Declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el pleno de la Asamblea

El Gobierno de la Comunidad de Madrid promovió en la pasada legislatura una reforma para que la Asamblea no pudiera proponer el nombramiento de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y aunque esto decayó vamos a volver a recuperar esta iniciativa.

La amenaza de independencia en la justicia no está en nuestro gobierno, está el Palacio de la Moncloa y en sus socios, que parte de ellos están aquí, que critican a cada institución que le recuerdan dónde están los límites y que son los primeros que después a los golpistas les conceden indultos demostrando que en este país hay ciudadanos de primera y de segunda ante la ley.

Un poder ejecutivo que, por cierto, está sometiendo a la Fiscalía General del Estado, que amordaza a la Abogacía General y que amenaza también ahora con controlar el poder judicial mediante cambios legislativos que por ello ha tenido que intervenir Europa.

Nosotros lo que vamos a hacer es impulsar la independencia en el nombramiento de jueces en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde aquí y también dotando a los profesionales de la Administración de Justicia de las mejores herramientas.

La pasada Legislatura la Comunidad de Madrid aprobó el Proyecto de Ley con el que proponía eliminar la potestad de la Cámara regional para proponer el nombramiento de una de cada tres plazas de juez en las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Con este Proyecto de Ley, que supone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, el Ejecutivo regional pretende ampliar y asegurar la independencia del Poder Judicial, permitiendo que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta iniciativa decayó al disolverse el Parlamento madrileño el pasado mes de marzo. El Gobierno volverá a remitir el Proyecto de Ley con la reforma propuesta, que una vez culmine su aprobación en la Asamblea, se remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados.