Son tres conceptos totalmente diferentes aunque complementarios dado sus significados, los mismos giran en torno a los delitos penales que pueda cometer un individuo, y que la Judicatura determina su aplicación y castigo según la –cosa- juzgada, donde la mayor o menor gravedad del –delito- cometido hace que la pena impuesta sea más –rígida o menos rígida-. Últimamente en España los delitos más comunes son los de –corrupción-, (que se ha convertido en un delito propio de los políticos), el fraude, la apropiación indebida, el cohecho, la prevaricación, la desobediencia debida a las instrucciones u órdenes que emanan de las más altas esferas del estado, el independentismo y otros de similares contenidos.

Las definiciones propias de estas accesiones gramaticales tienen sus propias contradicciones. La –inmunidad-: es el privilegio del que gozan ciertas personas motivado por los cargos que ostentan, especialmente políticos, en virtud del cual la inviolabilidad que les reviste a pesar de los delitos cometidos, tienen un tratamiento jurídico procesal, o prerrogativas procesales especiales que no son de aplicación al –resto de los ciudadanos-, a pesar de la gravedad de la infracción cometida.

Por su parte la impunidad: es simplemente una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito.

La amnistía tiene unas connotaciones totalmente ajenas a las anteriores, y su aplicación se remonta a muchos siglos antes de C, y eran practicadas especialmente por los diferentes imperios existentes, romano, griego, persa, babilonio, etc., donde los "sátrapas" o gobernadores de aquellos pueblos o provincias dependientes de los citados imperios, tenían la facultad de "amnistiar" a un "delincuente" sentenciado a muerte por los numerosos delitos cometidos o canjearlos por otros "presos", sin que hubieran delinquido.

En este caso posiblemente el que más impactó al mundo fue el llevado a cabo por el "cobarde de Poncio Pilatos", gobernador romano de Palestina, que con de fin de inhibirse de una responsabilidad que lo atormentó toda su vida, por el crimen cometido de un inocente, canjeando a Jesucristo y condenándolo a muerte, y amnistiando e indultando a Barrabas.

La amnistía y el indulto la solían conceder los emperadores y los reyes especialmente cuando con el objeto de celebrar el nacimiento de un hijo, una boda o un acontecimiento importante, perdonaban y amnistiaban a los gladiadores invictos que luchaban el circo romano, concediéndoles  cargos importantes en sus ejércitos, nombrándolos centuriones, –tribunos-, legados e incluso gobernadores, estos casos también eran propios de los griegos, persas, macedonios, egipcios, etc. Incluso en España durante la Semana Santa habían algunas imágenes que salían en procesión, que por su intercesión divina hacía que los gobernantes amnistiaran a una serie de presos condenados a muchísimos años de prisión.

En la actualidad quienes gozan de ese privilegio son los gobernantes, especialmente el Rey, y el presidente del gobierno si el Parlamento aprueba que esa amnistía sea concedida, para lo que analizan el comportamiento del reo y las eximentes que puedan concurrir, tiempo de condena cumplida, lo que hace que se le conceda una cierta libertad en su vida penitenciaria.

La justicia española sigue incurriendo en la mayoría de las sentencias que imponen en ese término maléfico de tantos años de prisión –revisable-, hay casos donde esa lógica se impone, pero cuando los delitos son de sangre o de violación como esta sucediendo actualmente, esa coletilla de –revisable- no tiene ningún sentido, ya que estos delincuentes tendrían que ser condenados a –cadena perpetua-, o a unas penas de muchos años de reclusión, aunque los políticos de extrema izquierda se rasguen las vestiduras, haciendo comentarios perniciosos y fuera de lugar.

Esa resolución desde mi punto de vista –tendenciosa- por parte de JUE, que quiere evitar que los responsables del procés catalán gocen de –inmunidad-, y puedan acceder a esos cargos de eurodiputados, choca frontalmente con las sentencias impuestas por Tribunal Supremo español, que debería rechazar de plano estas injerencias de la justicia europea, que no debió pronunciarse en esos términos, ya que desconoce la verdadera magnitud del delito cometido por estos –insurgentes-, como ha sido –rebelión según la fiscalía y sedición según los abogados defensores-, de estos delincuentes que han intentado romper la unidad de España, que son así calificados con esta terminología en Bélgica, en Estrasburgo y en Sebastopol, las leyes son de obligado cumplimiento para todos, y el que delinque tiene ser sancionado con arreglo al delito cometido. 

 “-Las leyes españolas actuales tienen sus orígenes el los –fueros-, que eran locales y municipales, cuyas formas eran semejantes a unos estatutos jurídicos aplicables en un determinada localidad, cuya finalidad en general era regular la vida local, estableciendo un conjunto de normas jurídicas, derechos y privilegios, otorgados por el Rey o por el señor de la tierras. Alfonso X “el sabio” rey de Castilla entre los años 1252 y 1284, pretendió renovar y unificar los diversos fueros que regían en sus dominios. En opinión del “rey sabio”, la cabeza del reino era representada por el Rey, -que tiene la obligación de velar por los intereses del pueblo o la nación que rige, actuando con la diligencia precisa que le corresponde como Jefe Supremo, con el fin de evitar males mayores-“.

A partir del siglo XI surgen los fueros o leyes en León, Valencia, Benavente, Teruel, Aragón, Navarra y las provinciales vascas. Todavía existen regiones españolas conocidas como “forales”, y se siguen rigiendo por aquellos fueros de antaño.

Soy de los que pienso que el Magistrado del Tribunal Supremo señor Llarena, no debe aceptar el chantaje que nos quiere imponer el Alto Tribunal Europeo, relacionado con la –inmunidad- de los que intentaron romper la unidad de España, y siga manteniendo las sentencias impuestas, así como también las euro órdenes de busca y captura de los huidos refugiados en Bélgica, Puigdemont, Comín, y de todos aquellos que delinquieron buscando la independencia de Cataluña.

 

Juan Dávila-García