Los fuegos de este verano no han sido todavía controlados y son más de 245.000 hectáreas lo arrasado en España,  un 40% del montante total en Europa. Debería realizarse un seguimiento para conocer qué va a suceder con esas tierras quemadas a tenor de la oportuna modificación de la Ley de Montes, hecha a propósito para la especulación criminal de carácter urbanístico que está detrás de muchos de esos incendios. Habría que recordar cada día lo sucedido para rebañar las consecuencias desastrosas y sospechosamente especulativas de la nueva Ley de Montes que se ha cobrado vidas humanas. Una Ley de Montes a propósito de la proyección criminal, a pesar de enmascararlo de interés público, que permite la intervención inmediata sobre el terreno arrasado por las llamas, en vez de los otrora treinta años que se necesitaban en aras de reforestar lo perdido. Porque, ¿no es un modo de echar gasolina a la actitud del pirómano,  a los intereses ocultos que impulsan la quema de los montes por especulaciones económicas? No es aventurado pensar que el fanatismo de la energía renovable está detrás de la acción incendiaria. 

 
Hay que memorizar la intencionalidad de esos incendios que han arrasado  bosques y montañas previamente señalizados en los planos donde se constata que,  con las modificaciones de la ley, en todas y cada una de las zonas diezmadas se puede proceder a la construcción de un parque eólico. Se deberían comprobar los perjuicios que Pedro Sánchez ha causado con oscurantistas propósitos que,  en este caso, como en tantos sectores dañados, han afectado profundamente al normal devenir de las labores propias del campo, con miles de familias arruinadas por las execrables condiciones que las abocan al exterminio sistematizado de sus economías. ¿Una oleada de incendios estivales en zonas seleccionadas para implantar parques eólicos, proyectos dirigidos en terrenos que causalmente han quedado arrasados al albur de acontecimientos aparentemente desconectados de las nuevas y fanáticas políticas energéticas impuestas por el desgobierno sanchista? No parece existir ninguna casualidad en la legislación relacionada implícitamente con los incendios, cuando se puede comprobar que esas hectáreas quemadas conformaban un proyecto previo de energía renovable.
 
A propósito de las prohibiciones que impiden limpiar los campos, los vecinos afectados ven en las leyes pretendidamente ecologistas una antesala al incendio intencionado,  si no por la mano directa del hombre-incluso con artefactos incendiarios lanzados desde el aire, como se ha denunciado-, sí por las consecuencias de prohibir la retirada del potencial combustible natural. Es previsible que en las zonas arrasadas se construyan esos parques eólicos proyectados con tiempo de antelación y que sólo a través de la modificación legal son posibles previo incendio intencionado. Una Ley perfecta para facilitar los oscuros tejemanejes que aún desconocemos, pese a que el iceberg monclovita despunta ya sin disimulo.
 
Por supuesto,  ya se han encargado desde Newtral de desmentir cualquier atisbo de sospecha, argumentando que los expertos confirman que no hay relación entre los incendios y la implantación de parques eólicos. Pero a estas alturas, ¿ quién cree al lobo feroz sanchista y a sus prostituidos muñidores? Que se lo pregunten a los damnificados: los verdaderos conocedores de lo que se cuece tras las imposiciones fingidamente ecologistas.