Leí, u oí, hace algún tiempo que en España sólo se castigan a los "robagallinas" y que los delincuentes de verdad quedan impunes. 
 
Creo que esa pretérita sentencia refleja perfectamente el estado de la justicia en nuestro país. Los que saben de esto seguro que podrán rebatir las cuestiones que planteo en esta Carta, pero quiero aferrarme al concepto natural, e intuitivo, que todas las personas tenemos sobre la justicia.
 
Entre las diversas situaciones posibles, elegiré, por cuestiones de espacio, solo unas pocas para tratar de visibilizar que aunque no se tenga que legislar "en caliente" como dicen los políticos, ello no quiere decir que se tengan que poner una venda para no ver ni la realidad, ni la evolución (en muchos casos pienso que es una involución) de la sociedad. Porque no tener en cuenta este último planteamiento aboca a un desajuste entre la norma y las situaciones que debe cubrir. 
 
Empezaré por la lacerante realidad de los malnacidos okupas. No puedo ser condescendiente con una práctica deleznable que está ocasionando daños económicos, de restricción de derechos, e incluso morales a los infortunados que sufren estos hechos. Y digo morales porque la experiencia de quienes al recuperar sus inmuebles observan no ya los destrozos físicos sino la mancillacion de sus objetos personales, sus recuerdos y su Hogar por esta gentuza debe ser horrible. Nuestro melifluo ordenamiento jurídico fruto de la desidia de los malgobiernos PSOE-PP, unido al nauseabundo posicionamiento filookupa de los políticos socialpodemitas no tiene en cuenta ni la gravedad de los hechos, ni la impunidad con la que obran los delincuentes que cometen estas fechorías. 
 
Que el derecho a la propiedad se vea subvertido con penas económicas ridículas y la imposibilidad de los propietarios a disponer de lo que es suyo pone, bien a las claras, que estas situaciones les importan un bledo a la patulea gubernamental y a ese PP que, ante esta realidad, sólo se pronuncia en modo electoral, pero que no legislo, cuando tuvo ocasión, para tratar penalmente estos delitos. Es comprensible la nula importancia que da a estos asuntos el hipócrita de Iglesias teniendo a una compañía de la Guardia Civil custodiando su casa. Pero esa excepcionalidad privilegiada contrasta con la realidad de quienes sufren interminables tardanzas para poder recuperar sus casas, y si lo consiguen finalmente observan humillados el estado de las mismas.
 
¡Y, para colmo, mientras están okupadas los propietarios tienen que seguir pagando los recibos de luz y agua! 
 
¡A la cárcel los okupas y quienes los consienten! 
 
Hace poco un criminal inmigrante le corto la mano con un machete, a un joven compatriota que trató de auxiliar a una anciana a la que estaba asaltando esta alimaña africana. Desconozco el desarrollo penal que estará teniendo este delito, pero me surgen dos análisis: el primero es la permisividad política hacia la inmigración ilegal y su perniciosa influencia en la delincuencia de nuestro país (dada la extensión que supondría abordar esta cuestión no entraré en ella); y la segunda es el tratamiento que debe proporcionar el Derecho a estas situaciones. 
 
Esta claro que las normas penales deben de articular y promover los comportamientos cívicos y responsables, y es igualmente verdad que ello no impedirá nunca que se produzcan hechos que violenten dichas normas porque la naturaleza humana es así. 
 
La Justicia, entendida como la conjunción de tres elementos: la actividad legislativa para crear normas adecuadas; la interpretación de dichas leyes por jueces y tribunales, y la disponibilidad de los medios coercitivos del Estado para el cumplimiento de las sentencias dictadas debe preservar la integridad de las personas, de sus bienes y un comportamiento social respetuoso. Pero, ante todo, debe evitar la reproducción de unos hechos delictivos por parte de sujetos que se benefician de las laxitudes del sistema para continuar con sus fechorías. En el caso último, no vamos a aplicar la Ley del Talion porque nuestro Derecho no la contempla. Creo que lo correcto sería, en primer lugar, exigir el pago de una indemnización para el joven mutilado para atender tanto los gastos médicos inmediatos como los de rehabilitación y futuras cirugías o prótesis, así como por la lesión misma (a la hora de la verdad como esta canallesca es insolvente debe ser el Estado quien debiera hacerse cargo); en segundo lugar cumplir una pena de cárcel proporcional al delito y, en tercer lugar, una vez cumplida deportarlo a su país de origen con prohibición de pisar suelo español nunca más.  Con estas medidas se evitaría que otro infortunado joven sufriera idénticos, o mayores, daños y esa cobertura para la protección de inocentes es para mi tan importante como todos los principios que puedan regir en nuestro ordenamiento jurídico. Porque sin esa cobertura las futuras víctimas serán responsabilidad de ese sistema jurídico permisivo, ineficiente y sobre todo dañino para la sociedad que dice proteger. 
 
¿Que pensarán las víctimas recientes de los violadores múltiples que fueron puestos en libertad por la satánica inmundicia de Rajoy para camuflar la suelta de etarras? 
 
Una última cuestión: van llorando, como siempre, alcaldes o presidentes autonómicos por la detección de facturas en los cajones sin pagar y que no estaban registradas (es legendaria la familiaridad de la PSOE con esta práctica). Pero que hacen esos mismos personajillos para perseguir judicialmente a los autores de dichas acciones. En una empresa alterar la situación patrimonial de la la misma con este tipo de prácticas seguro que tendrá repercusiones fiscales y, posiblemente, legales. En las instituciones pienso yo que se podría aplicar ese mismo criterio y, en cualquier caso, haber legislado, en los 15 añazos que han tenido mayorías, para incorporar un tipo penal específico para estos delitos (si no existe ya). Pero nunca he oído, o leído, que ese tipo de acciones se hayan realizado, con victimizarse de cara al electorado ya se acontentan estas acemilas melifluas peperas.
 
Unos dan asco (PSOE principalmente) y estas plañideras emasculadas del PP agonía.
 
Por cierto, ¿Existe Justicia cuando los políticos se van de rositas por sus corrupciones, sin que respondan ni ellos, ni las organizaciones a las que pertenecen? La respuesta es NO.
 
La Justicia es un don para el ser humano, al igual que la Libertad, pero no son exclusivas de ninguna forma de gobierno. Esta podrida democracia del 78 no está ofreciendo ni la una, ni la otra. 
 
P.D.: Por si algún estadounidense lee esta Carta: Vote for TRUMP (Vote a TRUMP si es hispanohablante)