“Toda Europa llegó tarde, pero España actuó antes”, Pedro Sánchez defendía con estas palabras la gestión de su gobierno de la crisis del coronavirus en una rueda de prensa el pasado abril. Esto es una mentira, una más, que se viene abajo con la mera comparación de su gestión con la de otros países europeos, en este caso con los “chicos malos” de la Unión Europea, el grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia).

Los primeros casos de COVID-19 aparecen en España el 24 de febrero, y desde ese día no paran de aumentar diariamente. Pese a tener la referencia de lo que estaba pasando en Italia, el gobierno de Sánchez siguió adelante con los aquelarres feministas del 8 de marzo que congregaron a decenas de miles de personas en manifestaciones multitudinarias en todo el país. La manifestación de Madrid fue la más numerosa, unas 120.000 personas, y en ella participaron destacadas dirigentes del PSOE y Podemos, como Carmen Calvo e Irene Montero que posteriormente darían positivo en coronavirus. En el grupo de Visegrado, el primer país en confirmar casos es Chequia el 3 de marzo. Polonia tuvo su primer caso el 4 de marzo, Hungría el 5 y Eslovaquia el 7. El 10 de marzo había 70 casos confirmados en los cuatro países y desde el día sigueinte comienzan a cancelar los eventos masivos, las actividades culturales y a cerrar las escuelas (Polonia el 11, seguida de Eslovaquia el 12, Chequia el 16 y Hungría el 17). En España se empiezan a prohibir eventos cuarenta y ocho horas después de las algaradas feministas, el 10 de marzo, y no se decreta el cierre nacional de las escuelas hasta el 13 de marzo (aunque comunidades como Madrid ya habían tomado esa medida) cuando el número de casos asciende a 2.965. La importancia de tomar medidas a tiempo es palpable en la evolución de la pandemia. El 30 de marzo España presenta 85.195 casos frente a los 5.547 del grupo de Visegrado. Hay que destacar además que la población de los países de Visegrado asciende a 64,3 millones de habitantes, la suma de Polonia y Hungría equivale a la población de España.   

Otro factor determinante en la evolución del coronavirus fue el cierre de fronteras. VOX pidió el 28 de febrero que se prohibiese la entrada en España de ciudadanos procedentes de Italia y de China, pero se encontró con un rechazo frontal por parte del gobierno. Rodrigo Gutiérrez, director general en el Ministerio de Sanidad, calificó la petición de “un cóctel de ignorancia y xenofobia”. Dos semanas después, el 16 de marzo, el gobierno se traga sus palabras y aplica estas medidas. En el grupo de Visegrado, Eslovaquia cierra sus fronteras el 12 de marzo, Polonia el 15, Chequia el 16 y Hungría el 17. Es decir, los países de Visegrado cierran sus fronteras cuando el número total de casos es de 726, mientras que en España la cifra ya se eleva a 9.151 (el 1 de marzo solo había 73 casos). De nuevo, atender a razones sanitarias y no ideológicas salva vidas.

Esta mala gestión nos condujo, en palabras de Sánchez, a “tomar las medidas más drásticas del mundo”. Seis meses después el panorama es desolador; casi 440.000 casos, 29.011 fallecidos (reconocidos oficialmente, aunque otros datos señalan que la cifra supera los 50.000), y la economía en caída libre (nuestro PIB ha descendido un 18,5%, el doble de la caída media de la OCDE). En comparación, Polonia ha tenido 66.239 casos y 2.032 fallecidos, Hungría 5.669 casos y 614 fallecidos, Chequia 23.777 casos y 419 fallecidos, y Eslovaquia 3.728 casos y 33 fallecidos. Sus economías también se han resentido, pero la caída de su PIB es muy inferior a la española (Hungría ha tenido la mayor caída con un 13,5%, los demás países de Visegrado han tenido caídas por debajo del 8%).

Además de su mala gestión, el rasgo más característico del gobierno de Sánchez ha sido su falta de vergüenza. Pese a sus declaraciones contradictorias, mentiras, escándalos en la compra de tests y comités de expertos imaginarios, nadie, absolutamente nadie ha dimitido. En Polonia, el pasado 18 de agosto, el ministro de Salud polaco, el medico Lukasz Szumowski, anunció su dimisión por un escándalo en la compra de respiradores y mascarillas. A pesar de ser el político mejor valorado por su gestión de la pandemia y de haber negado ninguna irregularidad, el ministro no ha dudado en abandonar el cargo. Desgraciadamente, hoy día esto es impensable en España.

Se avecina una nueva ola de coronavirus y estamos en las peores manos posibles. Que Dios nos coja confesados.