Hacienda va a por todo lo que puede ser objeto de la imposición fiscal. Ahora va a conseguir recaudar grandes cantidades de dinero por las costas procesales, que incluyen los conceptos del artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que pueden definirse como aquellos gastos generados por el proceso que deben ser abonados por las partes, existiendo dos posibilidades alternativas:

  • - Que cada parte pague las costas procesales generadas por su actuación en el proceso.

 

  • - Que haya condena en costas y que la parte condenada tenga que abonar todas las costas procesales generadas, incluyendo las suyas y las de la parte contraria.

Las partes van a tener que declarar las costas procesales cuando ganen por la generación de una obligación tributaria a causa de una ganancia patrimonial, como han indicado los Técnicos del Ministerio de Hacienda, que han comentado el cambio de criterio de la Agencia Tributaria en lo que a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2006 se refiere. Los principales afectados son aquellas personas que están litigando contra entidades bancarias por la venta de preferentes, por la venta de acciones o por la existencia de cláusulas suelo en contratos de préstamo hipotecario.

 

Ya se han difundido quejas. Ramón Cerdá señala que tener que pagar a Hacienda por “unas cantidades que en realidad no son ni siquiera indemnizatorias, sino restitutorias, es una aberración fiscal”.

Tener que tributar por las costas condicionará la estrategia de muchos que se interesen por iniciar un proceso judicial para conseguir lo que les corresponde conforme al ordenamiento jurídico. Muchas personas pueden terminar considerando poco rentable acudir a un proceso por la obligación tributaria nacida por el vencimiento en las costas generadas.

Ya no es extraño ver la incidencia procesal de las normas tributarias. Hubo problemas con las tasas judiciales implantadas por la Ley 10/2012 y habrá muchas complicaciones con la tributación por las costas.

 

Es kafkiano que se usen las reglas fiscales para alterar la actividad jurisdiccional, que debe desarrollarse garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, no resulta excesivamente extraño teniendo presente el funcionamiento de los poderes públicos en España.