La política exterior española respecto a Gibraltar ha sido un canto al absurdo, a la cobardía y al entreguismo. La actual ministra de asuntos exteriores, Arancha González Laya, ha convertido a Gibraltar en la cloaca idílica del crimen, el contrabando, la evasión fiscal y la amenaza nuclear. El nuevo “estatus” del Peñón tras el “Brexit”, ideado por Reino Unido y aceptado por el gobierno socialcomunista español, impone la servidumbre de España hacia la colonia británica. La verja de Gibraltar, frontera entre España y el territorio usurpado, desaparecerá.

Desapareciendo la verja, serán más fluidas e impunes las prácticas de lavado de dinero negro procedente del narcotráfico, la domiciliación de evasores fiscales, el contrabando, o el riesgo que para la bahía de Algeciras entraña el desembarco constante de naves británicas y norteamericanas con dotación nuclear.

La rapacidad británica para despellejar la soberanía española e incumplir los acuerdos alcanzados ha sido una seña permanente de la Pérfida Albión. El Tratado de Utrecht suscrito en 1713, y en virtud del cual España entregaba Gibraltar a la corona británica, se circunscribía a una limitación establecida en el artículo 10 del acuerdo y que suponía la cesión de “la ciudadela, castillo, puerto y fortalezas” que corresponden a Gibraltar, pero sin “jurisdicción territorial alguna” por parte de los ingleses ni “comunicación terrestre con el país circunvecino”. Nada se decía sobre el espacio aéreo ni sobre las aguas jurisdiccionales que permanecerían, al igual que la jurisdicción territorial, en manos de España. 

Con el tiempo, los ingleses fueron ganando terreno al mar y construyendo sobre él. Expulsaron de las aguas jurisdiccionales españolas a nuestros pescadores. Construyeron un aeropuerto para forjar como propio el espacio aéreo. Previamente habían usurpado suelo español no cedido: en el siglo XIX y con motivo de varios episodios de fiebre amarilla, los ingleses aprovecharon la ayuda humanitaria de España que les cedió provisionalmente parte del istmo para arrebatárnoslo, trasgrediendo los límites territoriales del Tratado de Utrecht.

A día de hoy la bahía de Algeciras- llamada por los británicos “bahía de Gibraltar”- como las aguas gibraltareñas, son utilizada por la Royal navy para expulsar a las patrullas de la Guardia civil y para lanzar bloques de hormigón con los que forman arrecifes artificiales para destruir los barcos de nuestros pescadores.

Piratería delictiva y trampas criminales constantes. No faltaron, tras la humillación del Tratado de Utrecht de 1713, los intentos bélicos o políticos de España por recuperar esos 6 kilómetros cuadrados de suelo español gibraltareño, ya fuera bajo monarquías o repúblicas. Fueron todos infructuosos. Pero hubo uno que fue el más sagaz, contundente y amenazante contra la Pérfida Albión. Lo protagonizó el régimen franquista, que además de desarrollar un ambicioso programa de armamento atómico y de pergeñar en el norte de África una élite militar legionaria cada vez más poderosa, contemplaba un plan geopolítico basado en alcanzar la bomba atómica y defender un atalaya de dominio mediterráneo como era Gibraltar. Todo ello resultaba clave para mantener a ralla a nuestro enemigo vecino: Marruecos.

Para ello, la hábil diplomacia franquista llevo en los primeros años 60, al Comité de descolonización de la ONU, el contencioso de Gibraltar. El éxito no pudo ser más notorio: dos resoluciones de la Asamblea General, en 1966 y 1967, reconocían el carácter “colonial” y no autónomo de Gibraltar y obligaban a España y Reino Unido a efectuar un proceso de descolonización. Las autoridades gibraltareñas y británicas volvieron a demostrar una vez más su filibusterismo y pillería y de forma artera e ilegal convocaron un “referéndum de autodeterminación” en 1967, que sirvió de coartada para no descolonizar Gibraltar y para que Gran Bretaña lo convirtiera, definitivamente, en una provincia de ultramar dotada de un régimen autónomo local pero tutelada desde Londres.

El gobierno franquista, lejos de achantarse, respondió: cerró la verja. Era el año 1969. La economía de Gibraltar se arruinó. Las arcas británicas tuvieron que inyectar recursos económicos para que la miseria absoluta no devorase el terruño, y se vieron esquilmadas. Los trabajadores españoles damnificados por el cierre fronterizo decretado, vieron como la política franquista de transformación agrícola, regadíos y pueblos de colonización, les abrían una ventana de oportunidades.

España en la escena internacional era respetada, y sólo la postración agónica del General Franco, llevó a nuestra Nación a abandonar esa posición de fuerza cuando fue entregado el Sáhara en noviembre de 1975, mientras el Caudillo esperaba la muerte. La defensa de la integridad territorial española, de la legalidad y del supremo interés defensivo del pueblo español, fue una máxima en la política exterior de Francisco Franco mientras tuvo conciencia, vigor y capacidad de acción.

La llegada al poder del socialismo en 1982 liquidó la situación de poderío que España ejercía respecto a Gibraltar, característica del franquismo. El proceso para la integración en la Comunidad europea, culminado en 1986, condujo a la apertura de la verja en 1982, al abandono de nuestra posición de “fuerza”. De nuevo se abría la circulación terrestre, y con el tiempo las relaciones comerciales y laborales con el Peñón se normalizarían.

La comarca conocida como el “Campo de Gibraltar” posee a 10.000 ciudadanos que todos los días cruzan la verja para trabajar. Precisamente esta baza, la del chantaje con cargo a los empleos de miles de españoles en el Peñón, ha sido empleada por el PSOE y el PP para abandonar la reivindicación de Gibraltar y establecer paripés, o protestas “suavecitas”, como lo fueron la histriónica idea de la co-soberanía de España y Reino Unido patentada por Aznar y fracasada, o la monumental estupidez del “foro trilateral” compuesto por el gobierno español, británico y gibraltareño impulsado por el socialista Zapatero.

En definitiva: han sido muchos y reiterados los teatrillos de PP y PSOE, que no ahondaron en la única y verdadera reivindicación que España debería haber formalizado, que es la devolución inmediata de Gibraltar por haber sido trasgredido el Tratado de Utrecht, por existir en suelo español una colonia ilegal empleada para el delito, y por tener nuestra Nación pleno derecho de acuerdo con la Historia y el Derecho internacional a recuperar Gibraltar.

Un gobierno social patriota habría aprovechado el “Brexit” para formalizar la exigencia de recuperar Gibraltar; para legislar beneficios legales y fiscales que establecieran empresas nacionales e internacionales en el Campo de Gibraltar. Y una vez logrado el pleno empleo en la zona, y con todos nuestros conciudadanos trabajando en suelo español y sin necesidad de recurrir al Peñón, cerraríamos la verja y que los ingleses se queden con las monas gibraltareñas, que a esas sí que se las dejaríamos.

Desgraciadamente la indeseable desfachatez del gobierno actual acaba de culminar una ignominia que enaltecerá todavía más –y ya era difícil- la soberbia británica, su placer por encubrir el delito fiscal y monetario y su ambición por controlar los pasos del Estrecho y el Mediterráneo expulsando a nuestros pescadores y poniendo en riesgo ambiental y humano a la bahía de Algeciras por culpa del bunkering.