Como es sabido la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la constitucionalidad del llamado “derecho al aborto” en el caso Roe contra Wade ha dado lugar a que sean los Estados de la Unión los que tengan que decidir sobre la despenalización o no del aborto, al no estar amparado por la Constitución ese pretendido derecho a abortar.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, ya ha habido algunos Estados que han procedido a dar cumplimiento a la sentencia prohibiendo estas prácticas. Sin embargo cualquiera puede comprender que la realidad no se cambia a través de una norma –como creen los socialistas- porque la realidad es terca, y tarde o temprano acaba por imponerse. Y es el caso, tanto cuando se quiere legislar la inmoralidad, como cuando lo que se quiere legislar es la moralidad. Lo verdaderamente importante es que la ley siempre quede legitimada por su armonía con el Derecho Natural.

En el presente caso, la realidad que se impone se ve con claridad si uno se pone en la piel de la mujer que se encuentra en peligro de querer abortar. Es ahí y ahora donde se pone a prueba la voluntad política de los que gobiernan los Estados de la Unión que han decidido no reconocer derecho alguno a abortar. Porque lo que hay que hacer es, reconociendo las circunstancias en que se encuentran las madres en peligro de querer abortar, crear instituciones públicas a las que ellas puedan recurrir para hacer frente, no solamente al embarazo y al alumbramiento, sino sobre todo a las cargas y responsabilidades nuevas a las que van a tener que hacer frente.

Nuestros antepasados, a los que no debemos despreciar como pedía Tocqueville, tenían instituciones como las Casas-cuna y los hospicios, que se ocupaban de los niños abandonados. No había entonces quirófanos con herramientas afiladas para trocearlos en los úteros, ni tampoco eran nuestros antepasados capaces de montar negocios con los órganos de sus cuerpecitos, así que de ellos tenemos que aprender. Por tanto creo que si existe, como parece, un cierto movimiento de opinión libre, que aún no ha perdido el sentido común, la razón y un mínimo de humanidad y ambición por un mundo mejor y más justo, lo lógico no es limitarse a prohibir las prácticas abortivas sin más, sino que hay que crear una red de instituciones públicas en las que se ampare a las mujeres, se les atienda en sus embarazos, se las acompañe en los partos y se les ofrezca, al final, la posibilidad de dar al hijo en adopción. Se trata de una tarea amplia y ambiciosa, teniendo en cuenta las cifras espeluznantes de abortos que se practican cada año, pero igual que existen clínicas que hacen grandes negocios con las madres en dificultades, por no decir angustiadas y en riesgo de exclusión como ahora se dice, más derecho tenemos quienes creemos en la vigencia del Derecho Natural, para ser “inclusivos” con ellas y facilitarles la ayuda que merecen.

Inútil detallar la cantidad de tareas que esto llevará consigo, desde la asistencia sanitaria hasta el asesoramiento legal, pasando por dar un nuevo marco a la normativa sobre adopción, ya que resulta absurdo tener que viajar a otro hemisferio para adoptar a un niño, cuando se está matando a connacionales de quienes desearían recibir a ese mismo niño en adopción. Y el esfuerzo normativo en este campo debería llevar consigo incluso la modificación de las normas actuales sobre investigación de la paternidad ya que, con el necesario consentimiento de la madre biológica, la adopción propiciada por esta red de instituciones protectoras debería conllevar la prohibición absoluta de esa polémica investigación, si es que se desea verdaderamente una adopción que atienda las necesidades de la madre biológica y de los padres adoptivos.