Todos los ministerios de este sucio desgobierno de imposición, cuyos trapos sucios no dudan en airearse con chulesca ínfula totalitarista, están bajo sospecha de millones de españoles civiles a los que se suman las Fuerzas de Seguridad del Estado. Son engranajes de un mismo motor que impulsa el pago del chantaje con que el PSOE ocupa  la presidencia. España no tendría perdón por consentir la estafa que sentó a Pedro Sánchez en el sillón presidencial bajo influencia bastarda, si no defendiera a estas alturas, conjuntamente, los derechos alienados. 

El Transporte, la Agricultura y la Ganadería etc. ... suma y sigue. Por sectores revienta la indignación en la calle con estos delincuentes tras siglas políticas que han despedazado cuarenta años de normalización y devenir democrático. 

 Cuando no era la sospecha de traición o la intolerancia en las decisiones que dañaban a los cuerpos policiales en el desempeño de sus funciones de servicio y protección, la necedad imponía que se retiraran las concertinas de las fronteras o que se rebajase el nivel de alerta en previsión de atentados terroristas. Existía un desdén sintomático contra las autoridades policiales en todos los ayuntamientos gestionados por la radicalidad izquierdista, al que se sumaba un ministro del Interior cuya arbitrario sectarismo, desoyendo el consejo de los profesionales,  incrementó los daños de la invasión migratoria e incluso pudo facilitar una nueva matanza en España como la de Barcelona. La transigencia con el criminal ha puesto en riesgo el trabajo policial y la defensa del inocente en los tribunales. 

 Lejos y olvidada queda la imagen honrosa que erigió durante su discreto trabajo en la Audiencia Nacional o como miembro del Consejo del Poder Judicial. Cualquier imprudente podía sucumbir, como tanto ministro actual en fraude de ley,  al canto de las sirenas que es este desgobierno capaz de pudrir el historial más digno de un profesional como era Grande-Marlasca. Más le hubiera valido quedarse donde estaba porque la fama de traidor a España recorre los acuartelamientos y sedes policiales y millones de ciudadanos aborrecen su gregarismo sospechoso de múltiples delitos encubiertos. 

La acotación en el tiempo de identificación, delimitar el material antidisturbio durante violentas algaradas y no tener que dar aviso previo de manifestaciones, han agotado la paciencia de todos los colectivos policiales no consultados, incluso locales y autonómicos. 

Se les veía venir antes de la actual y aberrante Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley Vasca de Abusos Policiales había sido denunciada previamente por los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado  declarando que resultaba ser una burla al Poder Judicial, contra las FSE y la ciudadanía que sufrió durante décadas la lacra del terrorismo. Consecuencias de la tibieza moral de este gobierno de arribistas que se ha vendido sin escrúpulos a la traición, traspasando todas las líneas de dignidad para prostituir las instituciones públicas. Pero ese fue el principio de muchos desmanes y los sacrificados Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado saldrán masivamente a las calles para poner coto a la bajeza de un ministro aborrecido y un sanchismo que incentiva con desdén al delincuente exponiendo a nuestros guardianes del orden, no obstante la chusma radical impone sus criterios criminales con tal de que el miserable cum fraude siga en la poltrona. El 27 de Noviembre será un día que retumbará con unísono clamor ante el canalla monclovita. 

La verdadera salida del armario del juez Marlaska fue la de la traición a los garantes de la seguridad nacional, formando parte de un gobierno de indeseables que ha dejado España a merced de sus enemigos por el intento de debilitamiento contra las Fuerzas de Seguridad. El 27 de Noviembre será el día en que nuestra Policía y Guardia Civil, local y autonómica secunden en Madrid la protesta pública a la que se adherirán después tantos sectores perjudicados, heridos de muerte por el miserable Pedro Sánchez: el mal identificado junto a sus cómplices; los culpables de que España esté al borde de un colapso de indignación como jamás hubo en democracia.