Señor Defensor del Pueblo,

Como presidente de la Asociación Hablamos español, suelo enviarles, tanto a usted como a los defensores autonómicos, quejas por incumplimientos de la cooficialidad lingüística en documentos, rotulación y publicidad institucional. También le he enviado a usted quejas por adoctrinamiento nacionalista. No obstante, hace tiempo que no le envío las quejas más graves y también más numerosas que recibimos, las que tienen que ver con la imposibilidad de estudiar plenamente en español en las comunidades autónomas donde hay lengua cooficial y las de profesionales discriminados por razón de lengua. No le hago llegar esas quejas porque en España, esa discriminación, por lo visto, es acorde a derecho y usted, al parecer, solo estaría habilitado para invertir cuando se vulnera algún precepto legal, al margen de que pueda considerar como injusta una determinada actuación de los poderes públicos amparada por una ley vigente.

 

Estos días estoy ofreciendo apoyo a una persona que se encuentra en situación de desempleo y que tras matricularse en un curso SEPI en Cataluña, acudió a Hablamos Español en busca de ayuda. Las clases se imparten en Catalán y no entiende al profesor, ni el contenido del material didáctico. A pesar de que muchos alumnos están en la misma situación, el centro se aferra a la normativa vigente. Tras diversas peticiones y escritos, finalmente lo único que le han ofrecido las instituciones catalanas es que acuda a un servicio de “normalización” lingüística.

 

Esta persona es de origen panameño y está en España intentando ganarse la vida. Ha tenido que dejar estos estudios a pesar de que esa formación en gestión administrativa le interesa y la considera útil para poder reintegrarse en el mundo laboral. Además, le han dicho que será penalizada sin poder participar en otros cursos durante seis meses por haberse dado de baja.

 

En Hablamos Español hemos atendido, asesorado y consolado a multitud de profesionales excluidos del mercado laboral por motivos lingüísticos, a personas que son ninguneadas en su derecho a recibir documentación en español, a acceder a puestos de trabajo y a ayudas públicas de todo tipo. También hemos intentado ayudar a familias que no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua común que la Constitución española establece en su artículo 3 como la única que estamos obligados a conocer. En algunos casos, las familias han debido separarse para no tener que someter a sus hijos a la inmersión obligatoria en lengua regional, tras ser trasladado uno de sus miembros por motivos laborales. Un caso como el de esta desempleada de Cataluña no es la primera vez que lo afrontamos, hemos atendido dos casos similares de Galicia, pero se suma a una infinidad de quejas de diversa índole que estamos recibiendo estas últimas semanas. Necesitamos que cese de una buena vez la discriminación por parte de los poderes públicos hacia las personas que prefieren usar y ser atendidas en español.

 

He estado buscando referencias en prensa a actuaciones suyas que pudieran ir más allá de hacer cumplir estrictamente la legislación vigente y he encontrado algunas, en concreto una reciente en la que usted defiende el derecho de niños de Ceuta a ser escolarizados a pesar de no estar censados, y cito esta por tratarse de un ámbito que afecta a la educación de los niños.

Seguiré enviándole quejas por vulneración de derechos lingüísticos y de adoctrinamiento que suponen una clara transgresión de la legalidad vigente, pero le pido mediante esta carta que me reciba para poder explicarle lo que vemos en Hablamos español cada día y que supone una clara, injustificada e insoportable vulneración del artículo 3 de la Constitución española, sin que ello suponga un beneficio para terceras personas, ni una merma en los derechos de estas.