Teniendo en cuenta, por un lado, que los gobiernos socialcomunistas se caracterizan indefectiblemente por anteponer sus  propios intereses a los de la ciudadanía y, por otro lado, que en este disparatado y ruinoso reino de taifas en el que se ha convertido España las competencias sanitarias están transferidas a las Comunidades Autónomas, las posibilidades de que Pedro Sánchez, nuestro particular y tenebroso Dorian Gray, hiciera recaer la dirección del Ministerio de Sanidad en una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la salud eran mínimas. 

Por desgracia las malas expectativas se cumplieron, de tal forma que Salvador Illa, un triste licenciado en Filosofía y Letras, sin bagaje profesional alguno en el campo sanitario, fue designado Ministro de Sanidad. Es decir, haciendo gala de su característica falta de principios morales, P. Sánchez puso al frente de la sanidad española a un bulto sospechoso, probablemente condicionado por el obligado tributo a pagar a los socialistas catalanes para seguir contando con su apoyo. 

Tras unos días de relativa tranquilidad, situación ésta que se correspondía con lo esperado, llegó la tormenta y nuestro melancólico ministro se despertó un buen día en medio de una pandemia, que habría de convertirse en una pesadilla para cuya gestión no estaba preparado. Así, el 30 de enero de 2020 la OMS declaró que el brote del nuevo coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan constituía una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones de los expertos de la OMS, S. Illa, siempre sumiso a las exigencias del líder supremo de la secta en que se ha convertido el PSOE, no fue capaz de poner en marcha desde el primer momento un plan para controlar la expansión de la pandemia. De esta forma, en aras de proseguir con la agenda ideológica del gobierno socialcomunista, tanto S. Illa como su lugarteniente, Fernando Simón, director del CCAES y maestro del desatino, en lugar de tomar las medidas pertinentes, trataron de minimizar la importancia de la crisis sanitaria que se avecinaba, afirmando sin rubor alguno que en España solo habría algún caso aislado de infección por coronavirus, que por su escasa contagiosidad no habría transmisión comunitaria y que las personas asintomáticas no necesitaban llevar mascarillas, ingresando así en la antología del disparate. En realidad, el verdadero objetivo del Gobierno no era otro que el de celebrar las manifestaciones feministas del 8-M, para mayor gloria de Irene Montero y su corte de feminazis. Finalmente las manifestaciones se llevaron a cabo, contribuyendo a que el virus se expandiera por todo el territorio español, entrándose así en la “primera ola de la pandemia”. Como consecuencia de ello P. Sánchez se vio obligado el 14 de marzo de 2020 a decretar el “estado de alarma”, estableciendo para hacer frente a la pandemia un mando único centralizado bajo la dirección de S. Illa. Después de tres duros meses de confinamiento domiciliario, la gestión de la pandemia por parte del ministro solo podía calificarse de lamentable. Así, España era en junio el país con el mayor número de infectados y muertos por millón de habitantes y tenía el mayor porcentaje de sanitarios afectados por la Covid-19 del mundo. 

Para su ocultar inoperancia y disfrazar su ineptitud, tanto P. Sánchez como S. Illa invocaron un informe de la Universidad Johns Hopkins, el cual situaba sorprendentemente a España en el 5º puesto del mundo en la realización de tests diagnósticos de infección por coronavirus. Sin embargo, el Consejo de Transparencia desmontó la falacia, confirmando que tal informe nunca existió. No contento con este varapalo e incapaz de asumir, dada su desmesurada egolatría, la emergencia de Isabel Díaz Ayuso como nueva estrella de la política española, P. Sánchez conminó a su obediente siervo ministerial a que retrasara el proceso de desescalada de la Comunidad de Madrid, viéndose así S. Illa obligado, para justificar el atropello, a aludir a unos secretos informes emitidos por un desconocido comité de expertos. Esta vez fue el Defensor del Pueblo quien desmontó el engaño, verificando que tal comité de expertos tampoco había existido jamás. A pesar de todo ello, el Gobierno socialcomunista, demostrando que no tiene el menor escrúpulo a la hora de engañar a la ciudadanía, puso en marcha una campaña de marketing cuyo eslogan era “Salimos más fuertes”, perversa forma de subvertir una realidad consistente en el más estrepitoso de los fracasos.

En cualquier caso, tras la pausa veraniega que tuvo a bien tomarse el virus, P. Sánchez, temeroso de un nuevo fracaso personal, diluyó su responsabilidad, estableciendo a finales de agosto una suerte de cogobernanza en la gestión de la pandemia entre el ministro de Sanidad y los presidentes de las CC.AA, si bien, al no dotar a éstas de las herramientas legales oportunas, las impedía de facto adoptar aquellas medidas que considerasen necesarias. Esta falta de un plan único de actuación en todo el territorio español, junto a la disminución de las restricciones durante el verano, crearon el caldo de cultivo necesario para que la “segunda ola de la pandemia” fuera inevitable.

Esta segunda ola se caracterizó a nivel sanitario por ser menos agresiva que la primera y a nivel político por un continuo ataque a la Comunidad de Madrid. Así, mientras P. Sánchez decretaba en octubre la entrada en vigor de un nuevo “estado de alarma” descafeinado, descargando toda la responsabilidad de su implementación en las CC.AA, S. Illa decretaba de forma unilateral el cierre perimetral de la ciudad de Madrid y de 9 municipios madrileños. Isabel Díaz Ayuso volvió a presentar batalla y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara las restricciones, dejando a S. Illa en el lugar que le corresponde, es decir, a la altura del betún. A su vez, durante esta segunda ola y de forma absolutamente negligente, S. Illa impidió que se realizaran controles sanitarios a los viajeros que llegaban al Aeropuerto de Barajas desde el extranjero, como reiteradamente le había pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta que finalmente, tras 5 meses de insistencia, el ministro de Sanidad accedió a exigir a dichos viajeros un certificado médico en el que se acreditara que eran PCR negativos, si bien, en el colmo de la irresponsabilidad, dichos controles se realizan de forma aleatoria.

Cuando los indicadores sanitarios mejoraron, dando una tregua a los cansados ciudadanos, llegó la Navidad y, con una absoluta falta de compromiso, S. Illa se quitó de en medio, dejando que las CC.AA tuvieran que lidiar sin herramientas legales no solo con la pandemia sino también con el hartazgo de una ciudadanía que estaba deseosa de celebrar las fiestas navideñas. Debido a todo ello, tras la Navidad emergió la “tercera ola de la pandemia”, la cual iba a tener consecuencias desastrosas en términos de salud. Así, con el agravante de la cepa británica extendiéndose por toda España por la falta de un control riguroso de los viajeros procedentes del Reino Unido, se volvió a incidencias acumuladas superiores a los 700 casos por 100.000 habitantes en 14 días, cuando el objetivo es de 50 casos, y unas cifras de mortalidad que durante todo el mes de enero han venido a situarse en torno a los 500 decesos diarios. De esta forma, España volvía a erigirse como uno de los países del mundo con peores indicadores de salud en relación a la Covid-19.

Fue entonces, a finales de enero de 2021, cuando en pleno pico de la tercera ola y en medio de un caos vacunal en toda Europa, S. Illa abandonó sin ningún tipo de miramientos el ministerio de Sanidad, para ser nombrado cabeza de lista del PSC a las elecciones autonómicas catalanas. De esta forma y en resumidas cuentas, este infame personaje, con su pésima gestión de la pandemia, ha dejado tras de sí a más 3 millones de infectados y más de 90.000 fallecidos por coronavirus. Este es el mortífero legado de S. Illa, lo cual no debe extrañar dada su acreditada incompetencia, como tampoco debe sorprender su ascenso en el organigrama socialista, ya que el PSOE, a diferencia de Roma, si paga la vileza, especialmente cuando ésta va acompañada de un vasallaje incondicional a los intereses partidistas.

Decía el científico y pensador francés Jean Le Rond d´Alambert que “La guerra es el arte de destruir hombres, la política es el arte de engañarlos”. Si bien, por razones éticas, no podemos apoyar dicho planteamiento, lo cierto es que lamentablemente hemos de reconocer que la política se ha convertido en un albañal donde, con honrosas excepciones, solo prosperan aquellos que, como S. Illa, presentan la ruindad como principal seña de identidad.