El PNV ha solicitado la eliminación del artículo 155 de la Constitución, como ya hizo en octubre del año pasado. La petición se ha presentado como condición para apoyar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Las razones que expone el PNV para pedir la derogación de la coerción estatal están relacionadas con la crisis del modelo territorial y con los retrasos que sufre el debate para solucionar los problemas de la organización, indicándose que el artículo 155 de la Constitución no sirve para ello. El problema es que la argumento de la inutilidad del precepto es flojo e insuficiente para justificar la eliminación, como se puede deducir de lo ocurrido en Cataluña.

Parece que en la formación vasca se han propuesto desarmar jurídicamente al Estado. Ya pidieron la supresión del artículo 155 de la Constitución y han conseguido iniciar los trámites para derogar la prisión permanente revisable, que parece estar cerca de su extinción.

El artículo 155 de la Constitución ha demostrado poder llegar a ser muy útil si se emplea correctamente. Sin embargo, si que es cierto que no se ha aprovechado todo su potencial por los apoyos tan ajustados que consiguió el PP para aplicarlo en Cataluña. Muchas de las decisiones que se han adoptado tras la autorización del Senado para ejercer la coerción estatal han sido adecuadas, pero numerosos actos podrían haberse ejecutado con más contundencia para poner fin a la trama independentista catalana.

Hay que decir que es razonable pensar que la petición del PNV para eliminar el artículo 155 de la Constitución constituye una buena noticia por diversas razones. Principalmente, puede destacarse que los mecanismos de ese precepto han generado temor y frustración entre aquellos que tienen deseos de debilitamiento del Estado y de refuerzo de las Comunidades Autónomas, entre las que hay algunas que ha comenzado a buscar el asentamiento de ideas regionalistas y diferenciadoras, que pueden resultar útiles para acabar construyendo un chiringuito propio.