Desde la aparición de la prensa escrita allá por 1440, como consecuencia del invento de la imprenta por Johannes Gutenberg, hasta el día de hoy el poder de los medios de comunicación no ha hecho otra cosa que crecer, si bien ese proceso de continuo desarrollo se ha visto condicionado por el permanente intento de control informativo por parte del poder político y económico. En cualquier caso, la capacidad de influencia de los medios de comunicación en la opinión pública es de tal magnitud que ya en 1787 el político británico Edmund Burke, en un discurso pronunciado en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, señaló a la prensa como el “cuarto poder”, poniendo así de manifiesto que “la información es poder”, algo que, en la actualidad, con la eclosión de la llamada “sociedad de la información”, se ha hecho absolutamente patente.

En consonancia con este planteamiento, tradicionalmente las organizaciones políticas han intentado utilizar a los medios de comunicación en su propio beneficio, ya que ello supone una enorme rentabilidad en términos de poder. Obviamente, esta relación entre el poder político y los medios de comunicación ha terminado por adulterar la esencia misma del periodismo. Así, son muchos los medios de comunicación cuya finalidad no es retratar con rigor, honestidad e imparcialidad los hechos acaecidos, sino que lo que les resulta primordial es manipular la realidad para condicionar la percepción que la ciudadanía tiene de dicha realidad y hacerla coincidir con sus propios intereses partidistas.

Nadie mejor que los regímenes totalitarios han entendido la importancia de controlar a los medios de comunicación, para así silenciar a la disidencia y favorecer la hegemonía del propio relato en el seno de la sociedad. En este sentido, Pablo Iglesias, alumno aventajado del colectivismo totalitario, es el político que mejor ha explicado el sentir y pensar del Gobierno socialcomunista que actualmente padecemos los españoles, no dudando en proclamar que el periodismo es un arma, razón por la cual debería corresponder al Estado el monopolio de los medios de comunicación. Como a tanto, al menos de momento, no se puede llegar en esta España cada vez menos constitucional y más autocrática, Pedro Sánchez, siempre dispuesto a moverse en el truculento mundo del ventajismo político, tampoco ha dudado a la hora de intentar controlar a los medios de comunicación. Así, con la excusa de la pandemia, el Gobierno socialcomunista creó en octubre de 2020 una misteriosa “Comisión Permanente contra la Desinformación”, es decir, una suerte de Ministerio de la Verdad de clara orientación orwelliana, cuya misión consistía en monitorizar a los medios de comunicación y a las redes sociales con la liberticida finalidad de censurar toda información contraria a los intereses del Gobierno. Por si ello no fuera suficiente y en un claro intento de comprar voluntades, P. Sánchez gastará en publicidad institucional en los medios de comunicación a lo largo del año 2022 la desorbitada cantidad de 158 millones de euros, triplicando así lo invertido por dicho concepto en el año 2020, mientras que, a la vez, ha aumentado en un astronómico 2.300% el presupuesto en publicidad del Ministerio de Presidencia.

Teniendo en cuenta la inversión gubernamental destinada a reclutar a los medios de comunicación, no debe extrañar que la compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid (CAM) a la empresa para la que trabaja el hermano de Isabel Díaz Ayuso, haya copado durante semanas los telediarios, las tertulias y las portadas periodísticas de unos medios de comunicación mayoritariamente sometidos a los intereses de la coalición socialcomunista. Daba lo mismo que dicho contrato pasara correctamente todos los filtros administrativos y que la propia Fiscalía Anticorrupción encargada de investigar el caso declarara que no apreciaba ningún tipo de actuación delictiva por parte de la presidenta de la CAM, ya que el meollo de la cuestión radica en el intento por parte de la izquierda mediática de destruir la imagen pública de una mujer conmovedoramente valerosa como Isabel D. Ayuso, ante la que una izquierda política zafia y ramplona se ve atronadoramente impotente. De hecho, la manipulación informativa y el intento de linchamiento populista de la mayor estrella del firmamento político español se ha puesto de manifiesto al comprobar que la cobertura por parte de los medios de comunicación de un caso sin recorrido penal ha sido infinitamente superior a la de otros casos realmente graves desde el punto de vista ético y jurídico, todos ellos protagonizados por líderes políticos del espectro socialcomunista.

Así, ciñéndonos a la compra de material sanitario, el infausto exministro de Sanidad, Salvador Illa, utilizó empresas de intermediación ajenas al mundo de la salud, sin ningún motivo que justificara tan extravagante decisión; de esta forma, por poner un ejemplo, se contrató a Hyperin Grupo Empresarial, una empresa dedicada a la fabricación de yeso, para la compra de 144 respiradores por 3,3 millones de euros, dándose la circunstancia de que ni los respiradores llegaron a su destino ni se recuperó el dinero adelantado, todo lo cual constituye un caso evidente de gestión temeraria y desfalco de caudales públicos. A su vez, por poner otro ejemplo, el casposo exministro de Fomento, José Luis Ábalos, compró en el año 2020 mascarillas por un valor cercano a los 40 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, la cual, además de carecer de experiencia alguna en el ámbito sanitario, no había tenido ningún ingreso en el año precedente, adentrándonos así de lleno en el territorio de lo bochornosamente sospechoso.

Pero la cosa no acaba aquí, ya que, hablando ahora de sagas familiares, nos encontramos con que el padre de Pedro Sánchez vendió su empresa, Playbol S.A., a Industrias Plásticas Playbol S.L., por un millón de euros en junio de 2018, coincidiendo con la llegada al poder del psicópata monclovita; no casualmente, tras la venta y con la peregrina excusa de “paliar los efectos del coronavirus” los ministerios de Economía y de Industria conjuntamente inyectaron en dicha compañía ayudas públicas por valor de 701.741 euros, en una clara demostración de que el tráfico de influencias es para el Gobierno socialcomunista una práctica vituperable excepto cuando son ellos los beneficiarios del mismo. De hecho, la sombra de la corrupción también planea sobre la vicepresidenta 1ª y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya que la empresa BeeDigital, en la que trabaja su marido, ha recibido por parte del Gobierno socialcomunista tan solo en el año 2020 la cantidad de 960.000 euros, curiosamente una cantidad similar a las pérdidas que dicha compañía había acumulado entre 2011 y 2020; por si ello fuera poca ayuda, a día de hoy BeeDigital es una pieza clave en el “Programa Kit Digital”, dedicado a promover la digitalización de autónomos y pymes con dinero procedente de los fondos europeos que gestiona la propia N. Calviño, lo cual nos lleva nuevamente al tráfico de influencias y nos empieza a proporcionar la certeza de que este Gobierno socialcomunista y la honestidad circulan por carriles paralelos. Sin embargo, los líos de familia no acaban aquí, ya que resulta que el hermano del socialista Ximo Puig, actual presidente de la Generalidad Valenciana, está imputado por fraude y malversación de fondos públicos, como consecuencia del cobro ilegal de más de 500.000 euros en concepto de subvenciones procedentes de las arcas valencianas. Más lacerante aún resulta el caso de la alcaldesa comunista de Barcelona, la okupa Ada Colau, a la que se le imputan los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y malversación de fondos públicos, todo ello como consecuencia de la concesión discrecional y arbitraria de 3,4 millones de euros en subvenciones a entidades afines a su formación política.

Podríamos seguir refiriendo casos de corrupción por parte del entramado mafioso socialcomunista “hasta el infinito y más allá”, pero las peripecias con tintes delictivos hasta aquí narradas sirven para demostrar de manera fehaciente que el ideal gestor socialcomunista supone ineludiblemente el enriquecimiento propio y el empobrecimiento ajeno.

Decía William Wallace, en la película Braveheart, “Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis al menos un tiempo. Y cuando estéis en vuestro lecho de muerte dentro de muchos años ¿no cambiaríais todos los días desde aquí hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir a nuestros enemigos: podéis quitarnos la vida, pero jamás nos quitaréis la libertad”. Parece evidente que, subvirtiendo su misión informativa, los grandes magnates de la comunicación han tomado partido por aquellos que nos quieren arrebatar la libertad, utilizando todo su arsenal propagandístico para garantizar la supremacía social del pensamiento desquiciado y liberticida que caracteriza al socialcomunismo. No obstante, la batalla continua y todavía existen en prensa, radio y televisión oasis de libertad. La cuestión es buscarlos, encontrarlos y acompañarlos, sin temor al que dirán, en esa cruzada que a duras penas mantienen contra el colectivismo totalitario y el nacionalismo excluyente, sabiendo que contra la servidumbre intelectual resulta fundamental la existencia de unos medios de comunicación libres e independientes.