La hipótesis que venimos manejando desde hace años es que el Estado español, léase Poder Ejecutivo de turno, poder que en España agrupa a los tres poderes del Estado y también a la Fiscalía General, por mantener una vasta y basta jurisprudencia feminazi inconstitucional y desigualitaria en extremo, está conduciendo a la sociedad española a un mar de sufrimiento e injusticias que se acumulan y recaen directamente sobre padres e hijos.

La salida a este mal, creado en exclusiva por una banda de políticos sin escrúpulos y con fines puramente electo-populistas, no es otra que volver a la senda de la justicia justa, en igualdad, sin distinción de sexos, y abandonar cuanto antes esa justicia que las Altas Cargas del Estado -léase asesoras de la ministra de Igual Da- llaman “justicia feminista”.

No hay que ser Premio Nobel de Derecho para intuir que la justicia justa y la igualdad de los ciudadanos frente a la ley son los pilares de toda sociedad democrática, libre, avanzada y en paz.

Una parte sustancial de los asesinatos de mujeres, niños y hombres, obviando la tasa de inevitabilidad (asesinos y asesinas habrá siempre), es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo español, que es de suponer viene contando con esas muertes como coste previsto y asumible por la desigualdad jurisprudencial que ha montado en nombre del “feminismo”, cuando el feminismo clásico, no el feminismo mercantilista español de ahora, nada tiene que ver con la desigualdad.

Toda sociedad moderna precisa de un tejido social cohesionado, colaborativo. No obstante, aquí no dejan de meter cizaña entre sexos y rasgar más y más el tejido social desde una desconfianza creciente de los hombres (denunciados) frente a las mujeres (denunciadoras), cuyo fin esencial no es sino destruir la familia natural, esa célula del tejido social en tiempos de nuestros abuelos.

La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias, en su informe del año 2021, coincide en todo con nuestro parecer, que reiteramos no es nada original, ni novedoso, sino que se asienta en el sentido común. Leamos, pues, lo que propone la citada Asociación:

“Muchos de estos casos -se refiere a las muertes de mujeres, hijos y hombres”, probablemente se evitarían, entre otros, con la Custodia Compartida como norma general, salvo en aquellos casos excepcionales que no pueda llevarse a cabo en las separaciones y divorcios con hijos, con más PEF (Puntos de Encuentro Familiar), Juzgados exclusivos de Familia en todas las provincias de España, Casas de Acogida para varones sin recursos económicos obligados por sentencia judicial a abandonar sus domicilios, persecución de oficio de las Denuncias Falsas, Mediación Familiar obligatoria, desaparición de las Pensiones Compensatorias, Pensión de Viudedad únicamente para la última esposa y persecución penal del impedimento del régimen de visitas. En definitiva, una ley igual para todos”.

Causa indignación tomar conciencia que, con media docena de medidas justas, como las señaladas por la Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias, la sociedad española daría un gran vuelco hacia la igualdad entre sexos. No obstante, el freno que hace imposible tal vuelco no es otro que el grueso de las leyes feminazis españolas, frutos propios y definitorios de una casta política inadecuada al bien común, ajena al dolor de padres e hijos, insensible a tantas desgracias familiares, pero sabedora de la ilegalidad de su quehacer diario tan alejado de la justicia. Nunca antes tanta gentuza se reunió para dañar a la sociedad y en especial a los más débiles, a los menores (175 tutelados han sufrido abusos en el último año en la Comunidad Valenciana. El mundo, 03/01/2022) y decenas de miles de hijos son huérfanos de padres vivientes a quienes no pueden ver.

Si las leyes injustas ocasionan violencia en la sociedad, si es el Estado -léase Poder Ejecutivo- el que cocina y sirve esas leyes injustas, entonces es dicho Estado el responsable de la violencia que ha provocado, responsable de una violencia estructural o de Estado.