Están generándose, por numerosos procesos judiciales, algunos debates interesantes sobre la libertad de expresión y sus límites. Un buen ejemplo es el de la revista Mongolia, que ha sido condenada a abonar una indemnización de 40000 euros a Ortega Cano, más las costas procesales, por los daños provocados por un cartel publicado con una caricatura que incluía la cara del conocido personaje en el cuerpo de un marciano que reproducía algunas de sus expresiones típicas. La entidad que se encarga de la creación, difusión y gestión de las publicaciones de esa revista ha indicado que carece de medios económicos suficientes para pagar la indemnización y las costas procesales.

Hay que tener presente que la legislación aplicable establece varias reglas. La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, indica que la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima y que la indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. La misma norma también dice que no se reputará una intromisión ilegítima la utilización de la caricatura de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, aunque hay que tener en cuenta las resoluciones del Tribunal Constitución que se refieren a la incidencia de las caricaturas en el honor y en la propia imagen.

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 23/2010 señala que “que en ocasiones la manipulación satírica de una fotografía puede obedecer a intenciones que no gozan de relevancia constitucional suficiente para justificar la afectación del derecho reconocido en el art. 18.1 CE, por venir desvinculadas de los objetivos democráticos reseñados”. También establece la resolución que, frecuentemente, “como señalamos en la STC 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 5, «el propósito burlesco, animus iocandi, se utiliza precisamente como instrumento del escarnio» y, sin duda, cabe imaginar la difusión de caricaturas comercializadas por mero objetivo económico o incluso creadas con la específica intención de denigrar o difamar a las personas representadas (cfr. STEDH Aguilera Jiménez y otros c. España, de 8 de diciembre de 2009, § 32 y ss.)”, determinando, esas cicunstancias, “la ausencia de un interés público constitucionalmente defendible priva de justificación a la intromisión en el derecho a la propia imagen, de tal modo que si se usa ésta sin consentimiento de su titular puede resultar lesionado el citado derecho fundamental garantizado en el art. 18.1 CE”.

Es posible que la estimación de la pretensión indemnizatoria sea adecuada, en la medida en que se ha utilizado, de una forma indebida y con fines puramente lucrativos, la imagen de Ortega Cano. Sin embargo, la cuantía de la indemnización parece desproporcionada en la medida en que la intromisión ilegítima en el honor y en la imagen del perjudicado se produjo con una intención humorística y sin que existiera la ánimo de ofender.

 

La cuestión se refiere a la ponderación de los intereses. La misma requiere una valoración objetiva y una decisión que no perjudique excesivamente a los derechos afectados. En este caso, la libertad de expresión se ha visto excesivamente perjudicada y el buen humor ha terminado perdiendo.