivan de su nefasta gestión de la crisis sanitaria, el gobierno necesitaba apropiarse del relato para construir una nueva realidad, como en la célebre distopía orwelliana. En definitiva, como ya hicieran con la Ley de Memoria Histórica, este gobierno lo que ha intentado por todos los medios es modificar a su antojo los hechos, para así hacer coincidir la nueva realidad dibujada con sus propios intereses partidistas.

No debe por ello resultar extraño que el gobierno, propasando sin escrúpulo alguno las prerrogativas que el estado de alarma le concedió, haya procedido a restringir de forma torticera muchos de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, socavando, de esta manera, los propios cimientos del Estado de Derecho.

Así, desde que se inició la crisis sanitaria, los ataques por parte del gobierno a la libertad de expresión han sido constantes. De hecho, con la excusa de evitar la propagación de lo que en su opinión son bulos que solo intentan desacreditar al gobierno, Pedro Sánchez no ha dudado en utilizar todos los recursos a su alcance para controlar lo que se decía en los medios y redes sociales y así poder acallar las voces que contra su gestión se alzaban. Es decir que, en lugar de intentar por todos los medios evitar la propagación del virus, el gobierno ha orientado buena parte de sus esfuerzos a evitar la propagación de las críticas a su gestión.

En consecuencia, solo cabe suponer que el gobierno se ha arrogado en exclusiva la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, intentando convertirse así en custodio paternalista de la verdad absoluta. Todo ello ha supuesto colocar a la sociedad en su conjunto en una situación de sumisión permanente al poder establecido, lo cual viene a significar una degeneración democrática sin precedentes en nuestra historia reciente.

Así, en sus ruedas de prensa semanales, Pedro Sánchez, tras un discurso insustancial que evidenciaba la falta de una hoja de ruta definida, procedía a responder solo a las preguntas previamente seleccionadas por el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, en un claro intento de evitar cuestiones comprometidas. La indignación de los medios con esta sutil forma de censura se plasmó en la firma por varios cientos de periodistas del manifiesto “La libertad de preguntar”, en el que se exigía que se dejaran de filtrar las preguntas, objetivo que a duras penas se consiguió.

No contentos con este intento de manipulación informativa, el ejecutivo encomendó a la Benemérita, como reconoció, el 19 de abril, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, monitorizar las redes sociales para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno y evitar la alarma social que provocaba la proliferación de bulos. Ante semejante intento de control de masas con la vana excusa de evitar la conflictividad social, no está de más recordar que, como señalaba Benjamin Franklin, “Quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ni libertad ni seguridad”.

Pero como este gobierno no pierde oportunidad alguna de hacer el ridículo, solo dos días después, la Ministra de Educación, Isabel Celaá, manifestaba que no se podían aceptar los mensajes negativos debido a que eran falsos. Causa cuando menos estupor el cinismo de la ministra al establecer una relación de equivalencia entre negativo y falso que, obviamente, no soporta el más mínimo análisis. Pero es que además, como señala John Stuart Mill, “Nunca podemos estar seguros de que la opinión que tratamos de ahogar sea falsa, y si lo estuviéramos, el ahogarla sería también un mal”.

Tal catálogo de despropósitos es difícilmente justificable, pero lo que ya resulta absolutamente inaceptable es que, en el colmo de la hipocresía, sea el propio gobierno la principal fuente de bulos.

Así, en un intento de ocultar la escasez de test realizados en España, algo fundamental para conocer la seroprevalencia de la epidemia y actuar en consecuencia, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba, el 27 de abril, que España ocupaba la 8ª posición en la realización de test por cada mil habitantes, según el ranking -con un total de 36 países- elaborado por la OCDE. De ser cierto el dato no hubiera sido una mala posición, pero el problema es que España había falseado los datos, al sumar los test PCR y los test serológicos, cuando el resto de países solo enviaba el número de test PCR realizados. Así, al día siguiente, la OCDE se vio obligada a rectificar, colocando a España en la 17ª posición, lo cual no ha hecho sino demostrar una deficiente gestión de la crisis sanitaria, además de aumentar el descrédito internacional de España.

Por su parte, Pedro Sánchez ha hecho de la mentira su forma habitual de hacer política. Mintió durante la campaña electoral al asegurar que no pactaría con los populistas ni se apoyaría en los independentistas para alcanzar la presidencia, insistió en la mentira de los test refiriendo un informe de la Universidad Johns Hopkins que no aparece por ningún lado y sigue mintiendo al afirmar que mantiene contactos permanentes con la oposición, cuando en realidad la ha ninguneado desde el comienzo de la crisis. Por ello, solo cabe concluir que, como señala Carlos Herrera, “la única certeza que ofrece Sánchez es que va a mentir”.

Pero si poco podemos fiarnos de Sánchez, si hablamos de Pablo Iglesias, su socio de gobierno, más vale ponerse en guardia, porque de este individuo podemos esperar cualquier cosa menos respeto por las libertades. Así, en una entrevista decía tan siniestro personaje, y cito literalmente, “lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados, incluso que existan los medios privados ataca la libertad de expresión”. Por lo tanto, solo cabe inferir que si este maestro de la politización del dolor llegara algún día al poder procedería a eliminar a la prensa libre e independiente, de tal forma que el único que estaría en disposición de disparar sería él mismo. Es decir, nada que no hayamos visto en Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder.

Por otra parte, junto al ataque a la libertad de expresión con el objetivo de acallar las críticas a su gestión sanitaria, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado el estado de alarma, no solo para frenar la expansión del coronavirus, sino también para ir avanzando de manera fraudulenta en el desarrollo de su programa ideológico. En definitiva, hasta tal punto ha llegado el abuso de poder que diferentes juristas de reconocido prestigio han declarado que el gobierno de Pedro Sánchez ha sobrepasado los límites del estado de alarma, para meter de lleno al país en un estado de excepción.

Mucho me temo que esta escalada autoritaria solo sea el primer paso de una estrategia encaminada hacia un cambio de régimen, esto es, al advenimiento de una Tercera República de carácter neomarxista. No es éste un temor infundado, ya que si repasamos la historia podemos comprobar que el comunismo solo ha triunfado en momentos de crisis, como desgraciadamente ocurre en la actualidad. Este cambio de régimen en ningún caso va a suponer un aumento de la calidad de vida ni una disminución de las desigualdades, como pretende hacernos creer la izquierda política y mediática. Más bien, como ha ocurrido en todos los países donde ha triunfado el comunismo, solo tendremos su inevitable corolario de opresión y miseria.

Pues bien, ante esta deriva totalitaria impulsada por la coalición social-comunista que hoy nos gobierna, creo llegado el momento de plantar cara y proclamar sin complejos nuestro sistema de creencias del que se deriva nuestro sistema de valores. Entiendo que somos muchos los que creemos en el Estado de Derecho, en las libertades individuales, en la meritocracia y en la iniciativa privada como principal fuente de riqueza, sin por ello menospreciar la acción del Estado en el mantenimiento de la cohesión social. La defensa de estos valores frente a la pretendida superioridad moral de la izquierda es la batalla ideológica que sin dilación debemos emprender, ya que de ello depende mantener el legado de nuestros padres y procurar la prosperidad de nuestros hijos.

Rafael García Alonso (Doctor en Medicina)