Desde marzo, todo fraude de ley. Propio de tiranos. Y de cobardes. Y los arriba citados lo saben. Y callan. Todos hablan, formidable cortina de humo, del artículo 116 de la constitución española: Estado de Alarma. Pero todos “olvidan” el decisivo artículo 55. Apartado 1, cuyo capítulo tiene por revelador título "De la suspensión de los derechos y libertades" y señala que "los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5; artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución".  Más claro, agua limpia. Ni huevos tienen para declarar un Estado de excepción o de sitio, que es lo que realmente llevamos padeciendo desde hace diez meses.

España, fraude de ley

Así pues, queda demostrado que, en estricta puridad constitucional, para suspender los derechos antes referidos, previamente se ha de declarar el estado de excepción o de sitio. Y nada de eso ha ocurrido. Desde marzo, repito, lo denominan Estado de alarma. Salvo breves “descansos”, durante el ínterin veraniego, donde los déspotas aparentaron reducir la tortura poblacional.

El artículo 116, reitero, deviene insuficiente cobertura jurídica para privarnos de los derechos recogidos en Título Primero de la C.E. Y tan solo hemos vislumbrado durante casi un año, en otro aciago entretanto, hediondo y repugnante cambalache de cromos liberticidas entre gobierno nacional y autonosuyas. A ver quién mea más largo. Y quién es un tirano más hijo de puta.

España, dictadura

Desde marzo, libertades de todo tipo, aniquiladas. Con la sentencia, por ejemplo, sobre los bozales del tribunal supremamente injusto, más liberticidio. Y flagrante prevaricación. Los Grandes y Masónicos Ropones, en España, siempre al servicio del ignominioso y criminal Príncipe. Y de la manipulada y teledirigida opinión de los súbditos. Recuérdese, como ejemplo, entre tantas, la sentencia de La Manada.

ESTADO-DE-ALARMA-ILEGALIDAD

Desde marzo, jueces, fiscales, catedráticos de derecho y abogados, hasta aquellos a los que eufemísticamente se les denomina “juristas de reconocido prestigio”, silentes, cual ramerillas de medio pelo. Absolutamente callados. Extraño, la verdad. O no.

Además de poseer la nítida certidumbre de que en España no existe ninguna separación entre poder legislativo y ejecutivo, ni independencia judicial alguna. Ni jamás existió. Sencillo de comprender. El maquiavélico, inicuo y déspota Príncipe nos tiraniza con sus leyes. El legislativo, ni está ni se le espera. El judicial, al servicio del amo, con su CGPJ siempre pasteleando. Alfombrillas del Tirano, sin más. España, hoy, dictadura con disfraz

Bajo falsas excusas sanitarias

Desde marzo, además, todo ello bajo embusteros pretextos sanitarios. Y, desde luego, tan evidente, sin poder establecer relación lógica alguna entre suspender inalienables derechos (nuestros, no otorgados por ningún papelote constitucional) con poner en marcha medidas presuntamente "sanitarias". La realidad es que la peña ya ni sabe qué se puede - o no - hacer, ni a qué debe ceñirse, dadas las absurdas, incoherentes, arbitrarias y totalitarias decisiones tomadas por quienes nos gobiernan. Desgobiernan, mejor expresado. Y humillan y maltratan y torturan.  Un año de gobierno social-comunista y ya estamos en Siberia. En fin.