Decía Winston Churchill, con su habitual ironía, que “Si pones comunistas a cargo del desierto del Sáhara, en cinco años habrá escasez de arena” y, efectivamente, la realidad no hace más que mostrarnos -tanto antaño, en la URSS y sus países satélites, como hogaño, en los países latinoamericanos donde ha triunfado el llamado socialismo del siglo XXI- que el socialcomunismo, como fatal e inevitable consecuencia de sus políticas totalitarias, solo trae consigo un considerable aumento de la pobreza. Así, debido a su creencia en la necesidad de someter los intereses individuales a un supuesto bienestar colectivo, cuyo carácter es esencialmente apócrifo, el socialcomunismo ha puesto el devenir económico del país en manos del Estado.

Si bien inicialmente, siguiendo la ortodoxia marxista, el objetivo de los próceres socialcomunistas fue la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, el consumado fracaso del “capitalismo de Estado” llevó al socialismo a la necesidad de reinventarse, abogando entonces por aceptar el libre mercado, pero siempre sometiéndolo al yugo del control estatal. Y es precisamente este intervencionismo estatal el que determina la manifiesta incompetencia económica de los gobiernos de izquierdas. Así, entre los distintas deficiencias que la planificación estatal conlleva, impidiendo la buena marcha de la economía, cabe destacar una errónea asignación de recursos, de tal forma que, con cargo a los presupuestos del Estado, se crean organismos públicos que, sin actividad definida y ajenos al control del Tribunal de Cuentas, solo sirven como agencias de contratación de personas relacionadas con el partido; a la vez, se subvencionan sectores improductivos (como ocurrió con la minería del carbón), empresas de dudosa viabilidad, pero en manos amigas (como acaba de suceder con la aerolínea Plus Ultra), chiringuitos ideológicamente afines o determinados colectivos constituidos por individuos en situación de vulnerabilidad a los que, en lugar de procurarles formación y empleo, se les condena a un estado de pobreza sostenible. Esta política presupuestaria, basada en la corrupción y el clientelismo, hace que el gasto público se dispare hasta hacerse insostenible, con lo que resulta inevitable recurrir al aumento de la deuda pública y a la subida de impuestos, determinando todo ello, como inevitable corolario, la recesión económica y el paro. En definitiva, resulta evidente, que el intervencionismo estatal no tiene como objetivo dinamizar la economía y generar prosperidad, sino que lo que realmente pretenden los mandatarios socialcomunistas con sus políticas económicas es el establecimiento de redes sociales de voto cautivo, para así mantenerse en el poder.

Como no podía ser de otra forma dada su composición, el Gobierno de Pedro Sánchez ha seguido fielmente los postulados socialcomunistas, sumiendo con ello a España en una debacle económica de imposible solución con las políticas que el psicópata monclovita está llevando a cabo. Así, pasando de la opinión a los datos, durante el año 2020 el PIB español ha retrocedido respecto al año anterior un 11%, el déficit público se ha incrementado en un 10%, llegando así al máximo histórico del 110% del PIB, la deuda pública ha aumentado en más de 170.000 millones de euros, alcanzando actualmente el 125% del PIB, la mayor cifra desde 1881, mientras que la tasa de paro se ha situado en un alarmante 16%, afectando a casi 4 millones de personas, a las que hay que añadir alrededor de 400.000 personas inmersas en un ERTE, lo que sitúa al número total de desempleados en una cifra en torno al 20% de la población activa. Podría aducirse que estos datos son fruto de la pandemia, pero el argumento es de corto recorrido cuando comprobamos que todos ellos son considerablemente peores que los que presenta el conjunto de la Unión Europea.

A su vez, como toda situación es susceptible de degenerar cuando los socialcomunistas se instalan en el poder, después de criticar desde la oposición la pobreza energética que se estaba generando debido a la connivencia del Gobierno del PP con las grandes empresas energéticas, resulta que, tras tres años de gobierno de la izquierda, el precio de la electricidad se ha disparado este verano, triplicándose su coste en tan solo 6 meses. De esta forma, la factura de la luz ha alcanzado de manera consecutiva varios récords históricos, con la consiguiente repercusión en la ya maltrecha economía de trabajadores, autónomos y pymes. Mientras tanto, el gasto en asesores de Presidencia del Gobierno ha subido un 23% respecto al último Gobierno del PP y las subvenciones a unos sindicatos curiosamente afónicos han aumentado este último año en un 56%, demostrándose con todo ello que la ineficacia, el nepotismo y el clientelismo son las inequívocas señas de identidad de ese entramado socialcomunista que, con su habitual desparpajo, Isabel Díaz Ayuso ha denominado “izquierda caviar”.

Ante tan lamentable panorama, P. Sánchez -por un lado, prisionero de su narcisista necesidad de poder, su escasa capacidad intelectual y su infinita soberbia, y, por otro lado, sometido a las desquiciadas pretensiones de sus socios comunistas y sus aliados separatistas- en lugar de modificar sus planteamientos y dar un giro copernicano a su nefasta acción de gobierno, no ha hecho otra cosa que dedicarse a manipular la realidad y desviar el foco de atención mediante campañas de acoso y derribo contra los partidos de la oposición, basadas en un discurso demagógico y populista. De hecho, el Gobierno socialcomunista no ha dudado en utilizar repetidamente las tácticas de comunicación desarrolladas por Joseph Goebbels, jefe de propaganda nazi, según el cual “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”, para, de esta forma, criminalizar al centroderecha español.

Así, hace unos días el ya tristemente célebre homosexual de Malasaña, a instancias de los sanitarios que le atendieron, procedió a interponer una denuncia ante la policía, en la que afirmaba que un grupo de 8 encapuchados le había marcado con una navaja la palabra maricón en los glúteos. En ese mismo momento la izquierda en su conjunto, con el infame Grande-Marlaska a la cabeza, vieron cómo se abría de par en par la posibilidad de utilizar el luctuoso suceso para desarrollar una de sus típicas campaña de agitación y propaganda contra la derecha. De esta forma, a pesar de no tener prueba alguna de lo realmente sucedido, socialistas, comunistas y el siempre beligerante lobby LGTBI no dudaron ni un instante en utilizar su enorme aparato mediático para difundir “urbi et orbi” el mensaje de que era Vox el responsable final del supuesto delito, ya que su discurso homófobo provocaba ese tipo de agresiones. La situación llegó hasta tal punto que el propio P. Sánchez, mostrando su talante trilero, convocó una reunión urgente de la comisión contra los delitos de odio. Sin embargo, como la mentira tiene las piernas cortas, el joven se derrumbó durante el interrogatorio policial, reconociendo que había presentado una denuncia falsa por temor a que su novio le abandonara, ya que lo que realmente había ocurrido era que había accedido a mantener relaciones sadomasoquistas por dinero. Quedaba así demostrado que Vox nada tenía que ver con lo sucedido, lo cual, por otra parte, era previsible, teniendo en cuenta que ninguno de sus líderes ha realizado hasta la fecha ningún tipo de declaración pública en contra de los homosexuales y mucho menos ha alentado la violencia homófoba, básicamente porque la orientación sexual de las personas no forma parte de sus preocupaciones.

Tras el esclarecimiento de lo acontecido, no ha habido ninguna rectificación ni petición de disculpas por parte del conglomerado socialcomunista ni del colectivo LGTBI; tan solo un ominoso silencio que vuelve a poner de manifiesto que aquello que caracteriza a la izquierda de este país es la manipulación de la realidad con la finalidad de obtener rédito electoral, ya que bien saben, por ser expertos en la materia, que una vez propagada la calumnia el daño ya está hecho.

Ese mismo silencio, pero esta vez atrozmente cómplice, es el que ha guardado la coalición socialcomunista ante el intento de los bilduetarras de homenajear al terrorista Henri Parot, un desecho humano condenado a 4.800 años de prisión por el asesinato a sangre fría de 82 personas inocentes, demostrándose así que la indecencia de este Gobierno es inconmensurable.

Decía Albert Einstein que “Hay dos cosas que son infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro”. A la luz de todo lo expuesto, si el resultado de las próximas elecciones generales implica que la coalición socialcomunista continúe en el poder se habrá demostrado empíricamente que el genial científico y pensador alemán, al menos en lo que a España se refiere, tenía toda la razón.