Tal como ha demostrado probablemente el mejor economista del mundo —y a la vez experto en derecho—, don Jesús Huerta de Soto, las democracias actuales se han construido a partir de una base jurídica fundamentada en una concepción positivista del derecho, y, por tanto, totalmente contraria al derecho natural. Esta legislación positivista —y como consecuencia inexorable de la misma— funda un estado intervencionista, esto es, socialista, que pretende regular todas las facetas de la vida en base a dichas, mal llamadas “leyes” (mandatos coactivos) positivistas; las cuales —elaboradas con una supuesta finalidad de solucionar los desajustes sociales— conducen ineludiblemente a la necesidad del uso de la violencia institucional a la hora de su aplicación, y a fin de asegurar su cumplimiento.

A lo anteriormente expuesto cabe agregar el planteamiento del también economista eminente, el austríaco Hans Herman-Hoppe, quien en su obra monumental Democracia, el dios que fracasó, señalaba que los sistemas democráticos actuales no son sino una forma de absolutismo, en que, en vez de ostentarse el poder por un monarca, el monopolio legislativo recae sobre lo que se considera como “el pueblo”, y con lo que, en realidad, se hace referencia a tan solo una parte de la nación, que muchas veces no representa ni a una mayoría relativa de la población. De suerte que, tal como ha demostrado ha mucho tiempo el  Premio Nobel de economía Friedrich Hayek, el sistema descrito en las líneas anteriores constituye un régimen en que una mayoría, en la mayoría de veces ocasiones, y sin estar sometida al derecho natural, puede imponer su voluntad al resto de ciudadanos, mediante estas leyes positivistas promulgadas por los representantes de esta mayoría, y que, tal como hemos referido en el primer párrafo, requieren de la coacción institucional para asegurarse su cumplimiento.

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La situación actual en España ilustra perfectamente lo dicho hasta ahora. A partir de la obtención de la mayoría parlamentaria por parte del PSOE en el año 2004, esta interferencia en la sociedad por parte del estado socialista se ha focalizado en la cuestión de la llamada “memoria histórica” (un término contradictorio en sí mismo, debido a que la memoria es una formulación mental a partir de la revisión de las experiencias personales, y bajo el influjo de las emociones; y, por ello, esencialmente subjetiva), a través de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre por la cual se reconocen y amplían los derechos, y se establecen medidas en favor de los que padecieron persecución durante la Guerra Civil y la Dictadura. El examen de dicha ley, conocida como “de memoria histórica”, permite advertir su absoluta falta de base jurídica,  debido al hecho de haber sido elaborada en base a unos criterios subjetivos, que se hacen notar ya en el preámbulo, en el cual se evidencia su carácter netamente político en el reflejo de la ideología de dicho partido con mayoría en las Cortes en el momento de su promulgación, y concretamente en la plasmación de su visión histórica (totalmente distorsionada, en cuanto que producto de un análisis condicionado por la ideología; y con una finalidad política). Esta visión tiene como pilares fundamentales la identificación de la dictadura del Frente Popular y del ejército comunista en la Guerra Civil con la democracia, así como la atribución de un elemento democrático a la actividad guerrillera durante el primer Franquismo, y al antifranquismo con una actividad real en la segundo período del régimen; oposición esta que se ha caracterizado, tal como han señalado en numerosas ocasiones historiadores como Stanley Payne, por unas reivindicaciones y unos objetivos totalmente opuestos a la democracia. Dicha interpretación de la historia, como ya se ha mencionado, deviene la base de esta ley, imprimiéndose esta en sus artículos principales. Veamos algunos:

Por un lado, y referente a la identificación de Frente Popular y antifranquismo con la democracia, tenemos el artículo 10, en que lo anteriormente indicado queda sintetizado en su título de Reconocimiento a favor de personas difuntas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, en que se prevé una subvención a favor de los familiares y parejas de los sujetos descritos (cabe recordar que el período en cuestión coincide con los años de mayor actividad de las bandas terroristas ETA y FRAP; los supuestos ejecutados “por motivos políticos” son en su totalidad miembros de organizaciones criminales (principalmente  de los grupos arriba citados).  

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Los artículos 15 y 16, referentes a la simbología y monumentos de la época franquista, establecen las normas sobre los procedimientos relacionados con la conservación y uso de los últimos. En el primero se dispone la obligatoriedad de la retirada de la simbología del régimen del mobiliario urbano. El artículo subsiguiente establece las normas relativas a las funciones y acceso al Valle de los Caídos, uno de los primeros puntos del cual es la prohibición de la exaltación del Bando Nacional y el Franquismo en este espacio. Es forzoso resaltar el carácter anticonstitucional del último, que reside en el hecho de atentar contra la libertad de expresión prevista en el artículo 19 de la Constitución Española. Además, este artículo podría dar pie a una confusión generalizada a la hora de su aplicación, producida por el apartado relativo a la simbología y su prohibición, y debido al hecho tratar de vedar el uso de unos símbolos que no son sino los símbolos nacionales españoles, o vinculados a la historia de España, como podría ser el águila de San Juan —que figura en el ejemplar original de la Constitución, el cual con esta ley pasaría a ser objeto de prohibición—, la cruz de Borgoña (un símbolo esencial en el ámbito militar), el yugo y las flechas, e incluso la propia bandera nacional, tanto en su versión constitucional del 1981, como las versiones sin escudo.

 

Iniciativas similares en el ámbito autonómico: el Memorial Democràtic catalán.

Una iniciativa en la línea de la anteriormente tratada, en esta ocasión proveniente del ámbito autonómico, ha sido la creación de la institución Memorial Democràtic en Cataluña, mediante la Ley 13/2007, del 31 de octubre, del Memorial Democrático.

Esta institución dependiente de la Generalidad (artículos 2 y 10), se ha creado con el objetico, según lo indicado en su preámbulo, de difundir lo que se considera como “memoria democrática”, y que en realidad no es más que la misma visión histórica distorsionadora de la ley analizada en la primera parte de este escrito, y que es la de la identificación de Frente Popular y antifranquismo con la democracia; agregándosele el precepto antihistórico de un supuesto origen de la democracia actual en la Segunda República (cuyo supuesto carácter democrático ha sido impugnado por historiadores de la talla de Fernando Paz). Resulta llamativa la forma en que se pretende otorgar un valor científico a esta visión ideologizada, que se califica en el artículo 2 de esta ley como “objetiva” y “científica”, y con lo que nuevamente se incurre en contradicción, puesto que el objeto de la ley es la “memoria” y su difusión (y por lo que carece completamente de legitimidad, y sobre lo que volveremos en  los párrafos venideros), la cual, tal como hemos apuntado al inicio del artículo, es totalmente subjetiva, radicalmente opuesta a la ciencia histórica. En el anteriormente citado artículo, además, se prevé la realización de actos de homenaje de estos supuestos partícipes de la “lucha por la democracia”.

 

Las políticas de memoria: contrarias a los principios generales del derecho y altamente dañinas.

La nocividad de las políticas de memoria y su imposición por parte del estado reside en el carácter íntegramente subjetivo de la memoria, hecho este que, además de evidenciar la invalidez de la memoria para el conocimiento de los hechos pasados, ineludiblemente conllevará consecuencias especialmente perniciosas a nivel social. En primer lugar, y relacionado con la esencia subjetiva de la memoria, hallamos el vínculo natural entre memoria y política, hecho este que implica que las distintas fuerzas políticas presenten una memoria propia distinta a la del resto, de modo que para la aplicación de las políticas de memoria deviene necesaria la iniciativa legislativa por parte de la fuerza mayoritaria que la quiere impulsar, y que dará como resultado una ley totalmente arbitraria, contraria a los principios generales del derecho, y que, además, dará lugar a importantes conflictos sociales, motivados, tanto por la propia ley como por la coacción estatal que conlleva su aplicación.

La imposición de una memoria oficial por parte de la fuerza política mayoritaria, que en realidad es compartida únicamente con sus votantes y adeptos, conduce, asimismo, al rechazo inmediato de aquellos sectores de la sociedad que tienen una visión distinta del pasado, y que, en el caso de España, constituye más de la mitad de la población. Esta crispación social producto de la aplicación de las políticas de memoria puede ser agraviada por aspectos arbitrarios de las mismas, como podría ser la retirada de símbolos y monumentos con los que se pueden sentir identificados un gran nombre de ciudadanos, y que pueden provocar malestar también entre aquellos sectores que no tengan una visión negativa del régimen, o que simplemente consideren innecesarias estas iniciativas.

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Otros aspectos como la subvención a familiares y viudas de antifranquistas pueden resultar ultrajante para las víctimas de estos opositores. Es forzoso recordar que gran parte de la oposición antifranquista estaba formada por terroristas. También conviene recordar la implicación de ciertos sectores de la fuerza antifranquista principal, el PCE, con la ETA (y a lo que ha hecho referencia Stanley Payne en su obra El régimen de Franco: 1939-1975). En este sentido, las iniciativas de difusión o conmemoración de personajes o períodos que se intentan restituir mediante leyes y coacción institucional, pueden afectar a los descendientes de las víctimas de los sujetos y organizaciones en cuestión, así como a todos aquellos que no compartan la visión de la fuerza con mayoría parlamentaria.

Por último, otro factor a ponderar es el descontento que necesariamente habrá de generar el financiamiento público de estas políticas, y que se habrá de sufragar con recursos de los sectores de la sociedad perjudicados. En el caso de España, los sectores con más peso en la economía, y, por tanto, a los que más se roba a través de impuestos, son votantes de fuerzas contrarias, o que no respaldan estas políticas.

El análisis de estos casos de aplicación de políticas de memoria, así como de sus características y consecuencias, nos permiten ver que el único medio efectivo para el conocimiento del pasado es la historia científica. La intervención estatal con objeto de imponer una visión subjetiva determinada acarrea necesariamente consecuencias negativas que pueden tardar largos períodos en solucionarse.