Ayer se cumplieron 55 años del referendo del Proyecto de Ley para la Reforma Política que tuvo lugar en España el miércoles 15 de diciembre de 1976, para preguntar a los españoles sobre la aprobación o no de esta Ley, a fin de dar paso a la Democracia, con objeto de que el pueblo soberano tuviese el derecho de elegir legítimamente a sus representantes políticos, y para que ellos redactasen una nueva Constitución, que se elaboró y aprobó en 1978 sin elecciones constituyentes.

Comenzando así un periodo de organización social que no se debe confundir con el de República, puesto que ésta es el gobierno de la Ley, mientras que Democracia significa el gobierno de lo que hoy se llama ciudadanía.

A partir de entonces, habiéndose legalizado los Partidos Políticos y los Sindicatos, y tras la participación del pueblo soberano (personas adultas de la nación) en las primeras elecciones democráticas, ganadas por la UCD, partido creado por “la flecha rota de Falange” Adolfo Suarez, comenzó esta nueva etapa de Democracia Parlamentaria que estamos malviviendo, tanto el pueblo soberano como el intrascendente.

Después de aquella “hazaña”, el pueblo soberano ha votado 14 elecciones generales, 4 autonómicas, 8 al Parlamento europeo, 3 referéndum nacional, 4 referéndum autonómico, 10 municipales; y a eso se reduce real y exactamente su soberanía: a depositar su voto en las urnas, sin saber el mejor de los casos a quien vota y si el resultado de la mayoría saldrá de ahí, o de otra parte preparada previamente. Personalmente ví en TVE, por un instante, mientras informaban del accidente de Chernóbil, el resultado de las elecciones que iban a celebrarse el 22 de junio de 1986. ¿Casualidad? ¿Previsión? ¿Qui lo sa?

Además, ¿qué importancia tiene votar a uno u otro partido, si las leyes inicuas y contra natura que aprueba el socialismo las mantiene y “conserva” la autollamada centro-derecha? Ejemplo claro le tenemos en la ley del aborto y de la Memoria Histórica, la asignatura de educación para la ciudadanía y el canon digital, en prometer reformar el poder judicial para que los jueces fuesen elegidos por los propios jueces  y no por los partidos políticos, en el de revertir las medidas y acuerdos que pactó Zapatero con la ETA, así como la reforma del Estatuto catalán y el exceso de déficit público,  que habiéndose el PP comprometido a derogarlas  y corregirlas con mayoría absoluta (11 millones de votos y 185 diputados), Rajoy las mantuvo y todo quedo en agua de borrajas (por algo fue a Méjico).  ¿Estarán en la misma logia? (ver el apretón de manos de Rajoy y Sánchez tras la moción de censura).

Y así llevamos viviendo con arreglo a la carta magna del año 1978, en la que España se autodefinió como “una democracia, con una economía social de mercado, un Estado de Derecho y un Estado de Bienestar”, y que pasados  42 años, tanto el PSOE como el PP en sus respectivos congresos actuales no han abordado la profunda crisis sin tapujos del “Estado de Bienestar” material actual, que se refleja en los 3.416.799,99 parados en el tercer trimestre de 2021, en las 44.000 personas indigentes y sin hogar, 3,6 millones de personas protegidas por los ERTE, porque el régimen que se mantiene en España, a pesar de todo el márketing de los más media para identificarlo como democrático,  es antidemocrático en su propia naturaleza, ya que solo busca la especulación como lo estamos viendo con el recibo desorbitante de luz y las leyes tributarias asfixiando al pueblo soberano.

En lo relativo al “Estado de Derecho” en el que propugna como valores superiores y pilares de su ordenamiento jurídico: la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo político, la dignidad de la persona y el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Comentamos:

Con respecto a la “igualdad” y la “libertad” de la soberanía del pueblo, dos de los principios normativos de la democracia, que son pasados sistemáticamente por arco del triunfo, despreciando a unos y estimando a otros. Tal es caso de Teniente Coronel Antonio Tejero condenado a 30 años de reclusión (que cumplió), y los indultos de los 9 condenados del “Procés”. Alguien me dirá que ahora son otros tiempos, entonces ¿por qué no se ha indultado también ya a los condenados del caso Blanquerna? Pues, porque esos dos pilares: la libertad y la igualdad no existen en esta Democracia del “prohibido prohibir”, cuyo modelo de censura camuflada, denominada hoy “límites de la libertad de expresión” y “delito de odio”, es un tipo penal creado maquiavélicamente para garantizar que los que ejercen el odio político no puedan ser contrarrestados y así garantizar que los que sufren el odio político no puedan replicar ni siquiera con argumentos porque los argumentos están prohibidos, no admitiéndose prueba en contrario y es delito. Además, porque lo que no está directamente prohibido, está sometido a autorización previa administrativa.   

Amén de que están en aumento las prohibiciones que atentan claramente a la libertad del individuo. Y así, entre esas contravenciones existen en diferentes puntos de España,  estando prohibido la educación en el lenguaje oficial del Estado español y rotular en tu propio negocio sólo en español;  prohibido fumar en terrazas y en la vía pública bajo ciertas condiciones; la absurda e inexplicable prohibición comer bollos, chucherías, aperitivos salados y beber  refrescos en los colegios e institutos; no se puede jugar a las palas u otros juegos playeros con pelota, también está prohibido hacer hoyos, agujeros y castillos de arena las playas, ni poner la sombrilla, silla o toallas a menos de 6 metros de la orilla, tampoco puedes dormir en el coche, así como hacer autostop,  otra practica que está prohibida es jugar al dominó o a los dados en las terrazas de los bares, ni tener fregonas en el balcón o en la terraza de tu casa, está prohibido que los padres intervengan si su hija menor de edad, si ella no quiere; están prohibidas las corridas de toros; están prohibidas las expresiones del cristianismo y los crucifijos; está prohibida la objeción de conciencia de los médicos por crímenes abortistas, etc., etc., etc.

Curiosamente, ni somos iguales ni tenemos la misma libertad. Si alguien arremete contra la Iglesia católica, por ejemplo, es “libertad de expresión”, pero si tatareas el himno nacional frente el chalet de Pablo Iglesias en Galapagar es una injuria grave, que conlleva cárcel.

Y la igualdad también tiene sus discriminaciones en el ámbito cultural, ejemplo reciente, un familiar que ha sacado 9 matrículas de honor no le han concedido una beca, que ha sido otorgado a otra persona sin ninguna. Y para colmo el Ministerio de Educación ha decretado que los estudiantes de Primaria y ESO podrán pasar curso independientemente del número de asignaturas que tengan suspensas desde el próximo año. Está comprobado que nuestra Democracia quiere mediocridades para mejor manipularlas.

En cuanto al valor superior de la “justicia”, esta fielmente representado en nuestra democracia con la cacareada separación e independencia del poder legislativo, ejecutivo y judicial, que en la teoría deben se ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí.   Y está tan claro en la práctica, que a los miembros el Consejo General del Poder Judicial se los designa por el acostumbrado acuerdo oligárquico del bipartidismo democrático (paradójico ¿no?), con lo que deja de ser independiente, convirtiéndose en un órgano decorativo añadido al que se contrala, al igual que al Tribunal Constitucional. ¡Vaya enjuague! En definitiva, el sistema de elección del poder judicial se ha revelado incapaz de asegurar la independencia que está en el ánimo del Título IX de la Constitución Española.

Y no podemos de olvidarnos de la “solidaridad”, de esa hermandad y camaradería que crece, día a día, con más desigualdad. O ¿es que los instrumentos tradicionales con los que cuenta nuestro sistema de protección social no se muestran claramente superados ante la realidad creciente que deben proteger? Son ya 771.000 los hogares, y no dejan de crecer, en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de ingresos salariales (salario, pensión, desempleo, subsidios…); cerca de 2 millones de hogares tienen ingresos per cápita inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (y en ellos viven un total de 6 millones de personas, de los que casi 2 millones son niños); casi 3 millones de familias reconocen que sufren “privación material severa”; es decir, que no pueden acceder a bienes básicos (como calefacción, luz, alimentos, vivienda…). La desigualdad social crece al tiempo que se destruyen puestos de trabajo, cambiando a personas por máquinas, paradigma indiscutible está en las oficinas de los bancos, en donde ya se han despedido solamente en el Banco Bilbao a más de 3.000 de los 15.000 programados para el presente año; en Caixa Bank oscilará entre 6.000 y 8.000 trabajadores; en el Santander  a 5.000 personas; en Ibercaja está en marcha un proceso de despedir a  750 empleados; en Banco Sabadell ya ha despedido a 1.817 y antes de finalizar el año despedirán a otros 900 ; teniendo programado cesar a 100.000 en los próximos 10 años. Estos datos han sido confirmados por el último informe desgarrador del Banco de España.

Existe otro informe de la Fundación de Alternativas en el que se explica como la pobreza y desigualdad avanza en España, situándola a la par que Lituania y Letonia, por causas de unos efectos específicos y singulares que no se observan en otros países, como son el haber superado el 26% de desempleo, la renta de mercado que se viene acusando desde la mitad de los años 80 del siglo XX y que ya habían anunciado Joaquín Almudia y José María Maravall directores del programa e informe de la Fundación Argentaria; las desigualdades salariales, la concentración de riquezas en colectivos reducidos de población, trabajos precarios, la perdida de las políticas públicas, el cierre de miles de pequeños y medianos comercios autónomos, etc. 

Otro pilar básico del valor superior que conforma la esencia de la Democracia es el “pluralismo político”, que más bien podría llamase “pluralismo patológico”, porque está, más que demostrado, que la financiación pública directa a los partidos políticos existente es, ni más ni menos, que la sangría del erario público que propicia la corrupción política, y que unida a la de los sindicatos y chiringuitos son la prueba del algodón de la ruina económica que sufre España.

La “dignidad de la persona humana” es el derecho inviolable que es inherente a la libre personalidad con el respeto a la Ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social. Dignidad flagelada cuando a la hora de cumplir con lo que “puedo prometer y prometo” deja en la cuneta a la formalidad, a la honestidad y a la honra de las otras personas. Y así, permitir por la administración balear la explotación sexual de los menores tutelados por los servicios sociales, y la negativa posterior a crear una Comisión de Investigación para exigir responsabilidades causa estupor e indignación y sobre todo deja al descubierto la dignidad de la persona humana.

La obligación de respetar los “derechos fundamentales” significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige al Estado que impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. El primero y fundamento de todos los demás es el derecho a la vida, y precisamente este primer derecho fundamental, generador de cualquier otro derecho posible, no solo protege a las personas de la muerte, sino de toda forma de maltrato o violencia que haga su vida indigna.

Ahora bien, este “derecho fundamental a la vida” de todo ser humano debe defenderse desde su concepción hasta su muerte natural, por lo que es contrario al aborto, al suicidio, a la pena de muerte, al asesinato, a la eutanasia, etc.

Por consiguiente, si la vida humana es digna de respeto desde el momento de la fecundación hasta sus últimas etapas y la muerte ni debe ni puede ser un proceso asistido, puesto que cigoto, el embrión y el feto como vidas humanas, y ni ética ni moralmente puede inducirse a la muerte de ningún ser humano mientras muestre signos vitales. La posición política debe defender el derecho a la vida principalmente con respecto al nacimiento en los seres humanos sean cuales sean las circunstancias, oponiéndose también a prácticas como la eutanasia, las investigaciones con células madre embrionarias no adultas y, sobre todo, al aborto inducido.

Pues bien, a partir de 1985 en que se despenalizó el aborto en España hasta nuestros días, según el Instituto de Política Familiar, ha brillado el primer derecho fundamental con la sangre de 3.806.950 de muertes silenciosas, 33.338.788 suicidios, siendo su principal causa los problemas económicos, desahucios, desamores, psiquiátricos y conflictos familiares.

Y como guinda al respeto y dignidad de la vida humana tenemos la reciente aprobación de la eutanasia. Ya se han dado dos casos de suicidio asistido (en Alicante y Vascongadas) y hay que resaltar que la prensa, controlada con dinero público, ha propagado que en ambos casos “los propios familiares se sintieron muy arropados por las profesiones sanitarias, a los que agradecieron “la calidad humana y el trato exquisito recibido”. Vamos, que si lo lee mi ti Felisa se parte de risa.

El último pilar del ordenamiento político y democrático que tenemos los españoles   es la “libertad publica” y consiguientemente el derecho a elegir libremente nuestra residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, teneos derecho a entrar y salir libremente de España. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Justo y cabal, es el último acontecimiento importante de nuestras vidas como pueblo soberano. Tan soberano, tan independiente y tan libre, que por Real Decreto hemos permanecido confinado y con bozal incluido, 295 días, en los últimos tiempos. Y, eso sí, solamente 233 días bajo el estado de alarma, sin poder incluso ir de una autonomía a otra. ¡Que se dice pronto! Y eso por ser soberano, ¡que si no!

44 años de esta Democracia implantada en nuestra Patria, han demostrado, hasta para los más incrédulos, que el pueblo soberano no es tal, sino la marioneta engañada, manipulada y manejada por los Partidos Políticos para sus propios fines; que los valores superiores y pilares del ordenamiento jurídico de esta Democracia están con el culo al aire; y que el Estado de Bienestar está en la encrucijada de la  UCI, con un informe de crisis aguda, en el que destaca un elevado nivel de desempleo estructural y el envejecimiento de la población que no se renueva (a este paso nos quedamos sin pueblo soberano) y agrava, por tanto, las dificultades  de financiación de nuestra Democracia, cuyo pobre conjunto de bienes públicos del Estado se lo comen los “salustios” vividores Partidos Políticos, los “hambrientos” Sindicatos, cuyos dirigentes, que no han dado ni un solo palo al agua en su vida, y los “insaciables” lobbies, es decir, todos los “cofrades” del ¡Viva la chupandeira!

Por todo lo expuesto, solamente nos resta, imitando a Cantón el viejo, terminar lo expuesto con su frase: “Cartago Delenda est”, acomodándola a nuestro actual sistema, diciendo: “Delenda est Democratia”.