Si la proyección internacional de España, debido a su cada vez más escasa relevancia en el seno del bloque atlantista, resulta desalentadora, en lo que respecta al Magreb la posición adoptada por el Gobierno socialcomunista con Pedro Sánchez a la cabeza es lisa y llanamente deplorable.

Todo comenzó en mayo de 2021, cuando a instancias del Gobierno argelino P. Sánchez aceptó acoger de forma clandestina en un hospital de Logroño a Brahim Gali, líder del Frente Polisario y por ello enemigo público número uno de la monarquía alauita. En correspondencia con dicha actuación el Gobierno marroquí desencadenó una crisis migratoria sin precedentes que culminó con la entrada ilegal en Ceuta de más de 10.000 inmigrantes, muchos de ellos menores de edad (menas). Tras unos días de enorme crispación, Marruecos finalmente cedió ante las presiones de la Unión Europea, de tal forma que cesaron las avalanchas de inmigrantes ilegales a territorio español, si bien la tensión entre España y Marruecos, lejos de disminuir en intensidad, se mantenía por todo lo alto, pudiéndose palpar en el ambiente el enfrentamiento entre ambos Gobiernos.

En función de estos acontecimientos cabe inferir que en ese momento las relaciones diplomáticas de España con Argelia eran francamente buenas, mientras que con Marruecos la situación era diametralmente opuesta.

Sin embargo, apenas un año después, P. Sánchez -haciendo una vez más gala de sus vaivenes políticos sin otra justificación que el propio interés personal- ha dado un giro copernicano a las relaciones de España con el Magreb, al romper el apoyo que tradicionalmente ha brindado España al pueblo saharaui. Para comprender la enorme magnitud del cambio en relación al conflicto que enfrenta a Marruecos con el pueblo saharaui no está de más hacer un breve repaso histórico. Así, el Sáhara Occidental fue una provincia española desde 1958 hasta 1976, cuando tras la “marcha verde”, en la que se produjo la invasión del territorio saharaui por los marroquís, y el “Acuerdo Tripartito de Madrid” entre España, Marruecos y Mauritania, el Gobierno español aceptó abandonar suelo sahariano, pero sin traspasar su soberanía a ningún país. Desde ese momento el Sáhara Occidental se convirtió en motivo de permanente enfrentamiento entre Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática. Así, mientras los saharauis, comandados por el Frente Polisario, pretenden la total independencia del Sáhara Occidental, la monarquía alauita defiende la anexión de dicho territorio y su conversión en región autónoma bajo su exclusiva soberanía. Por su parte, la ONU no solo ha condenado la agresión marroquí, sino que ha propuesta como única solución al conflicto la celebración de un referéndum de autodeterminación, mediante el cual sea el propio pueblo saharaui el que decida su futuro.

Desde el inicio de la llamada “Transición española” los distintos Gobiernos de España han sostenido una posición exactamente igual a la mantenida por la ONU. Sin embargo, con la llegada al poder de P. Sánchez la política exterior española ha virado radicalmente, hasta el punto de apoyar sin ambages la propuesta marroquí. Así, haciendo caso omiso de las resoluciones de la ONU y obviando los vínculos históricos que unen a España con el pueblo saharaui, el psicópata monclovita, sin contar no ya con el Parlamento sino tampoco con su propio Consejo de Ministros, ha declarado recientemente que la opción marroquí “es la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso” que enfrenta a Marruecos con la República Saharaui. La decisión de P. Sánchez desvelada ladinamente por Mohamed VI, además de suponer una inmoralidad diplomática por el abandono a su suerte del pueblo saharaui, presenta el agravante de que el sometimiento a las exigencias marroquíes no se ve recompensado con algún tipo de contrapartida beneficiosa para España, más allá de la reapertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, el desastre que supone el cambio de rumbo sanchista en relación al Magreb no acaba con el sometimiento a Marruecos, sino que además ha traído consigo el que Argelia suspenda el “Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación” con España, liberándose así, entre otras cuestiones, del compromiso de control de la inmigración ilegal, lo cual puede provocar la llegada de una avalancha de pateras a suelo español. No obstante, el deterioro de las relaciones con Argelia no afecta solo a la cuestión migratoria, sino que también tiene una enorme repercusión económica, ya que el gas argelino representa el 41% de todo el gas que llega a territorio español, siendo por ello Argelia el principal suministrador de gas a España. De hecho, la gravedad de la situación queda patente ante la amenaza argelina de revisar al alza el precio del gas suministrado a España, mientras que garantiza el mantenimiento de los precios para el resto de Europa, lo cual adquiere especial relevancia si tenemos en cuenta el bloqueo a la importación de gas ruso como consecuencia de la invasión de Ucrania. Por si todo ello fuera poco, España pudiendo haberse convertido en cabeza de puente para el suministro de gas argelino a la Unión Europea a través del Medgaz, esto es, del gaseoducto submarino que conecta Hassi R´Mel con Almería, ha quedado relegada a un papel secundario en el mercado gasista en virtud del acuerdo alcanzado entre Argelia e Italia para garantizar el flujo de gas a los países europeos.

Ante este lamentable escenario no cabe a simple vista explicación racional alguna, pero todo enigma tiene su solución cuando se poseen todos los datos que lo acompañan y son precisamente datos lo que nos ha proporcionado el conocimiento de lo que se ha dado en llamar “Caso Pegasus” en referencia al nombre de un software de origen israelí que permite el espionaje de dispositivos móviles. Así, en base a un estudio realizado por el centro de investigación canadiense Citizen Lab, financiado por George Soros, el magnate rojo venido al mundo para esparcir la semilla del mal, el semanario The New Yorker destapó en abril de este año el espionaje que el CNI había realizado a diferentes líderes del independentismo catalán mediante dicho software. Inicialmente, demostrando una vez más su indudable predisposición a la mentira, P. Sánchez negó cualquier implicación del Gobierno en dicho asunto, si bien poco después hizo salir a la palestra a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para señalar que efectivamente el CNI, cumpliendo con su misión de velar por la integridad de la nación española y por la seguridad de los españoles, había espiado a los líderes independentistas participantes en la plataforma Tsunami Democràtic, impulsora de los altercados que incendiaron las calles catalanas como respuesta a la sentencia del juicio a los golpistas catalanes; asimismo, en su declaración M. Robles destacó en todo momento la competencia profesional, la capacidad de trabajo y la lealtad a España de la todavía directora de los servicios de inteligencia española, Paz Esteban. Sin embargo, la monstruosa maquinaria independentista olió el miedo del Gobierno socialcomunista y exigió la ofrenda de sacrificios humanos. En un intento desesperado de salir del atolladero en el que se encontraba, P. Sánchez, por un lado, obligó a la directora del CNI a declarar en el Congreso de los Diputados, mientras que, por otro lado, dio a conocer que tanto él como la ministra de Defensa también habían sido espiados coincidiendo con la crisis migratoria con Marruecos, demostrando en ambos casos una absoluta falta de responsabilidad, algo que, conociendo al sujeto en cuestión, ya no puede sorprender a nadie.

El caso es que Paz Esteban declaró ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que efectivamente el CNI había espiado con autorización judicial a 18 líderes del separatismo catalán por su vinculación con los disturbios acaecidos en Cataluña tras la condena de los golpistas catalanes, siendo por tanto su único objetivo velar por la seguridad ciudadana. A pesar de que la actuación del CNI quedó suficientemente justificada, M. Robles, mostrando que su permanente sobreactuación dialéctica tan solo intenta ocultar su plebeya naturaleza, protagonizó una de las mayores bajada de bragas que uno recuerda y, para calmar la insaciable sed de venganza del independentismo catalán, procedió a destituir a Paz Esteban, a pesar de su impecable hoja de servicios, con la indecente excusa de que el hackeo de los móviles gubernamentales demostraba la existencia de fallos en la seguridad de los sistemas de comunicación del Gobierno, obviando perversamente que en el momento del hackeo el responsable de tal tarea no era la directora del CNI, sino el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el cual además de parecer tonto resulta que efectivamente es tonto. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí, ya que, rendido cobardemente a la presión conjunta del separatismo catalán y vasco, P. Sánchez obligó a Meritxell Batet, la servil presidenta del Congreso de los Diputados, a disminuir de forma torticera la mayoría parlamentaria necesaria para acceder a la Comisión de Secretos Oficiales, lo cual ha permitido que representantes de ERC, CUP, PNV y Bildu, es decir, los enemigos declarados de España, entren en dicho organismo, poniéndose así en grave riesgo la seguridad nacional.

Si bien todo lo relatado demuestra de manera fehaciente el alto grado de inmoralidad y la absoluta falta de cualificación del Ejecutivo socialcomunista, resulta necesario hacer una última consideración que viene a evidenciar que la nación española se halla en manos de una secta dirigida por un peligroso tarado mental. Así, todas las fuentes expertas en la materia han señalado que fueron los servicios de inteligencia marroquíes los autores materiales del espionaje a P. Sánchez, dándose subsiguientemente la inaudita adhesión del Gobierno español a las tesis alauitas en relación al problema del Sáhara Occidental. Evidentemente no hace falta ser Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein o Erwin Schrödinger para establecer una relación de causa-efecto entre ambos sucesos, lo cual nos lleva a la conclusión de que P. Sánchez con tal de protegerse a sí mismo y su posición de poder es capaz de cualquier cosa, pudiendo llegar incluso al extremo de subvertir la política exterior española en relación a una región de capital importancia geoestratégica para España, como es el Magreb, lo cual ya resulta el inasumible colmo de la traición.