En febrero de 2020, un informe de Grégor Puppinck y Delphine Loiseau del Centro Europeo de Derecho y Justicia (European Centre for Law & Justice - ECJL) reveló la influencia de grandes fundaciones privadas en las instituciones europeas, en particular en la composición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Grégor Puppinck analiza en este artículo los primeros efectos positivos de la publicación de su informe, que por primera vez se han hecho evidentes en el propio Consejo de Europa y que han significado la primera derrota de un candidato de la Open Society de George Soros.

El 20 de abril de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa eligió al nuevo juez belga para el TEDH. Entre los tres candidatos propuestos por el gobierno belga estaba, como tantas otras veces, un juez que trabajaba para la Open Society de George Soros. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la Open Society, a pesar de su considerable poder financiero y político, no logró sacar adelante a su candidata. El elegido fue Frédéric Krenc, un juez menos político pero más competente, que ganó con 148 votos, mientras que la candidata de la Open Society, Maité de Rue, sólo consiguió 81, y Sylvie Saroléa obtuvo 29. Esta es una victoria para la independencia del tribunal y un éxito para el informe del ECJL.

Esta derrota de la Open Society se produjo en un momento en que los embajadores de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa acaban de adoptar un texto oficial en el que se reconoce la veracidad del informe del ECLJ sobre las ONG y los jueces del TEDH, y se anuncia su decisión de reevaluar la eficacia del actual sistema de selección y elección de jueces del tribunal a finales de 2024. Esta es también una consecuencia importante del informe. El año pasado, los embajadores que representaban a los 47 Estados miembros del Consejo de Europa recibieron tres vergonzosas preguntas escritas de los eurodiputados sobre el “problema sistémico de los conflictos de intereses entre las ONG y los jueces del Tribunal de Justicia” y para “restaurar la integridad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Gregór Puppinck, coautor del informe sobre la influencia de Soros en el TEDH.  

Los gobiernos del Consejo de Europa se alarmaron tras la publicación del informe que reveló que al menos 22 de los últimos 100 jueces del TEDH son antiguos empleados de siete ONG, y que en numerosas ocasiones se habían pronunciado sobre casos apoyados por sus propias ONG, es decir, en una situación evidente de conflicto de intereses. Entre estas ONG, destaca la Open Society de George Soros porque 12 de sus empleados se han convertido en jueces en Estrasburgo y porque financia en parte a las otras seis ONG, en muchos casos a gran escala. La presencia masiva de jueces de la misma red de ONG muestra la influencia de grandes fundaciones y de ONG privadas en el sistema europeo de protección de los derechos humanos y pone en tela de juicio su imparcialidad.

Las revelaciones de este informe son extremadamente graves; dieron la vuelta al mundo, pero fueron silenciadas por el TEDH, mientras que la Comisión Europea y algunos gobiernos se negaron a responder a su contenido e incluso llegaron hasta la negación de las pruebas. El principal apoyo al informe provino del Ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov. Era de temer que los 47 embajadores, que juntos forman el máximo órgano del Consejo de Europa del que depende el tribunal de justicia europeo, también enterrarían la cuestión, citando la incapacidad de encontrar una respuesta común. Sorprendentemente, no fue el caso y presentaron una respuesta seis meses después.

A primera vista, esta respuesta parece suave y convencional, pero cuando se lee entre líneas, como corresponde a un documento diplomático, los matices se vuelven claros. Aquí son evidentes: en ningún momento los embajadores contradicen la realidad de los hechos descubiertos en el informe del ECLJ y ni siquiera tratan de minimizarlos. Esta es una admisión esencial que la propia Comisión Europea no admitió. Por lo tanto, el Consejo de Europa admite los hechos descubiertos por el ECLJ.

La respuesta es un recordatorio de la necesidad de “seguir garantizando el más alto nivel de cualificación, independencia e imparcialidad de los jueces del tribunal”, y una declaración de las medidas adoptadas con ese fin. Los embajadores también indicaron que “reevaluarán la eficacia del sistema actual para la selección y elección de jueces del tribunal a finales de 2024 a la luz de una mayor experiencia”. Al especificar este plazo, los embajadores señalan que hay una oportunidad temprana para revisar la selección de jueces y comenzar a tomar medidas para mejorar la situación. La ECLJ supervisará de cerca esta revisión del mecanismo de selección de jueces y se asegurará de que se tomen en cuenta sus recomendaciones. En este contexto, el 8 de abril se presentaron a los embajadores dos nuevas preguntas escritas del informe del ECLJ. La primera cuestión se refiere a la imposibilidad práctica de solicitar la recusación de un juez del tribunal de justicia europeo, porque la identidad de los jueces sólo se revela una vez publicada la sentencia, lo que es contrario a las normas impuestas por el propio TEDH a los órganos jurisdiccionales nacionales. La otra cuestión escrita se refiere a la imposibilidad de solicitar un control de determinadas sentencias del tribunal de justicia.