Estamos a las puertas de una nueva ley, la llamada de memoria democrática. Con independencia de que está siendo conformada por el PSOE y BILDU y de ahí mi rechazo, aun sin conocer la misma, merece la pena conocer de qué trata y no hablar de ella solo de oídas.

De sus más de cuarenta páginas proyectadas,  diez recogen una exposición de motivos que buscan justificar su existencia. Parece ser que el fin que busca dicha norma es que no haya más guerras en España, siendo el medio para conseguirlo el pedagógico. Esto estaría muy bien si no buscásemos siempre el recuerdo de una sola guerra de manera especial como fue la Guerra Civil de 1936, y  si no se buscase la pedagogía en focalizarla en una única dirección, es decir, en un único bando de esa guerra como lo es el bando vencedor.

El artículo primero de esta ley tiene por objeto la  salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Este principio general es perfecto pero no dice nada. Cuando se refiere a la historia contemporánea de España, ¿debemos entender este periodo el normalmente comprendido desde la Revolución Francesa en adelante? Pues no, porque el apartado 2 del artículo 1 nos delimita aún más el objeto al tender al reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978 (BILDU quiere extenderlo a 1983 y, con seguridad lo consiga) así como promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales, para terminar su apartado 3, repudiando y condenando el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. 

Con estos solos mimbres y antes de ponerse uno a confeccionar el canasto, vemos que lo pretendido no es una reconciliación -pues esa conciliación fue conseguida durante los años de ese franquismos que se viene estigmatizando- sino una total división entre quienes ganaron la guerra de 1936 y los que la perdieron, ya no en la persona de estos que están en su totalidad muertos, tampoco en las generaciones de sus hijos, sino en las generaciones actuales y venideras que no es que tengan olvidada esa guerra, sino que la desconocen completamente. El sarcasmo salta cuando se hace referencia a los que padecieron persecución por razones de conciencia o creencia religiosa, pues que sepamos, los únicos perseguidos por conciencia o por religión lo fueron -a partir del mismo año 1931-  por aquellos mismos que se llamaban republicanos, persecución que termina en la zona nacional a partir de julio de 1936. El artículo 3º de la considera víctimas solo a las personas que sufrieron daño durante el periodo de 1936 a la entrada en vigor de la Constitución de 1978, con lo que las víctimas que causó la República de 1931 a 1939, y posteriormente el Maquis, quedan relegadas al más absoluto olvido, dado que dicho periodo fue democrático para quien conforma la ley. 

Si seguimos el articulado, el número 15 nos dice que las víctimas tienen derecho a la verdad, pero ¿no tenemos todos los españoles derechos a la verdad? ¿Por qué unos sí y otros no? Porque en esta ley se tilda al Alzamiento del 18 de julio de 1936 de golpe de Estado, mientras que se olvida el golpe de estado que promovió con final frustrado el PSOE en 1934 y que fue el aldabonazo de partida de la guerra en 1936. Como se olvida que los integrantes de las Brigadas Internacionales fueron un saco de comunistas dirigidos desde Moscú, a los que ahora, mediante esta ley se les otorga la nacionalidad española, como vencederos de una guerra que nunca ganaron. Continúa la ley abordando la eliminación de todo vestigio del periodo de que trata (recordemos que abarca de 1936 a 1978) para suprimir honores y distinciones del bando vencedor, para pasar al Valle de los Caídos a modo de museo laico,  y ordenando reubicar  cualquier resto que ocupe un lugar preeminente, mención destinada de manera exclusiva y única a José Antonio, que pese a ser fusilado por el bando vencido, parece que tampoco tenga derecho a reconocimiento alguno, y como si a José Antonio le importase -desde los Cielos- verse delante del altar o detrás, cuando su puesto está entre los luceros.

La ley termina con una pedagogía (a la que apela su exposición de motivos) típicamente social-comunista, como es un régimen sancionador, lo que está en contradicción con toda pretendida educación y enseñanza, pasando a convertirse en una imposición del olvido de una parte de nuestro pasado y de la Historia. Considera infracción muy grave las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares. Este descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares: ¿Cómo se mide? ¿Es sancionable decir que a la primera de cambio el Consejo de Ministros republicano huyó en noviembre de 1936, dejando a Miaja solo en un Madrid que consideraban ya ocupado, constituyendo un acto de cobardía? Esto es un hecho y, como tal no puede dañar a nadie. Pues bien, la sanción ante cualquier infracción muy grave puede llegar a los 150.000 €, e infracción que -según el artículo 63- puede denunciar cualquier persona, con lo que la delación del vecino está servida. Porque, ¿Será exaltación decir que durante el franquismo se alcanzó una clase media que dio tranquilidad y prosperidad a España? ¿Será exaltación decir que al morir Franco dejó una caja tributaria con superávit, que si lo comparamos con la situación actual de quiebra, más de uno quisiera volver al pasado?

Esta ley ha pasado el filtro de lo asesoría del Congreso, creo yo más por política que por profundidad jurídica, ley totalmente innecesaria si lo que se busca es la concordia social. Pero no, esta ley busca ganar una guerra en los papeles, ley que va contra la propia Historia y contra la Verdad, cuando ambas prevalecen sobre el nombre que se las quiera dar. 

Es una ley que nace de un pacto de sangre entre el PSOE y BILDU, cuya víctima es España y en ella, los hombres honrados que habitan en ella. Esta ley revive una de las divisiones que fue causa de la guerra civil y que nace de la propia República, como es el odio por razones ideológicas. Un odio que no permite vivir al otro, y cuando llevábamos años sin tener en cuenta que uno puede ser de la condición que estime, ahora -por ley- se hace primar la ideología social-comunista sobre toda otra consideración. Podría valer una ley que instara a recordar una batalla del Jarama en la que se reconociera el valor de los hombres que lucharon en ambos bandos, aquellos que se intercambiaron en varias ocasiones la Colina de la Muerte y el Pingarrón; una ley que reuniera las heroicidades de los hombres de uno y otro bando, y que viésemos ya la guerra como un episodio de la historia como aprendizaje de lo que nos volvió a dividir en el siglo XX tras de las guerras del XIX. Como digo, los papeles ganan las guerras en periodos cortos, pero la Historia retorna a sus cauces la realidad de lo que fue. Así, mientras que la Historia seguirá llenándose de páginas sobre lo que fue la verdad de la II República y de su funesto desarrollo, así como de lo que se denomina periodo franquista -incluida la guerra civil-, de estos personajes de ahora no habrá mención, tal vez unas líneas en el mejor de los casos.

Alfonso Ussía ha anunciado que será de los primeros en ser sancionados, y me da que vamos a ser unos cuantos los que le haremos grata compañía.