Señalaba John Locke, en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, que la principal razón que tenían los hombres para abandonar el estado de naturaleza y organizarse mediante un pacto de los unos con los otros para formar una sociedad civil y política, era que el gobierno surgido del consenso social protegiera la vida, la libertad y la propiedad de todos aquellos que formaban parte de ella. Además, para cerrar el círculo virtuoso, estableció que dicha protección debía realizarse ajustándose en todo momento al marco legal vigente y nunca a la inconstante, incierta y arbitraria voluntad de aquel que en un momento dado ostenta el poder. De esta forma, el filósofo británico sentaba las bases de la democracia liberal y el constitucionalismo moderno.

Parece obvio que tanto la vida como la libertad son derechos fundamentales de las personas, pero no parece que haya un consenso generalizada en lo que al derecho de propiedad se refiere. Así, los regímenes socialcomunistas, aunque despreciando  de facto tanto la vida como las libertades individuales no han sido capaces de explicitar su rechazo a tales derechos fundamentales, si han manifestado de forma contundente su absoluto rechazo a la propiedad privada.

Sin embargo Locke, siempre preclaro, establece con claridad meridiana el origen de tal derecho cuando afirma que “Es el trabajo lo que da el derecho a la propiedad y no los delirios y la avaricia de los revoltosos y pendencieros”. Pero más allá de la justa recompensa que merece el esfuerzo y la capacidad, el hecho es que el tener acceso a disponer del fruto de tu trabajo tal y como desees, siempre dentro del marco de la ley, posibilita que las personas estén en condiciones de desarrollar su propio proyecto vital, establecido en función de sus prioridades y anhelos. Es evidente que el Estado de Derecho y el libre mercado tan solo establecen un escenario de actuación que posibilita que cada persona pueda elegir el camino a seguir a lo largo de su periplo existencial, si bien en ningún caso se pueda garantizar la consecución de  los objetivos propuestos. Sin embargo, como señala Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, “La auténtica plenitud vital no consiste en la satisfacción, en el logro, en la arribada. Ya decía Cervantes que el camino es siempre mejor que la posada”. En definitiva, más allá del éxito o el fracaso, es la fidelidad a uno mismo y no el sometimiento a la opinión o designios de terceras personas la auténtica recompensa que debemos esperar al final del camino. Pero para que ello sea factible entendemos que es condición indispensable la posibilidad de invertir lo obtenido de forma lícita como nos parezca oportuno, ya que de lo contrario sería prácticamente imposible orientar nuestros pasos en la dirección que realmente deseamos, viéndonos de hecho obligados a seguir la senda marcada por un totalitario y omnipotente planificador que desde la cúpula del poder controla los pasos del conjunto de la sociedad.

 

En esta misma línea de pensamiento se posiciona Friedrich Hayek cuando señala en Camino de servidumbre que “El sistema de propiedad privada es la más importante garantía de libertad, no solo para quienes poseen propiedad, sino también, y apenas en menor medida, para quienes no la tienen”, para concluir con un demoledor ataque a la  eliminación de la propiedad e iniciativa privada al afirmar que el ejercicio de la economía planificada que tal supresión conlleva “no solo es el camino hacia el totalitarismo sino también el camino hacia la destrucción de nuestra civilización y, ciertamente, la mejor manera de bloquear el progreso”.

Como no podía ser de otra manera tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la propia Constitución española consagran de manera explícita en su articulado el derecho a la propiedad privada y al uso y disfrute de la misma, correspondiendo a los poderes públicos promover las condiciones que hagan posible la concreción de tal derecho.

 

A tenor de lo expuesto, parece que el derecho a la propiedad privada se ve amparado por razones de índole filosófica, moral, económica y legal, pero como no podía ser de otra manera aquí es donde Pablo Iglesias viene a decirnos que tal derecho es solo una prerrogativa que responde a los intereses de la clase dominante, obviando el hecho de que en España son muchas las personas económicamente humildes que gracias a su trabajo han sido capaces de procurarse un techo para sí mismos y para sus hijos. Así, este aprendiz de Maquiavelo, decía en una de sus vomitivas arengas que “la clave del poder no está en las instituciones, la clave está en nuestras pelotas, está en la calle, ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir (…) compañeros hay que vivir ocupando, hay que arriesgar, tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria”. Todo ello, como es fácil imaginar, en absoluta concordancia con la vida que el muchacho se ha procurado en la mansión de Galapagar de la que es obligado propietario, siempre bajo la enojosa protección de su odiada Guardia Civil.

Con todo, lo grave no es que este insufrible personaje con un cortex prefrontal irreversiblemente inmaduro sea capaz de decir un número importante de gilipolleces por minuto, lo verdaderamente grave es que este descerebrado sujeto haya sido capaz de obtener representación parlamentaria con un partido como Podemos que, entre otras lindezas, defiende en su Programa Electoral prohibir los desalojos o desahucios sin alternativa habitacional, ya sea en caso de impago de alquiler o por ocupación en precario (artículo 208). Pero si ya resultaba lamentable ver a este siniestro sujeto sentado en el Congreso de los Diputados, la situación ha adquirido tintes dramáticos cuando este desaprensivo homúnculo ha alcanzado la vicepresidencia 2ª del gobierno de la nación de la mano de Pedro Sánchez, el hombre sin principios. Y es que no es lo mismo estimular los instintos más básicos de un grupo de minusválidos intelectuales desde el desvencijado atril de un destartalado local de los suburbios, mediante un discurso demagógico y pueril caracterizado por conceder sin exigir nada a cambio, que instigar la ocupación de la morada ajena mediante una premeditada inoperancia colaborativa promovida desde el Consejo de Ministros.

 

No resulta por ello extraño la ola de ocupaciones que, llevada a cabo tanto por sujetos aislados como por mafias organizadas a tal efecto, venimos sufriendo en España, coincidiendo, no por casualidad, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y acentuándose desde su pacto con Pablo Iglesias para la formación de un gobierno socialcomunista. Así el número de viviendas ocupadas en la actualidad en el territorio español se estima que oscila entre 80.000 y 100.000, mientras que el número de denuncias diarias por tal hecho, según fuentes policiales, es de 40 al día, si bien la cifra está infravalorada, ya que son cada vez más los propietarios que recurren a empresas de seguridad privada para resolver el entuerto. La gravedad de la situación aumenta de manera extraordinaria si tenemos en cuenta que la policía, atada de pies y manos, en la práctica no puede proceder al desalojo inmediato de los ocupas, por lo que es necesario recurrir a la vía judicial, debiendo con ello pasar varios meses hasta que el legítimo propietario del inmueble ocupado ve resuelto el problema, que por otra parte se salda sin apenas castigo para los delincuentes, retroalimentándose así el crecimiento de la ocupación.

 

Pero no nos engañemos, detrás del fenómeno de la ocupación resuena el eco de las palabras de Marx y Engels, los cuales, llenos de ira y resentimiento, señalaban en ese libelo difamatorio que es el Manifiesto Comunista que “los comunistas pueden resumir su teoría en una única expresión: supresión de la propiedad privada”. Así, el ataque a la propiedad privada propiciada por este gobierno socialcomunista es tan solo la punta de lanza de un proyecto totalitario que tiene como objetivos principales la demolición de las instituciones democráticas, la supresión de los derechos fundamentales y la eliminación de las libertades individuales, y, todo ello, en aras de instaurar una nueva República de carácter comunista y, por tanto, totalitaria y colectivista.

 

En consecuencia estamos asistiendo en el momento actual al resurgimiento de un nuevo Frente Popular que solo puede retrotraernos a la pesadilla liberticida ya vivida durante la Segunda República. Por ello, todos aquellos que creemos en el Estado de Derecho, en el imperio de la ley y en el valor de la convivencia pacífica entre distintos, debemos estar preparados para hacer frente a una nueva oleada de violencia represiva y dar cumplida respuesta al desafío neoleninista que nos acecha. En lo que a mí respecta lo dicho constituye un aviso a navegantes.