Indultos es la palabra más oída estos días. El gobierno está empeñado en hacernos comulgar con ruedas de molino y para ello está sacando toda la artillería pesada de que dispone, incluidos los medios de comunicación oficiales y los subvencionados. Se están poniendo realmente pesados, porque saben que su mensaje sobre los indultos no está calando entre los españoles y encima tienen que ver como la sociedad civil se moviliza en toda España para manifestar su oposición a esa injusta medida, tanto en las redes sociales, como en los medios disidentes o en la calle.

No somos partidarios de la aplicación de los indultos a aquellos que, siendo servidores públicos, faltan a su juramento o promesa, abusan de sus cargos para prevaricar o para robar y en definitiva traicionan la confianza puesta en ellos. En el siglo XVI los Reyes Católicos instituyeron los denominados “juicios de residencia", a los que eran sometidas las autoridades que, designadas por ellos, abandonaban el cargo que hubieran ejercido en los territorios de aquellas tierras españolas al otro lado del Atlántico. Aquella era una sana costumbre con la que se pretendía, creemos que con cierto éxito, asegurar el recto proceder de los servidores públicos y que no se lo llevaban puesto, como vulgarmente se podría decir. Por supuesto que hoy día pensar en algo similar es prácticamente imposible, no se iban a echar piedras en su propio tejado estos “dignos y vocacionales" representantes del pueblo español. Pero hombre, que encima se planteen conceder el indulto para estos personajes sediciosos, malversadores y prevaricadores, que llevan años gastando el dinero de todos los españoles en una macro operación de ingeniería social con características racistas muy cercanas al odio irracional, nos parece una vergüenza. Como nos parece indigno seguir contribuyendo económicamente a la acción de todos aquellos que han colaborado, activa o pasivamente, en el robo que se ha llevado a cabo por varios dirigentes de la Generalidad de Cataluña, tanto en beneficio propio, como ha sido el caso de Jordi Pujol y familia, o con el propósito de costear políticas que pretendían la exclusión y aislamiento de todo lo que sonara a español, fuera tergiversando la historia, eliminando el español en la enseñanza y en la administración, como en una acción exterior verdaderamente antiespañola que dilapida ingentes cantidades de dinero en mantener a prófugos de la justicia española y en oficinas cuya principal misión es y ha sido la difusión de falsedades sobre España.

Podemos entender que se indulte al ladrón de gallinas, sobre todo cuando su motivación  es el hambre. Admitiríamos que se indultara a cualquier delincuente que, por las circunstancias que concurrieran en su caso, y a juicio del tribunal que lo sentenció, pudiera ser merecedor de esa gracia. Pero no nos cabe en la cabeza que se pueda indultar a nadie que haya traicionado a España y a los españoles de dentro y de fuera de Cataluña, incurriendo en la comisión de delitos como los juzgados en el denominado “juicio del procès", justificándose en unos subjetivos derechos, inaplicables al caso, que pretendían para un hipotético e indefinido “pueblo catalán". Sobre todo cuando nos repiten a todos nosotros, provocativamente y con total  descaro, que lo volverán a hacer.

No es la primera vez que un gobierno socialista o frente populista comete el error, creídos de que con paños calientes podrían calmar la enfermiza ansiedad nacionalista. No es la primera vez que los secesionistas tienen agarrados, por salvas sean las partes, a un gobierno necesitado de apoyo para llevar a cabo sus políticas, fueran buenas o malas. En la historia contemporánea de España ya se han dado episodios de características similares, no hay más que recordar la declaración de Estado Catalán dentro de la inventada República Ibérica, declarado por Maciá o la declaración de independencia del siniestro  Companys.

Creemos que la mejor solución para salir de ese círculo vicioso a largo plazo es modificar nuestro sistema electoral, cosa para la que,  hasta ahora, los partidos mayores no han estado dispuestos por las ventajas que les reportaba la ley actual y, por supuesto, tampoco los partidos nacionalistas que han estado gozando de una excesiva y nada merecida sobrerrepresentación en el Congreso de los Diputados, sede de la “SOBERANÍA NACIONAL". En nuestra opinión se deberían modificar, como mínimo, la circunscripción electoral fijada por la Constitución para hacer una única y el tanto por ciento mínimo para obtener un escaño, seguramente con esas dos medidas nos podríamos librar del continuo chantaje nacionalista. Si, además, se reformaran la estructura, funciones y capacidades del  Senado se podrían encauzar, de manera mas racional, las reivindicaciones y proposiciones de las diferentes regiones españolas en condiciones de igualdad. Lo más probable es que, perdida su capacidad de chantaje, los nacionalistas fueran perdiendo capacidad de influencia y de control del presupuesto, por lo que se dificultarían sus maniobras ingeniería social  y malversación de caudales públicos.

Para que nadie pueda decir que hablamos por hablar, que no tenemos propuestas pensadas, en futuros artículos trataremos de cómo modificar el sistema electoral y el Senado, para mejorar nuestra democracia y el derecho de los españoles a contar con unos representantes dignos de ellos, que piensen más en España y menos en sus particulares intereses partidistas.

 

SOMOS ESPAÑA EN MARCHA