Las actuales protestas ciudadanas contra dirigentes izquierdistas, mal llamadas "escraches", son legales y están permitidas por el amparo constitucional de los derechos fundamentales de reunión y manifestación que el Estado de alarma no deroga aunque el Ministro de Interior Marlaska, a través de órdenes políticas, pretenda hacerlo.

Durante la última sesión parlamentaria Pablo Casado ha condenando los "escraches" que sufren Pablo Iglesias o José Luis Ábalos, y ha protagonizado otra bajadita de pantalones tan propia de su partido. Menos mal que esta vez y tras haber votado cuatro veces a favor de la prórroga del totalitario y déspota Estado excepcional comunista (la última vez se abstuvo cobardemente), va a votar en contra. Casado, no obstante, ha vuelto a dar otra demostración de los modos de derechita cobarde y acomplejada heredados de sus antecesores.

Las diferencias entre los escraches perpetrados por la izquierda violenta de siempre, y las protestas actuales de los ciudadanos honrados que serán destruidos por la miseria, están en las formas y en el fondo; en la peligrosidad e ilegalidad de unos, y en el civismo y moralidad de los otros.

Los escraches protagonizados por Podemos a lo largo de su triste historia han consistido en: lucir banderas comunistas genocidas de 100 millones de personas, lanzar insultos, e imponer coacción...También en ataques contra domicilios particulares (Rita Barberá), en Universidades (Rosa Diez) o en Capillas católicas (Arderéis como en el 36, Rita Maestre). Fueron actos criminales de pura agresión física y verbal, y de coacción contra las libertades. Su objetivo final fue apoltronar a Pablo Iglesias en una Mansión de 1 millón de euros e instalar a Alberto Garzón en un ministerio cobrando 80 mil euros.

Las protestas actuales de ciudadanos oprimidos y confinados se orientan contra dirigentes izquierdistas que nos llevan a la miseria colectiva, al senicidio de los ancianos que Pablo Iglesias dejó morir, al paro masivo de al menos un 40 por cien, a no cobrar los ERTEs y a ser rescatados por las oligarquías de Bruselas. Se basan en caceroladas, banderas legales rojigualdas y en ninguna agresión ni criminosidad reflejada en atestado policial ni proceso penal ninguno.

Los ciudadanos españoles que se quejan durante estos días, de toda España y de toda condición social, están hartos del socialismo. Ese socialismo llegó al poder en 2018 con una moción de censura de izquierdistas y separatistas que pudo ser abortada si el entonces presidente Mariano Rajoy hubiese dimitido en vez de permitir su votación.

Condenando las protestas de los ciudadanos patriotas contra la miseria y la dictadura izquierdista, Pablo Casado condena a ciudadanos libres, honrados y respetuosos con la ley, que han visto a sus mayores enterrados sin un funeral o sus empleos perdidos para siempre. Más le valdría al dirigente popular condenar a quién sentó en la Moncloa a Pedro Sánchez mientras en un bar invertía 6 horas de borrachera: Mariano Rajoy Brey, que fue sustituido en su escaño por el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría durante la vergonzante moción de censura que el presidente más cobarde de la historia España quiso permitir.